La asonada policial y los banderazos de los grupos anti cuarentena reavivaron el debate acerca del protagonismo que las organizaciones sociales y sindicales debieran tener en la movilización callejera.
La idea de ‘recuperar la calle’ estuvo presente en el debate interno de los gremios y organizaciones sociales que vieron detrás de la protesta policial un intento de desestabilización del gobierno. El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), que agrupa a sindicatos conducidos por agrupaciones vinculadas a la izquierda, sin embargo, ya había fijado la movilización que realizarán este jueves en un plenario virtual realizado el 12 de agosto.
Allí, más de 300 delegados y dirigentes de unos 30 gremios acordaron realizar una movilización para mediados de septiembre “contra el Pacto Social del gobierno, la UIA y la CGT”.
Lógicamente, a partir del recrudecimiento de los contagios de Covid-19, las organizaciones decidieron que la movilización no solo se realizara con estrictos protocolos de distanciamiento social sino que también fuera restringida a un número de participantes y que, a la vez, se realizara en autos al estilo de una caravana.
Esa modalidad ya fue adoptada por los trabajadores de Latam que luchan por sus puestos de trabajo, por los empleados de Austral que rechazaron la fusión con Aerolíneas Argentinas así como por sindicatos docentes que reclaman por salarios como la AGD-UBA, Ademys y de prensa como la FatPren y el SiPreBA.
De la convocatoria participan el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, la Unión Ferroviaria de Haedo, la Asociación Gremial Docente de la UBA, el sindicato Ceramista de Neuquén, el sindicato docente porteño Ademys y las seccionales del Suteba provincial de La Matanza y Ensenada entre otras, así como dirigentes del gremio de profesionales de la salud (CICOP) y los metrodelegados, entre otros.
En el texto de convocatoria las organizaciones critican que “en el momento de mayor crecimiento de los contagios Alberto Fernández refuerza la apertura económica exigida por las patronales, con el apoyo de la CGT y el aval de las CTA, priorizando la “rentabilidad” por sobre la vida de millones de argentinos”.
Del mismo modo señalan que “el gobierno, que ha destinado fondos públicos al pago de la deuda externa durante la cuarentena, dejó sin asistencia o con una IFE que no alcanza, a millones de trabajadores, obligandolos a salir a pelear por su subsistencia a pesar del riesgo de contagio”.
Pero además denuncian que “las peleas contra el hambre, contra los despidos, la toma desesperada de tierras o la organización obrera frente a las patronales, que privilegian sus ganancias haciendo caso omiso a los contagios, chocan con la política represiva de las fuerzas de seguridad y la defensa de los intereses patronales”. Por eso en el documento reclaman la renuncia del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni a quien lo indican como responsable de encubrir a la fuerza policial sospechada de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
Por otra parte, señalan que “los reclamos de la derecha en las calles” obligan “más que nunca a alzar la voz con una salida obrera y popular”. También cuestionan el “aporte solidario por única vez a los sectores más ricos, que es tardío y más que insuficiente; cuando debería ser un impuesto de alto monto, permanente y progresivo”.
En la declaración aseguran que “la escalada de la pandemia afecta de manera particular a los trabajadores, porque los empresarios no respetan protocolo alguno y, con el aval del gobierno, pretenden aprovechar la contingencia para implementar medidas de flexibilización laboral”.
Para el reagrupamiento de sindicatos clasistas “la ofensiva de la ‘nueva normalidad’ va por más: congelamiento de las paritarias; banco de horas; fraccionar vacaciones; eliminar las indemnizaciones por despidos y reemplazarla por un “seguro de desempleo” a cargo del estado”. El texto pronostica que “las luchas parciales que se vienen dando, anticipan una confrontación del movimiento obrero contra estos planes, que llamamos a organizar y desarrollar”.
Entre los reclamos destacan “el rechazo a cualquier tipo de flexibilidad o reforma laboral”, el de un “sistema único de salud, nacionalizando el sector privado, tanto la rama de servicios como los laboratorios y los protocolos obreros en defensa de la salud de todos los trabajadores, elaborados y supervisados por las organizaciones obreras recuperadas o por comités obreros de seguridad e higiene”. Además reclaman la “prohibición de despidos” y el “reparto de las horas de trabajo sin bajar el salario” así como la “asistencia estatal a las gestiones obreras y empresas recuperadas” y la “prohibición de importación de todo lo que se pueda producir en la Argentina” así como la “expropiación sin pago de Vicentín, para recuperar el desfalco al Estado y como parte de un plan real de soberanía alimentaria y preservación de los puestos de trabajo”.
Además se pronuncian contra el “acuerdo con los bonistas de entrega de los recursos nacionales y el pago de la deuda externa” a la vez que reclaman la “ruptura con el FMI”, y exigen un “impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, para recaudar 15 mil millones de dólares para asistir la emergencia sanitaria y económica”.
La idea de ‘recuperar la calle’ estuvo presente en el debate interno de los gremios y organizaciones sociales que vieron detrás de la protesta policial un intento de desestabilización del gobierno. El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), que agrupa a sindicatos conducidos por agrupaciones vinculadas a la izquierda, sin embargo, ya había fijado la movilización que realizarán este jueves en un plenario virtual realizado el 12 de agosto.
Allí, más de 300 delegados y dirigentes de unos 30 gremios acordaron realizar una movilización para mediados de septiembre “contra el Pacto Social del gobierno, la UIA y la CGT”.
Lógicamente, a partir del recrudecimiento de los contagios de Covid-19, las organizaciones decidieron que la movilización no solo se realizara con estrictos protocolos de distanciamiento social sino que también fuera restringida a un número de participantes y que, a la vez, se realizara en autos al estilo de una caravana.
Esa modalidad ya fue adoptada por los trabajadores de Latam que luchan por sus puestos de trabajo, por los empleados de Austral que rechazaron la fusión con Aerolíneas Argentinas así como por sindicatos docentes que reclaman por salarios como la AGD-UBA, Ademys y de prensa como la FatPren y el SiPreBA.
De la convocatoria participan el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, la Unión Ferroviaria de Haedo, la Asociación Gremial Docente de la UBA, el sindicato Ceramista de Neuquén, el sindicato docente porteño Ademys y las seccionales del Suteba provincial de La Matanza y Ensenada entre otras, así como dirigentes del gremio de profesionales de la salud (CICOP) y los metrodelegados, entre otros.
En el texto de convocatoria las organizaciones critican que “en el momento de mayor crecimiento de los contagios Alberto Fernández refuerza la apertura económica exigida por las patronales, con el apoyo de la CGT y el aval de las CTA, priorizando la “rentabilidad” por sobre la vida de millones de argentinos”.
Del mismo modo señalan que “el gobierno, que ha destinado fondos públicos al pago de la deuda externa durante la cuarentena, dejó sin asistencia o con una IFE que no alcanza, a millones de trabajadores, obligandolos a salir a pelear por su subsistencia a pesar del riesgo de contagio”.
Pero además denuncian que “las peleas contra el hambre, contra los despidos, la toma desesperada de tierras o la organización obrera frente a las patronales, que privilegian sus ganancias haciendo caso omiso a los contagios, chocan con la política represiva de las fuerzas de seguridad y la defensa de los intereses patronales”. Por eso en el documento reclaman la renuncia del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni a quien lo indican como responsable de encubrir a la fuerza policial sospechada de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
Por otra parte, señalan que “los reclamos de la derecha en las calles” obligan “más que nunca a alzar la voz con una salida obrera y popular”. También cuestionan el “aporte solidario por única vez a los sectores más ricos, que es tardío y más que insuficiente; cuando debería ser un impuesto de alto monto, permanente y progresivo”.
En la declaración aseguran que “la escalada de la pandemia afecta de manera particular a los trabajadores, porque los empresarios no respetan protocolo alguno y, con el aval del gobierno, pretenden aprovechar la contingencia para implementar medidas de flexibilización laboral”.
Para el reagrupamiento de sindicatos clasistas “la ofensiva de la ‘nueva normalidad’ va por más: congelamiento de las paritarias; banco de horas; fraccionar vacaciones; eliminar las indemnizaciones por despidos y reemplazarla por un “seguro de desempleo” a cargo del estado”. El texto pronostica que “las luchas parciales que se vienen dando, anticipan una confrontación del movimiento obrero contra estos planes, que llamamos a organizar y desarrollar”.
Entre los reclamos destacan “el rechazo a cualquier tipo de flexibilidad o reforma laboral”, el de un “sistema único de salud, nacionalizando el sector privado, tanto la rama de servicios como los laboratorios y los protocolos obreros en defensa de la salud de todos los trabajadores, elaborados y supervisados por las organizaciones obreras recuperadas o por comités obreros de seguridad e higiene”. Además reclaman la “prohibición de despidos” y el “reparto de las horas de trabajo sin bajar el salario” así como la “asistencia estatal a las gestiones obreras y empresas recuperadas” y la “prohibición de importación de todo lo que se pueda producir en la Argentina” así como la “expropiación sin pago de Vicentín, para recuperar el desfalco al Estado y como parte de un plan real de soberanía alimentaria y preservación de los puestos de trabajo”.
Además se pronuncian contra el “acuerdo con los bonistas de entrega de los recursos nacionales y el pago de la deuda externa” a la vez que reclaman la “ruptura con el FMI”, y exigen un “impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, para recaudar 15 mil millones de dólares para asistir la emergencia sanitaria y económica”.
