La adecuación del Presupuesto nacional, realizada a través de un decreto de necesidad y urgencia, blanqueó un incremento de los gastos de la Administración Pública del 51% con relación a las partidas vigentes hasta ahora. Las subas están focalizadas en haberes previsionales, programas sociales, energía eléctrica y servicios de la deuda.

El salto se explica porque las partidas en vigencia eran las que habían quedado del Presupuesto 2021, prorrogado por el Ejecutivo después de que el Congreso rechazara el cálculo de gastos y recursos para este año. Luego se efectuaron algunas reasignaciones mínimas por parte de la Jefatura de Gabinete, hasta esta actualización que recoge las mayores necesidades de gastos, que crecen en $ 5,5 billones, como también más ingresos por $ 4,3 billones.

Un pormenorizado estudio realizado por ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) detalla que las partidas vinculadas a prestaciones sociales crecerán $ 2,2 billones, considerando jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga la Anses; a ellos se sumarán otros $ 162 mil millones para atender mayores gastos de los programas Alimentar y Potenciar, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto a la provisión de energía: se agregan partidas por $ 459 mil millones para Cammesa, la compañía que administra el sistema eléctrico, y $ 162 mil millones a Enarsa, encargada de las importaciones de gas licuado. Otro rubro que sube fuerte son los pagos de la deuda pública: se agregaron $ 413 mil millones para los servicios de los títulos en pesos, en moneda extranjera y los intereses por préstamos recibidos.

La publicación del DNU era esperada hacía varias semanas; de hecho, el gobierno había prometido al FMI que la actualización del Presupuesto iba a estar lista el 15 de abril, dos meses antes de lo que finalmente ocurrió. En un extenso comunicado, el Ministerio de Economía defendió las modificaciones «a los fines de establecer un marco de previsibilidad para la gestión fiscal y financiera» y también «a efectos de mantener un carácter de sostenibilidad de la política fiscal que le permita al Estado atender objetivos de desarrollo económico y social». También señaló que «el cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal».

Un dato interesante son los supuestos bajo los cuales Economía armó sus cálculos. Allí se incluyó una inflación promedio anual del 57,7% y una punta-punta (de enero a diciembre) del 62%; es bastante superior a la banda del 38-48% del Presupuesto original, pero muy por debajo de los cálculos privados, que la ubican en un 70% para todo el año. En el Palacio de Hacienda admiten que es una meta ambiciosa, pero prefieren no convalidar expectativas desmesuradas y, por el contrario, fijar un ancla que evite un desmadre todavía mayor de los precios domésticos. Además, se prevé una mejora del 4% en la actividad económica, lo que redundará en mayores ingresos tributarios.

«Tenemos una dinámica de gasto real más alto, antes de lo pensado», dijeron voceros oficiales en relación con los números del nuevo Presupuesto. “En la medida en que la readecuación de políticas económicas surta su efecto, se reduzca la incertidumbre por la guerra y se acumulen reservas internacionales, la inflación tenderá a ceder en los próximos meses. De todas formas, si existen desvíos de estas metas, tendremos que readecuarlas”, agregaron.

Aun así, desde Economía destacaron que el déficit primario previsto coincidirá con el 2,5% del PBI prometido al Fondo Monetario Internacional, aunque la revalorización del producto anual (estimado en $ 76,5 billones a valores corrientes) hará que en términos nominales el saldo negativo sea un poco mayor. Por su parte, el análisis de ASAP también destaca que se contabilizaron menos ingresos en el rubro Rentas de la Propiedad, “principalmente por la disminución de las utilidades del BCRA en $ 800 mil millones”, lo que había sido otra de las exigencias del FMI. Los dos factores seguramente serán tenidos en cuenta por el directorio del organismo, que el próximo viernes, salvo imprevistos, deberá aprobar la revisión del acuerdo de facilidades extendidas y el giro de U$S 4000 millones. Sin ese aporte, imprescindible para afrontar los futuros vencimientos de deuda, el nuevo Presupuesto perdería sentido rápidamente.