El proyecto para la expropiación de la empresa cerealeraVicentín le permitió al lobby empresarial retomar la iniciativa tras algunos días de bajo perfil.

La decisión del gobierno de plantear la iniciativa no solo en la víspera del pico de coronavirus sino en medio de la negociación de la deuda, sorprendió a propios y extraños y el llamado Círculo Rojo, muy versado en el arte de aprovechar situaciones, logró instalar el fantasma de la amenaza a la propiedad privada y la sensación de que el gobierno padece contradicciones propias que no sólo lo afectan sino que lo sumergen en la incógnita.

La mayoría de las federaciones gremiales privadas reprodujo esas acusaciones en contra de la iniciativa oficial con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) a la cabeza. Incluso lo hicieron las entidades que más dialogan con el presidente Alberto Fernández, que tuvieron problemas para canalizar la presión de sus bases en mensajes institucionales que evitaran la confrontación.

Los pocos pronunciamientos favorables fueron de dirigentes de diversos sectores a título personal o de entidades con baja representatividad, salvo en el caso de Federación Agraria y Coninagro (ver aparte).

Tras el desconcierto que generó la propuesta surgió la pregunta sobre el origen. El gobierno planteó desde un principio tres ejes: la intervención en el mercado de granos; la intervención en el mercado cambiario y el avance hacia lo que se conoce como «soberanía alimentaria». Para Miguel Ponce, economista del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, el proyecto tiene potencial inmediato tras la pospandemia pero delata cortocircuitos internos: «Es un error hablar de soberanía alimentaria en un país con 45 millones de habitantes y con capacidad para producir alimentos para 460 millones», señaló.

Río revuelto

La hipótesis de que la idea de la expropiación surgió del ala kirchnerista del gobierno fue la materia prima con la que se construyó el contrataque del lobby empresarial. Los mensajes se pueden resumir en la denuncia de un presunto avance del Poder Ejecutivo sobre la propiedad privada y sobre la justicia comercial que afecta la confianza de los inversores y complica la posibilidad de la recuperación económica.

En forma paralela apelaron a los poderes Legislativo, que deberá tratar el proyecto oficial de expropiación cuando se presente, y Judicial, con el argumento de que la empresa estaba en concurso de acreedores.

También fue recurrente la crítica directa al presidente que venía de negar en la semana previa ante grandes empresarios el interés de su gobierno en participar de la propiedad de las firmas que ayudó por la pandemia.

El martes, la UIApublicó su comunicado sectorial en el que abogó por «la necesidad de garantizar el efectivo respeto del principio de legalidad». El texto, un párrafo dentro de una gacetilla quincenal ordinaria, resultó tibio para el grupo Techint que, flanqueado por la industria automotriz y la alimenticia, había presionado por un pronunciamiento más contundente.

El mismo día, la Cámara de Comercio (CAC), otra de las que dialoga con el gobierno en el marco del G6, expresó que la expropiación «debe ser una medida excepcional y ajustada a la Constitución Nacional» en otra misiva de redacción cuidadosa e interpretación abierta.

Al día siguiente, el grupo de Paolo Rocca pudo concretar su intención a través de AEA, la asociación que mejor reproduce su voluntad, que acusó al gobierno de haber irrespetado la seguridad jurídica y de haberse tomado atribuciones que no le corresponden. Varios de los empresarios que se habían reunido una semana antes con Fernández en Olivos pertenecen a esta asociación.

A su turno, el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) reclamó la intervención de los poderes restantes del Estado con un mensaje que firmaron 34 gremiales empresarias y ocho entidades adherentes de la sociedad civil.

Defensa conceptual

La reacción patronal fue masiva pero ninguna cámara o dirigente defendió a los directivos de la empresa, lo que deja abierta la puerta para la discusión acerca de quién debe ejercer el control de la firma, que es el nuevo eje del gobierno.

Sin embargo hubo voces empresarias favorables a la expropiación, como la Asociación de Importadores y Exportadores (AIERA). El gerente de la entidad, Adriano De Fina, aclaró a este medio que «no fomentamos el proyecto pero Vicentín llegó a un punto tal de irregularidades insostenible y todavía hay mucho más por investigar».