El domingo pasado los argentinos y las argentinas se expresaron democráticamente y la elección se desarrolló con total normalidad. Los resultados indican que la opción representada por Javier Milei obtuvo un mayor respaldo en las urnas que la de Sergio Massa.
Dentro de ese 55,69% de votos que obtuvo Milei, seguramente hubo una gran cantidad de personas que más que votar por lo que él propone, votó en rechazo de una situación existente. Sin ánimo de desmerecer a nadie, considero que seguramente existe una gran parte que lo hizo influida por el cansancio y las dificultades, aunque eso no significa necesariamente que estén de acuerdo con la filosofía que pregona el libertario.
No obstante, no hay que dejar de mencionar el desempeño que en general tuvo la fórmula de Unión por la Patria, algo difícil de pronosticar a mediados de año. El punto de partida estaba atravesado por dificultades producto de una herencia extremadamente compleja y por un contexto particularmente gravoso (pandemia, guerra y sequía) sin desconocer errores y desaciertos de gestión. A ello deben sumarse las condicionalidades del FMI y la fuerte presión (y virtualmente extorsión) que ejerció el organismo para una devaluación tras las PASO, y previa al desembolso de fondos por U$S 7300 millones.
Se abre, para un sector de la población, una situación de expectativa de mejora y habrá por un tiempo tolerancia para ver qué es lo que hará el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, y cuáles empiezan a ser los resultados. En este lapso el ganador de las elecciones tratará de aprovechar para hacer el ajuste lo más rápido posible, mientras se lo permita la ciudadanía. A sabiendas de ello, el nuevo gobierno intentará hacer un ajuste profundo y veloz, mientras en paralelo culpabiliza a los que estuvieron antes.
Las frases de Milei nos eximen de cualquier tipo de interpretaciones: “si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia”.
También afirmó que “van a haber seis meses que van a ser muy duros, porque nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer, el ajuste va a venir de todas maneras, el ajuste puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y el ajuste va a ser monstruoso porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de la pobreza, o hacer un ajuste que lo pague la política, que es lo que estamos proponiendo nosotros”. Discrepo con la idea de que el país se encaminaba a una hiperinflación, y considero que es una forma de justificar el ajuste que se pretende llevar a cabo.
En esta línea se le escuchó decir a Milei que “el ajuste no lo van a pagar los argentinos de bien, lo va a pagar la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los medios corruptos y los profesionales funcionales a eso”. Sin embargo, el gasto de la política es prácticamente irrelevante en el presupuesto total, por lo que está claro que no se dice que el costo lo van a terminar pagando los asalariados, los jubilados, los que reciben ayuda social, etcétera.
El presidente electo también comentó que “hay inflación reprimida, precios pisados artificialmente, y eso tarde o temprano pasa factura” y asignó al actual gobierno la responsabilidad de que la inflación impactará durante los primeros meses de su gobierno. Precios pisados artificialmente se refiere a los Precios Justos, a los subsidios a las tarifas, al tipo de cambio. El resultado del enfoque del líder de La Libertad Avanza será la liberación de los precios, una devaluación importante y la eliminación de subsidios a las tarifas (en especial, energía y transporte). Todo ello generará mayor inflación. En este intento de “normalización” de precios relativos, el poder de compra de la masa salarial se verá afectado. No sólo porque los salarios irán muy atrás de la inflación, sino por el desempleo que se creará con el ajuste del gasto, por ejemplo, con la paralización de la obra pública. El desempleo es también un gran disciplinador del valor del salario.
Respecto de la obra pública, Milei señaló: “nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que los intendentes busquen la forma de financiarlo”. También dijo que “si no hay nadie en el sector privado que lo quiera hacer significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico”. Quiere decir que sólo se podrán realizar obras en las regiones económicamente rentables: los lugares alejados y de menor población, serán los más afectados. Estos conceptos niegan la rentabilidad social y ponen todo en términos de rentabilidad económica.
Tomando las lecciones históricas y lo que ocurre en el resto del mundo, este modelo es generador de desempleo y mayor desigualdad, y a medida que avancen estas desigualdades, sólo puede aspirar a sostenerse con represión de la protesta y de la organización social.
Se plantea como guía el modelo agroexportador y en este marco se proyecta un horizonte de 35 años para poder llegar “al país del 1900”. Es una proposición difícil de entender. Compara dos países distintos. Según el censo de 1895, había unos 4 millones de habitantes, con el territorio actual. Era una economía principalmente primaria, con un incipiente inicio de la industria frigorífica allá por 1880, con un pequeño mercado interno, sin obreros industriales, y servicios limitados. Hoy tenemos un país con 46,2 millones de habitantes, un sector agrícola con una frontera agraria muy extendida y tecnologizada, con una industria que se ha desarrollado en todos estos años, siendo, junto con los servicios y la construcción, uno de los principales sectores generadores de trabajo. Gran desarrollo minero y energético, entre otros avances del propio país y a nivel mundial.
Volver a la situación de 1900 pareciera hacer referencia a un proyecto reprimarizador, exportador, que no tomará en cuenta la industria, que sufriría con el libre comercio de aquel entonces.
En resumen, estamos ante el comienzo de un gobierno que fue electo y gobernará por cuatro años. Es preciso tener conciencia del impacto que seguramente tendrá sobre la ciudadanía y sobre el tejido productivo. Y saber que las que llaman “reformas” terminan condicionando a las siguientes generaciones y a los gobiernos futuros.
En este marco, debemos reafirmar nuestra convicción en los valores en los que creemos, el de la solidaridad, el de la inclusión y el de la justicia social, y en todo lo que hemos logrado en estos 40 años de democracia. Pensando en un Estado nacional presente que genere una mejor redistribución del ingreso, con un enfoque federal que propenda al desarrollo de todas las regiones, con el respeto a las minorías y las disidencias, con preocupación por el destino de la “casa común”.
