El gobierno comenzó a poner en práctica el shock distributivo que venía anunciando desde la campaña electoral. Se trata de una serie de medidas que incluyen una suba de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población, acuerdos de precios y renegociación de las tarifas de los servicios públicos y un incremento de la recaudación tributaria con el cual se espera cubrir las nuevas erogaciones. Las consecuencias de esta ingeniería están por verse, aunque el hecho de que apunte a paliar la emergencia económica y social le impone un plazo perentorio de ejecución y de resultados.

El paquete incluye en sus bordes la vuelta de la doble indemnización para despidos sin causa y los beneficios fiscales a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno aduce que con estos mecanismos intenta ponerles un límite a la caída del empleo y a la quiebra de pymes por la presión tributaria.

Todo apunta a superar la situación de emergencia social y económica con medidas que aún no son de fondo, según le expuso el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a Tiempo (ver página 6), pero que si funcionan le darán sustentabilidad al gobierno en estas primeras semanas.

El paquete va de la mano, también, de la renegociación de la deuda pública ya que la administración de Alberto Fernández espera poder sacar en limpio de esa pulseada algunos de los fondos que quiere emplear en los distintos planes de emergencia. Además, el gobierno adelantó el lanzamiento de la Tarjeta Alimentaria, el que se realizará «en los próximos días», según anunció ayer esa cartera.

Ingresos

La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la población fue general en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Salvo casos puntuales, perdieron todos: los salarios, los haberes jubilatorios, las pensiones, la AUH, el Salario Social Complementario y el resto de los planes sociales. En el caso de los salarios privados registrados, que son los que se toman como modelo, la caída del promedio es del 18 por ciento.

El gobierno ha planteado que quiere ponerle «plata en el bolsillo» a la población, en especial a los sectores más vulnerables. El inicio de esta acción sería este mismo mes siempre y cuando se apruebe el proyecto de ley de solidaridad y recuperación productiva.

La norma incluye la facultad que le cedería el Congreso al Poder Ejecutivo para modificar los montos de las jubilaciones y la AUH, ahora determinadas por ley. Cafiero aseguró que una vez que el Poder Ejecutivo tenga esta potestad, determinará los montos de incremento.

El gobierno no ha dicho de cuánto sería el incremento previsto en las jubilaciones o en los beneficios sociales. Además, la propuesta oficial apunta sólo al mejoramiento de la jubilación mínima que, si bien es cobrada por el 60% de los jubilados, deja afuera a un grupo importante de pasivos que cobran algo por encima de la mínima sin alcanzar a cubrir la canasta jubilatoria, calculada en 37.800 pesos en las grandes ciudades de Argentina, según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

«Me parece bien cualquier peso en el bolsillo de los jubilados. Pero para que sea recomposición, debe tenerse en cuenta que los jubilados ya han perdido 25 puntos porcentuales de poder adquisitivo de un haber que ya era escas», observó Semino en diálogo con Tiempo.

El defensor agregó, además, dos advertencias: la primera, que «los bonos por única vez no sirven, se diluyen y son un paliativo que no va al fondo de la cuestión». La segunda, que «se habla sólo de las jubilaciones mínimas. Eso es peligroso porque achata la pirámide y aumenta la litigiosidad».

Al margen del proyecto de ley de solidaridad, el gobierno negocia con las cámaras empresarias la posibilidad de que otorguen un incremento de salarios. Las empresas objetan la idea de un incremento vía decreto y tampoco acuerdan con un bono voluntario, como el que planteó en dos oportunidades el macrismo y fue cobrado por la mitad de los trabajadores privados.

En el caso de la AUH, el tratamiento será el mismo que con las jubilaciones, es decir, la ley habilitaría al gobierno a realizar las modificaciones en el valor de la prestación.

También se habla de cambios en el Salario Mínimo Vítal y Móvil. Para ello no hace falta una ley, aunque su tratamiento podría derivar en un debate más amplio que quizá no esté en la agenda del gobierno. Esto porque una suba del SMVM podría acercarlo o ponerlo por encima de los salarios convencionales correspondientes a las categorías más bajas, lo que no sería del agrado de las empresas ya que podrían enfrentar reclamos para subir esos ingresos.

Precios

El gobierno inició la semana pasada, dos días después de su asunción, la negociación por los precios de los artículos de consumo masivo con los supermercados y las grandes fábricas.

Una fuente oficial cercana a la negociación aseguró a Tiempo que «la pelota quedó en el campo de los supermercados. Ellos deben venir la semana que viene (por la que arranca hoy) con una respuesta por las alzas excesivas de precios en algunos artículos, incluso en los que se les eliminó el IVA». Los supermercados también responderán esta semana por los productos que integrarán la canasta navideña.

Un representante de una de las empresas que estuvo presente en esa reunión aseguró a Tiempo la idea del gobierno es que cada supermercado mantenga con precios bajos una serie de productos relativos a la Navidad. «Fue el pedido del gobierno. Todavía no hay nada en concreto y todo está bajo evaluación, pero se avanzaría en ese sentido», expresó.

Respecto de las subas desmedidas de precios, apuntó: «El gobierno quiere entender cómo fue la dinámica de aumentos desde agosto. Nos pidió información y se la van a compartir en el próximo encuentro». Al mismo tiempo, la misma fuente confió: «El gobierno nos anunció que van a convocar a los proveedores para negociar que haya más productos de primeras marcas en el programa».

Los supermercados alegan que ellos no tienen injerencia sobre qué productos integran la lista de Precios Cuidados. Otro representante de una importante cadena de supermercados explicó a este medio: «Los supermercados no tenemos problemas con eso. Es un tema de los fabricantes y la negociación del gobierno es con ellos. Después, el gobierno nos dice con quiénes negociaron y qué precios tenemos que poner, y cómo exponerlo en góndolas. Recién ahí, nos sentamos a negociar con las marcas que acordaron con el gobierno».

El paquete de la negociación de muy corto plazo por los precios se completa con el relanzamiento de Precios Cuidados, programa que finalizará el próximo 7 de enero. «Vamos a negociar durante diciembre cómo se aplicará», aseguró la fuente oficial y mencionó cuatro aspectos vinculados con ello.

En primer lugar, el objetivo es que «la gente compre lo que quiera», para lo cual es necesario asegurar el abastecimiento. Este es el segundo punto, que las primeras marcas se integren al programa porque solamente con ellas se puede asegurar que haya abastecimiento permanente de productos. «Cuando la producción va con segundas o terceras marcas o con pymes, desaparecen de la góndola rápido y se pierde la influencia del plan», agregó la fuente.

Los otros aspectos apuntan a «refinar la lista de productos que están incluidos» con el objetivo de que sean los artículos de consumo masivo los que integren el programa. Por último, la cantidad de artículos incluidos en Precios Cuidados podrá variar respecto de los actuales.

Tarifas

De ser aprobado el proyecto de ley de solidaridad, también le dará al Poder Ejecutivo la facultad para discutir tarifas con las empresas prestadoras de los servicios públicos. Según trascendidos oficiales, el objetivo del gobierno es negociar un nuevo sendero de aumentos, alejando la pauta de incrementos del movimiento del dólar. Conviene recordar que tanto la tarifa del gas como la de la electricidad están dolarizadas.

En el gobierno no buscan un congelamiento, pero será difícil encontrar un equilibrio. En el recuerdo oficial también se encuentran las demandas en el CIADI que abrieron las mismas empresas que gestionan las empresas en la actualidad. Cómo avanzar sin abrir nuevos flancos de este tipo será uno de los dilemas que el gobierno deberá resolver y para lo cual aún no tiene respuesta. «

Apuran la tarjeta alimentaria

El Ministerio de Desarrollo Social adelantará el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, que en un principio se iba a entregar en febrero y ahora podría estar en manos de sus beneficiarios antes de fin de año. En una serie de tuits fijados en su cuenta oficial (@MDSNacion), el organismo anticipó que el sistema «comenzará a ponerse en marcha en los próximos días».

La tarjeta será entregada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los tres meses y personas con discapacidad que reciben ese beneficio. Sólo servirá para comprar alimentos y no se podrá retirar dinero en efectivo.

«No es necesario tramitarla porque su implementación será automática, cruzando bases de datos de la Anses y de AUH», señaló el organismo.Con la tarjeta se busca asegurar la asistencia alimentaria para esos sectores. El esquema reemplazará la suspensión parcial del IVA en los alimentos básicos, que regía hasta fin de año.