Lejos de facilitar la transición, la publicación de un informe oficial sobre la herencia económica del gobierno de Mauricio Macri profundizó las discrepancias entre la gestión que se va y la que entra. Los ocho puntos del manifiesto fueron rebatidos desde diversos sectores del Frente de Todos, tanto por sus contenidos como por la ausencia de datos concretos que lo respalden.
El documento, titulado «Ocho puntos sobre la economía», fue elaborado en conjunto por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda. Su objetivo es defender lo realizado en los últimos cuatro años y dejar un inventario para las autoridades entrantes. Pero el primero en descalificar sus contenidos fue el propio presidente electo, Alberto Fernández. «Aunque Marcos Peña y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes y presenten una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras», dijo.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, intentó bajar la confrontación, aunque dejó en claro su opinión. «No importa tanto quién tiene razón o quién dejó la peor o mejor herencia. Probablemente la de 2015 haya sido mejor en la fachada y peor en los cimientos», dijo.
Uno de los capítulos que más tela dejó para cortar fue el de la deuda pública, sobre todo por el condicionamiento que generará en el primer tramo de la gestión de Fernández. En ese punto el informe fue cuando menos liviano. «Estos años hicimos un gran esfuerzo para equilibrar nuestras cuentas. Si mantenemos el compromiso de tener un presupuesto equilibrado en los próximos años, la deuda pública dejará de ser un problema», afirma.
Para los economistas del Frente de Todos, la realidad es mucho más dramática. En una exposición en Miami ante hombres de negocios, Guillermo Nielsen pintó el cuadro de situación. «Ahora tenemos más de 300 mil millones de dólares en deuda, de los cuales el FMI ya desembolsó 44 mil millones. El gobierno entrante tendrá que tratar con las consecuencias», expresó el ex secretario de Finanzas, que será el principal negociador con el Fondo.
La deuda también desencadenó la crítica de Santiago Cafiero, coordinador de los equipos técnicos que asesoran a Fernández y posible candidato a heredar el cargo que dejará Peña. En una entrevista con radio La Red, Cafiero señaló que este gobierno «deja dificultades muy profundas y muy estructurales, como el tema de la deuda, problema que antes no existía; la fuga de capitales, que ha sido tremenda; la cuestión social, la pobreza y la indigencia, jubilados que no pueden comprar medicamentos».
A pesar de que varios de los capítulos fueron dedicados a temas bien concretos (inflación, situación fiscal, impuestos, deuda, energía y empleo), las consideraciones del informe son muy genéricas y escasean números para respaldarlo. Por caso, sobre el déficit fiscal se redujo a indicar que «en 2019 el sector público nacional habrá prácticamente eliminado el déficit primario» (en realidad se proyecta que terminará siendo del 0,5% del PBI). También reconoce que «el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior; debería ser más bajo», y explica el problema con un simple «hay más gente saliendo a buscar trabajo».
En contraposición, otros estudios privados usaron números concretos para descalificar el informe. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) citó 31 indicadores que empeoraron entre 2015 y 2019. Entre ellos, PBI total y per cápita (bajaron 5% y 8,8% promedio por año, respectivamente), consumo público y privado (-3,8% y -5%), inflación (42% promedio), ritmo de devaluación (62% anual), empleo privado formal (cayeron 195 mil puestos), deuda pública (subió U$S 109 mil millones), pobreza (creció 5,3 puntos), evolución de ventas minoristas (-6,3%) y poder adquisitivo de las jubilaciones (-8,9%). Por su parte, el CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) elaboró un cuadro similar con otras variables enfocadas en la debacle productiva: las 19 mil empresas que cerraron en los últimos cuatro años y las caídas del 12,8% en la producción industrial y del 34% en la fabricación de productos textiles.
