El Gobierno de Argentina envía este martes un proyecto de ley al Congreso para alcanzar una consistencia macroeconómica que permita hacer frente a los vencimientos de pago de la deuda pública externa, anunció sin dar más detalles el ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Se enviará al Congreso un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa», informó en una rueda de prensa.

El funcionario se limitó a decir que, a grandes rasgos, «este proyecto dará condiciones para estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para lograr el objetivo de restaurar el sostenimiento de la deuda pública».

Guzmán sí puntualizó que el proyecto de ley «se inscribe dentro de la ley de administración financiera, que pide que el país mejore al menos dos de las siguientes condiciones: el plazo, tasas de interés y monto de capital».

La carga de amortizaciones de capital que afronta el país entre 2021 y 2023 es muy alta, y no se ha generado capacidad de pago para cumplir sus compromisos, admitió el titular del Palacio de Hacienda.

La provincia de Buenos Aires, en concreto, tiene por delante un vencimiento de capital previsto para el 26 de enero por unos 250 millones de dólares, por lo que ha pedido una postergación del pago hasta mayo a fin de «permitir que la nación tome la iniciativa en este proceso y la provincia vaya detrás y tener una solución a este problema».

Un posible salvataje del Gobierno nacional a la mayor provincia del país «violaría el principio rector que es la sostenibilidad», advirtió Guzmán al descartar que la nación acuda en rescate de esta jurisdicción.

FMI

En su tercera rueda de prensa desde que el actual Gobierno asumió en funciones, el ministro de Economía también confirmó que continúan las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «en tono constructivo» para reperfilar el calendario de pagos del préstamo que la entidad multilateral concedió al Gobierno anterior.

«La relación con el FMI es diferente: nosotros estamos en control, este programa económico es diseñado y ejecutado por nosotros, y no vamos a admitir ninguna condicionalidad», advirtió Guzmán.

En suma, «estamos pidiendo buena fe y responsabilidad a los bonistas, que nos den tiempo necesario para resolver problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país».

El titular de Economía fue enfático al señalar que «el país no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta».

«La voluntad de pago está, pero antes el país necesita generar capacidad, y para eso necesita crecer y generar un alivio de la deuda que afronta el país», señaló.

CRÍTICAS

Desde el Palacio de Hacienda, Guzmán describió como «crítica» la situación del país debido a una «crisis severa de deuda» provocada por la gestión anterior del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

El país recuperó el acceso al mercado de créditos en abril de 2016 y lo perdió dos años más tarde, recordó el funcionario.

Durante el Gobierno anterior el país se endeudó «brutalmente y no aumentó su capacidad productiva para generar los dólares y hacer frente a los compromisos tomados».

El préstamo con el FMI tampoco se utilizó para aumentar la capacidad productiva del país, «sino para financiar deuda y salida de capitales», acotó.

Por la actividad económica se encuentra «en caída libre al tiempo que aumentó la pobreza y la indigencia», concluyó.

El Ministerio de Economía logró canjear en la víspera deuda casi 100.000 millones de pesos (1.587 millones de dólares) en Letras Capitalizables (Lecap) que vencían entre febrero y abril por otras Letras del Tesoro conocidas como Lebad.

Esto le permitió al Gobierno reducir vencimientos por 1.978 millones de pesos (31 millones de dólares).

En junio de 2018, el Gobierno argentino firmó con el FMI un acuerdo que debió ampliar y renegociar tres meses después, y que contemplaba un rescate por valor de 56.300 millones de dólares, el mayor crédito otorgado por la entidad a un solo país en toda su historia, aunque al final sólo se desembolsaron 44.000 millones, pues el Gobierno actual de Alberto Fernández pidió interrumpir los desembolsos.

En contrapartida, el organismo multilateral exigió un ajuste en las partidas presupuestarias para llegar a un equilibrio en el déficit, lo que conllevaba un programa estricto en lo fiscal y en lo monetario.