Más allá del debate político respecto a Vicentin, la historia de su caída tiene hasta hoy un capítulo desconocido, sobre el que se están comenzando a posar todas las miradas. Se trata del balance correspondiente al ejercicio 2019, que por ley debió haberse confeccionado antes del 28 de febrero pero que aún no ha salido a la luz. Seguramente, allí puedan encontrarse las respuestas a muchos de los interrogantes que se formularon en las últimas semanas, entre los que destaca la duda sobre cómo pasó de exhibir un patrimonio de 500 millones de dólares en 2018 a otro de tan solo 33 millones en 2020. Las cifras surgen de la propia compañía, que al momento de solicitar la convocatoria presentó un informe de su activo y pasivo pero no su último estado contable completo.
«Todo el mundo dice que hace falta una explicación. En realidad, no hace falta una explicación: hace falta un balance». La frase corre por cuenta de uno de los abogados que más estudió las casi 3000 fojas del concurso de la agroexportadora, que se tramita desde febrero en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini. Su estudio jurídico, con sede en Rosario, está preparando una demanda «muy específica, por fuera de la convocatoria» contra la firma. Su equipo y él están convencidos de que el desfalco es mucho peor de lo que se piensa: «El balance 2018 está inflado con el objetivo de obtener los créditos de los bancos internacionales. Se hizo una sobrevaluación de los activos. Por eso para nosotros la diferencia con el patrimonio neto actual no es de 500, sino de 1000 millones de dólares», asevera.
Las dudas sobre el balance de 2019 -cuyo ejercicio cerró en octubre pasado- ya habían quedado plasmadas en el expediente, pero ahora volvieron a cobrar fuerza tras conocerse que los bancos extranjeros llevaron el caso Vicentin a la justicia estadounidense. «El Consorcio necesita saber cómo desaparecieron cientos de millones de dólares», indicaron las entidades financieras, acreedoras de la empresa santafesina, en un escrito que mostró el periodista Alejandro Bercovich en C5N. Allí mismo se ofrecieron dos hipótesis: que la agroexportadora proporcionó «información sustancialmente inexacta» o que «se desviaron indebidamente (…) activos de capital de explotación sustanciales (…) en la segunda mitad de 2019».
Engaño o fuga
Ambas opciones son «una posibilidad cierta», según entiende Sergio Arelovich, economista y asesor del sindicato aceitero. El pasado miércoles, a través de un texto de su autoría, el gremio ingresó una nota al juzgado de Lorenzini exigiendo la presentación del balance. «Las cosas en 2018 no eran como dicen que eran, o el año pasado, ante la eventualidad del cambio de gobierno, decidieron acelerar el camino de la fuga», afirma el también académico de la Universidad Nacional de Rosario. Al contrario de lo que aseveran algunos consultados -que plantean que al ser una firma familiar tan amplia hubiera sido difícil concretar un rápido desvío de fondos-, Arelovich defiende su hipótesis para explicar la ruta del dinero: «Hay préstamos que Vicentin dice haber recibido de sociedades uruguayas que no denuncia como propias pero que efectivamente lo son. La firma extranjera dice que le prestó a la empresa argentina un dinero, que en realidad nunca traspasó las fronteras, pero generó una obligación para la radicada en Santa Fe de pagarle capital e intereses. Es una forma de giro de utilidades mentirosa, fraguando un crédito», señala, para luego concluir que «esto requiere una investigación, pero es una alternativa posible, sin dudas».
La asamblea no debate
El juez Lorenzini declaró abierto el concurso sin exigir el último balance de la compañía. El 2 de marzo, la corredora de granos BLD solicitó que se intimara a Vicentin a presentarlo, pero tres días después el magistrado no dio lugar al pedido. «El rol procesal reclamado (…) constituiría una intervención no prevista ni habilitada por nuestra ley concursal, por lo tanto no se admite en el actual estado del proceso», afirmó Lorenzini, quien luego se remitió a un auto fechado el 28 de febrero en el cual había considerado «atendible» los motivos por los que la propia empresa había explicado el incumplimiento.
«La razón por la que no se incluyó allí los estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019, es porque los mismos aún no se encuentran aprobados, pero desde ya serán presentados en autos en cuanto los mismos hayan sido tratados y aprobados por la pertinente asamblea», habían manifestado los abogados de la firma unos días antes. Si había un momento para que el balance fuera tratado, ese era la Asamblea General Ordinaria que se celebró el 19 de marzo, que tuvo lugar a las 19 en la sede social de la empresa en Avellaneda. Sin embargo, el tema no figuró en el orden del día.
La Ley de Concursos y Quiebras plantea como uno de los requisitos del pedido de convocatoria la presentación de los balances correspondientes a los últimos tres ejercicios. Para Vicentin, el plazo final para la confección del estado contable del 2019 vencía el 28 de febrero de 2020, es decir, poco después de la solicitud, registrada el lunes 10. Cuando una semana después el juez se declaró competente para tratar el concurso, hizo saber a la firma que estaba en falta: «(…) si bien presentó los estados contables de tres ejercicios anuales, no agregó el correspondiente al último ejercicio anual cerrado el 30.10.2019, lo que deberá observarse», expresó. Más allá del pedido de BLD, el magistrado nunca volvió a mencionar el tema.
