«En el caso de Farmacity, cerca del 3%», fue la respuesta que dio el año pasado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ante una pregunta de Perfil sobre su participación accionaria en esa empresa que presidió. Hace unas semanas, dijo que vendería esas acciones, justo antes de que saliera el dictamen de la Procuradoría Nacional a favor de la empresa.

La causa, sorpresivamente retomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (luego de que la Corte de Buenos Aires fallara en contra de la empresa), se definirá en ese tribunal, pero con apenas tres de sus integrantes: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron por sus vínculos con la empresa. De hecho, la demanda inicial de la empresa lleva las firmas del propio Quintana y de Rosenkrantz, uno de los jueces de la CSJ que el presidente Mauricio Macri nombró por decreto, en 2015.

Farmacity fue fundada en 1997 por Quintana. En 2007, fue comprada por el fondo de inversión Pegasus, creado en 2000 por el propio Quintana junto con otros socios.

Esa operación se valuó en su momento en 100 millones de dólares. La empresa, que en ese entonces contaba con menos de 100 sucursales, especulaba con facturar 300 millones de dólares para 2008.

Hoy, más de una década después y con 300 sucursales en 14 provincias, Quintana firmó en su declaración jurada de cierre del año 2016 que posee acciones en Farmacity por poco más de 900 mil pesos. Cuesta imaginar que el 3% de las acciones de esa empresa estén valuadas en apenas $ 932.493,20. Eso querría decir que la valuación total de Farmacity equivaldría a 33 millones de pesos, es decir algo más de U$S 1,85 millones.
La investigadora del Conicet y especialista en sociología económica, Ana Castellani, explicó a Tiempo: «Ya por haber sido directivo y fundador de esta empresa, se genera una situación de conflicto de interés ex ante; es decir, no hay que esperar a que efectivamente suceda que Quintana intervenga a favor de Farmacity y se lo demuestre ante la Justicia, sino que están dadas la condiciones estructurales para que se termine por incumplir con los deberes de funcionario público. Ya hay un conflicto de interés potencial. El tema es conocido como ‘puerta giratoria’. Por eso, en muchos países se regulan este tipo de cuestiones; para evitar estos casos».

El ensayo Puerta giratoria (Revolving Door, Miller y William; 2009) advierte que esta práctica es negativa porque «va en contra del interés público» y es considerada un delito en Francia, Japón y Canadá, entre otros países.

«En la mayoría de los países desarrollados y en la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, organización internacional compuesta por 35 Estados, la mayoría ricos) hay recomendaciones para evitar que una persona pase de un alto cargo en el sector privado a un alto cargo en el sector público. Precisamente, porque se genera una situación potencial de conflictividad de interés muy alta. Hay países en los que se debe esperar una determinada cantidad de tiempo para hacer ese pase: un año, seis meses, dos años», continuó Castellani.

En Argentina, los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Ética Pública (25.188) regulan el conflicto de intereses sin imponer tiempos de espera. La ley sólo se limita a decir que la función pública es incompatible «siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa». Ante la falta de especificaciones y de protocolos, la palabra de Quintana es suficiente para la Justicia y la Oficina Anticorrupción: «Salud, que es la única área del gobierno que no toco, es un área donde por lógica estoy vedado, y eso lo hablamos desde el primer día con el presidente. Es así, y más allá de rumores totalmente infundados, no la toco», expresó en la citada entrevista de Perfil.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV) denunció en abril del año pasado a Quintana por haber influido en la destitución del entonces director de PAMI, Carlos Regazzoni. «Según el entorno del extitular del PAMI, en diciembre, cuando él debía renegociar con la industria farmacéutica el precio de los medicamentos para el año 2017, los vicejefes le dijeron que iban a hacerlo ellos», publicó la revista Noticias, también de editorial Perfil. Regazzoni ganó ese round y privó a Quintana de negociar el precio de los remedios. El contragolpe dejó nocaut a Regazzoni. Un hecho que podría interpretarse como «competencia funcional directa».

Tailhade detalló a Tiempo, además, que «Pegasus Colombia (Quintana posee acciones por $ 200 mil, según su declaración jurada) forma parte de una sociedad con el grupo colombiano Ospinas y con Blackstone, uno de los fondos buitre que operó contra Argentina. Quintana, hay que recordar, fue uno de los impulsores del acuerdo con los fondos buitre en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Es decir, él es socio de uno de los fondos buitre que iba a cobrar si se aprobaba la ley».

La investigadora Castellani detalló que «la ley de 1999, la original, establecía un mínimo de un año de espera para estos casos. Fue luego modificada en 2001. Con aquella Ley de Ética Pública, Quintana y un tercio del Gabinete no podrían haber asumido. La Justicia necesita determinados materiales probatorios para actuar en estos casos. Pero cualquier persona puede entender fácilmente que hay una injerencia que hace mucho ruido».