Uno de los doce gremios que representan a las trabajadoras de casas particulares (el 98% son mujeres) presentó este lunes una nota en la sede del Ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni reclamando, entre otros ítems, la actualización de los haberes que rigen la actividad.
Se trata de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) que reclamó la conformación de un comité de emergencia y la convocatoria a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares con el fin de que se actualice el salario del sector cuyo ejercicio expiró en mayo de este año.
La nota exige que la actualización lleve a igualar el haber mensualizado de la categoría mínima (tareas generales) a la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza y que, a la fecha, y según el INDEC se ubica en los $45.477. Para que eso ocurra debiera producirse un incremento del 156% en la medida en que, según el último acuerdo, esa categoría se ubica en los $17.785,50.
De hecho, se encuentra por detrás de lo que marca la Canasta Básica Alimentaria que mide la línea de indigencia para una familia tipo y que, en agosto, superó los $18.790. Esa canasta expresa la suma de los valores de los alimentos básicos para garantizar las calorías nutritivas necesarias para sobrevivir.
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El ingreso de la categoría de tareas generales ha sufrido un retroceso importante toda vez que entre agosto de 2019 y el mismo mes de este año registró una suba de 27% contra una inflación del 39%. Si se tomara agosto de 2018 la caída es más pronunciada porque el inicial se incrementó un 79,7% contra una suba de precios del 113,8%. En términos de poder adquisitivo el retroceso acumulado llega al 16%. En un año, la caída del salario real fue del 8,5%. Por eso el haber pasó de representar 1,18 veces la CBA en agosto de 2018 hasta llegar a apenas a cubrir un 94% de la misma en la actualidad.
En comparación, en los últimos dos años, según los registros del INDEC, el salario privado registrado retrocedió un 8,5% y, en el último año, algo menos de un 1%.
La convocatoria para la revisión salarial es potestad de la cartera laboral. Más en particular del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dirigido por Fabián Nesis, quien ocupara el mismo cargo durante la gestión de Carlos Tomada. Desde la cartera laboral reconocieron a Tiempo que, por el momento, no existe una fecha pautada y que para eso “se están esperando que cierren más paritarias”.
En rigor, esa actualización no se produce bajo la forma de una paritaria tradicional en la que las partes negocian libremente y luego la cartera laboral homologa el acuerdo. En este caso existe la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares que, integrada por una docena de representaciones gremial y dos asociaciones patronales, se reúne cuando el Estado decide convocarla y es quien, a su vez, cuenta con el poder de decisión ya que acumula la mitad de los ocho votos que tiene organismo formalmente. Del resto, dos corresponden a las entidades patronales y dos a los gremios.
Pero el Estado, además, tiene poder de desempate en caso de no arribar a un acuerdo y por eso, en los hechos cuenta con mayoría automática. Uno de los representantes legales de la UTDA, Matías Isequilla, explicó a Tiempo que “el gobierno maneja los acuerdos y, en general, lo hace en favor de los patrones incluso por encima de sus propias aspiraciones”. Es que, recuerda el representante, “con el tema de la mayoría automática ya nos perjudicaron dos veces”. Por un lado, explicó, “el año pasado en Córdoba el sector trabajador y el patronal acordamos un adicional por antigüedad de 1% por año trabajado (con hasta 6 años de retroactividad). El ministerio pidió cuarto intermedio y nunca más lo trató”.
En segundo lugar, recordó, “en la reunión extraordinaria que se hizo en marzo de este año para los sectores patronal y trabajador acordamos un 16% de aumento y el ministerio lo rechazó y fijó 10% en dos cuotas.”. Ahora, explica, argumentan “que no convocan porque dicen que ya otorgaron el IFE”. Sin embargo, ese beneficio, en el sector llegó a apenas la mitad de quienes lo pidieron en el sector y se percibió solo tres veces en seis meses.
La situación del sector es desesperante. Estimaciones cautas indican que 400 mil trabajadoras perdieron su empleo y que podrían llegar al doble tomando en cuenta los altos niveles de trabajo no registrado (76%). Además, apenas algo más del 53% percibió salario completo durante la cuarentena mientras el 47% siguió trabajando normalmente a pesar de las restricciones sanitarias vigentes. El 27,7% asegura que tuvo que ir a trabajar en forma obligada en muchos casos a partir de una re categorización fraudulenta.
Se trata de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) que reclamó la conformación de un comité de emergencia y la convocatoria a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares con el fin de que se actualice el salario del sector cuyo ejercicio expiró en mayo de este año.
La nota exige que la actualización lleve a igualar el haber mensualizado de la categoría mínima (tareas generales) a la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza y que, a la fecha, y según el INDEC se ubica en los $45.477. Para que eso ocurra debiera producirse un incremento del 156% en la medida en que, según el último acuerdo, esa categoría se ubica en los $17.785,50.
De hecho, se encuentra por detrás de lo que marca la Canasta Básica Alimentaria que mide la línea de indigencia para una familia tipo y que, en agosto, superó los $18.790. Esa canasta expresa la suma de los valores de los alimentos básicos para garantizar las calorías nutritivas necesarias para sobrevivir.
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El ingreso de la categoría de tareas generales ha sufrido un retroceso importante toda vez que entre agosto de 2019 y el mismo mes de este año registró una suba de 27% contra una inflación del 39%. Si se tomara agosto de 2018 la caída es más pronunciada porque el inicial se incrementó un 79,7% contra una suba de precios del 113,8%. En términos de poder adquisitivo el retroceso acumulado llega al 16%. En un año, la caída del salario real fue del 8,5%. Por eso el haber pasó de representar 1,18 veces la CBA en agosto de 2018 hasta llegar a apenas a cubrir un 94% de la misma en la actualidad.
En comparación, en los últimos dos años, según los registros del INDEC, el salario privado registrado retrocedió un 8,5% y, en el último año, algo menos de un 1%.
La convocatoria para la revisión salarial es potestad de la cartera laboral. Más en particular del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dirigido por Fabián Nesis, quien ocupara el mismo cargo durante la gestión de Carlos Tomada. Desde la cartera laboral reconocieron a Tiempo que, por el momento, no existe una fecha pautada y que para eso “se están esperando que cierren más paritarias”.
En rigor, esa actualización no se produce bajo la forma de una paritaria tradicional en la que las partes negocian libremente y luego la cartera laboral homologa el acuerdo. En este caso existe la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares que, integrada por una docena de representaciones gremial y dos asociaciones patronales, se reúne cuando el Estado decide convocarla y es quien, a su vez, cuenta con el poder de decisión ya que acumula la mitad de los ocho votos que tiene organismo formalmente. Del resto, dos corresponden a las entidades patronales y dos a los gremios.
Pero el Estado, además, tiene poder de desempate en caso de no arribar a un acuerdo y por eso, en los hechos cuenta con mayoría automática. Uno de los representantes legales de la UTDA, Matías Isequilla, explicó a Tiempo que “el gobierno maneja los acuerdos y, en general, lo hace en favor de los patrones incluso por encima de sus propias aspiraciones”. Es que, recuerda el representante, “con el tema de la mayoría automática ya nos perjudicaron dos veces”. Por un lado, explicó, “el año pasado en Córdoba el sector trabajador y el patronal acordamos un adicional por antigüedad de 1% por año trabajado (con hasta 6 años de retroactividad). El ministerio pidió cuarto intermedio y nunca más lo trató”.
En segundo lugar, recordó, “en la reunión extraordinaria que se hizo en marzo de este año para los sectores patronal y trabajador acordamos un 16% de aumento y el ministerio lo rechazó y fijó 10% en dos cuotas.”. Ahora, explica, argumentan “que no convocan porque dicen que ya otorgaron el IFE”. Sin embargo, ese beneficio, en el sector llegó a apenas la mitad de quienes lo pidieron en el sector y se percibió solo tres veces en seis meses.
La situación del sector es desesperante. Estimaciones cautas indican que 400 mil trabajadoras perdieron su empleo y que podrían llegar al doble tomando en cuenta los altos niveles de trabajo no registrado (76%). Además, apenas algo más del 53% percibió salario completo durante la cuarentena mientras el 47% siguió trabajando normalmente a pesar de las restricciones sanitarias vigentes. El 27,7% asegura que tuvo que ir a trabajar en forma obligada en muchos casos a partir de una re categorización fraudulenta.
