El gobierno ofrecerá a los acreedores privados un variado conjunto de propuestas para la reestructuración de la deuda pública. El menú combinará un período de gracia, la reducción de los intereses ya pactados, una quita en el capital a devolver y una extensión de plazos. Además se buscará negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el préstamo otorgado por ese organismo en 2018.

Las afirmaciones corrieron por cuenta del ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentar el documento titulado “Lineamientos para la sostenibilidad de la deuda”. Allí se plantearon los puntos sobre los cuales Argentina realizará una oferta a los bonistas y también los principales escenarios macroeconómicos que maneja el gobierno para los próximos diez años. El ministro reconoció que “hemos tenido un pequeño retraso en la oferta formal”, ante todos los sobresaltos provocados por la expansión del coronavirus, pero destacó que se está “dialogando de manera constructiva con los bonistas”.

La negociación se establecerá sobre los títulos en moneda extranjera por un valor de U$S 83 millones, de los cuales el 85% responde a los que están bajo la jurisdicción de tribunales extranjeros, citados en el decreto 250/20, y el resto a los que están bajo ley extranjera. Explícitamente se dejaron fuera los U$S 117 mil millones en poder del Banco Central y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad que maneja la Anses, ya que se los considera parte del sector público nacional.

La propuesta apunta a “garantizar la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad” y se basa en los siguientes principios:

  • – Período de gracia: “es esencial para los años venideros, de forma tal de abrir el espacio necesario que permita la recuperación de la actividad real”.
  • – Reducción de cupones de intereses: tiene el objetivo de “restaurar la capacidad del país de pagar sus intereses de manera continua y sostenible”.
  • – Límite en el servicio de la deuda en moneda extranjera: busca reducir los pagos “a niveles razonables en el mediano y largo plazo”. Para ello “se consideran extensiones del vencimiento y/o posibles reducciones de los valores nominales de la deuda elegible”.
  • – Mecanismo de recuperación de valor: habilita opciones que permitirían aumentar el valor en caso de un escenario económico positivo. Esto abriría la puerta a la creación de títulos que sólo rendirán intereses si el PBI supera determinado nivel de crecimiento, tal cual se puso en práctica en la renegociación de 2005.
  • – Costo de refinanciación y exit yield: alude a la tasa que pagarán los nuevos bonos que se emitan como consecuencia del canje. Para ello, el gobierno insiste en limitar el flujo de fondos a pagar: “Cualquier exit yield de referencia excesivamente alta sugiere la necesidad de una combinación más fuerte de cupones más bajos, períodos de gracia más largos, mayores extensiones de vencimiento o reducciones en los valores nominales más importantes”, dice el informe.

Lo que se busca es, una vez completada la reestructuración de los títulos en dólares, lograr un rollover de la deuda en pesos y también refinanciar los préstamos de organismos internacionales. A partir de 2027 se proyecta un escenario en el que las necesidades de financiamiento se cubrirán en un 60% con títulos en moneda extranjera, con tasas de no más de 5% anual, y el resto en pesos, aprovechando un potencial desarrollo del mercado doméstico.

De vuelta al Fondo

El plan de Economía contempla “la interacción futura de Argentina con el FMI”. Pasado en limpio, sería celebrar un nuevo acuerdo para pagar los U$S 44 mil millones prestados por la entidad al gobierno de Mauricio Macri como parte de un salvataje mayor que fue cancelado por los desvíos de las condiciones pactadas.

En la presentación del documento, Guzmán reconoció que se tomaron en cuenta todas las recomendaciones del Fondo en su reciente informe del 20 de marzo, en el que estimó que “no hay margen para el servicio de la deuda en el corto y mediano plazo” y calculó la necesidad de un recorte de pagos de entre U$S 55 mil millones y U$S 85 mil millones. “Prestamos atención a las sugerencias, aunque la propuesta no tiene por qué ser exactamente igual” dijo el ministro, que también reconoció la necesidad de un nuevo programa porque “no estamos en condiciones de cumplir el stand by”.

En los últimos meses, la nueva titular del FMI, Kristalina Georgieva, emitió muchas señales de acercamiento hacia el gobierno argentino. Entre ellas, el abrazo en la cumbre del G-20 en Riad, la declaración de que la deuda es insostenible y el pedido para que los acreedores privados hagan una “contribución apreciable” para reducir su monto. El nuevo programa a suscribir, que ratificaría esos gestos, incluiría también un período de gracia para la devolución de la deuda a ese organismo, que debía comenzar en 2021. El envío de una misión técnica para realizar la revisión anual por parte de la entidad, que significaría el comienzo formal de la negociación, está suspendida por el cierre de fronteras a causa del coronavirus.

Hoja de ruta

Junto con estos criterios, el documento de Economía plantea una serie de supuestos sobre la actividad económica para los próximos años. Se trata de la hoja de ruta más concreta que presentó Guzmán desde diciembre y también una respuesta a los acreedores, que reclamaban un programa económico concreto antes de sentarse a negociar. Allí se estima un PBI que caerá este año entre 1 y 1,5% (el número podría ser mayor por las secuelas del coronavirus), rebotará fuertemente en 2021 y luego se estabilizará en el orden de 1,5% a 2% de crecimiento anual hasta 2030. El resultado fiscal pasaría a ser positivo recién en 2023, mientras que la balanza comercial, que ahora es muy favorable por el derrumbe de las importaciones, se iría estabilizando en un superávit de entre 1,4 y 1,9% del PBI. El programa incluye la continuidad del cepo cambiario mientras dure la recuperación, aunque “el objetivo es suavizar dichas regulaciones de forma ordenada” para garantizar que las reservas del Banco Central crezcan de los actuales U$S 44 mil millones a U$S 77 mil millones al final de la década.