El Senado podría convertir en ley esta semana el denominado monotributo tecnológico o monotech, una propuesta con la que el gobierno nacional aspira a regularizar la actividad de unos 30 mil programadores y otros trabajadores de la Economía del Conocimiento que laboran para empresas radicadas en el exterior del país y cobran sus remuneraciones en moneda extranjera.

Fuentes del Senado dijeron a Tiempo que se aspira a tratar el proyecto en la próxima sesión de la Cámara alta, posiblemente el jueves.

Ese sector de la actividad es uno de los que destaca particularmente la administración nacional por su capacidad para traer dólares al país: en 2022 las exportaciones del sector alcanzaron los U$S 7800 millones sostenidas en la labor de unos 500 mil trabajadores activos. Por esas y otras razones, desde el Ministerio de Economía se ideó una propuesta de régimen tributario simplificado destinado a contribuyentes de este ámbito particular.

La iniciativa cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 29 de marzo. En esa instancia, el proyecto consiguió 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones tras un intenso debate que tuvo en la vereda de enfrente a las cámaras que representan a las empresas del sector: la Cámara Argentina del Software (Cessi) y Argencon.

El gremio de los Trabajadores Informáticos (TI) apoyó la iniciativa y se posicionó a la par del gobierno nacional para debatir contra la posición de las patronales.

Cruces

La discusión entre gobierno, gremio y empresas acompañó el derrotero del proyecto de ley desde su origen. La lucha persiste en estos días en el que el texto está en el Senado.

La asociación privada más claramente opositora a la iniciativa es Cessi, que frente al avance del proyecto de ley publicó un comunicado en el que vaticinó que la norma desembocará en “la mayor precarización laboral en un sector que está en pleno crecimiento, ya que atenta contra la estabilidad de las empresas nacionales, de los empleados, de la producción nacional del software y del ingreso de divisas extranjeras”.

En esa línea, señaló cuatro consecuencias negativas, empezando por la precarización de los trabajadores del sector con su impacto en el aguinaldo, las vacaciones pagas, la obra social, los aportes patronales, los beneficios por paternidad y maternidad “entre otros”.

En segundo lugar, advirtió que la ley repercutiría en la “imposibilidad” de exportar. El comunicado contrapone que una empresa radicada en el país “necesita U$S 118.000 para dar empleo en relación de dependencia vs. U$S 30.000 necesarios para contratar un trabajador adherido al MonoTech por una empresa no radicada en nuestro país”.

El tercer argumento de Cessi es que la ley impactaría en la reducción de los ingresos públicos: “Un trabajador que adhiera al MonoTech aporta al fisco $ 376.164 por año, mientras que un trabajador en relación de dependencia en una empresa radicada en el país aporta $13.637.060”, planteó la cámara empresaria.

Por último, alertó también por una posible caída de la producción nacional y una disminución del ingreso de divisas, contrariamente a uno de los objetivos que persigue la administración nacional. En este caso, la lectura es que “se desalienta el desarrollo de software en el país y se fomenta la importación de software producido por argentinos”. El sindicato TI calificó de «vergonzosa» la postura de Cessi.

La otra cámara del sector, Argencon, representa los intereses de las grandes tecnológicas locales, entre ellas Mercado Libre y Globant. A diferencia de Cessi, Argencon mantuvo un perfil bajo en relación al tema, pero informalmente se sabe que sus figuras centrales ejercieron presión directa contra el proyecto cuando se discutía en Diputados, pero también desde su creación, durante la gestión del exsecretario de Economía del Conocimiento y actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien dejó ese cargo sin poder ver el proyecto aprobado en el Congreso.   «