El acuerdo de la UIA y la CGT para viabilizar la reducción de salarios en hasta un 25% para los trabajadores suspendidos dio lugar a una seguidilla de actas de la misma naturaleza a nivel de los gremios confederados. El aval que concedió el gobierno a través del Ministerio de Trabajo -requisito indispensable para la validez del acuerdo según lo dispuesto por el DNU de prohibición de despidos-, a la vez, no sustituye la necesidad de que toda reducción salarial, según lo dispone la Ley de Contratos de Trabajo, precisa de la firma de la parte gremial, o, en todo caso, el acuerdo individual del trabajador afectado.
Este último punto fue criticado duramente por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) porque, desde la visión de los letrados, es violatoria del criterio constitucional de irrenunciabilidad de derechos. Por ese motivo, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATF) “denunció y reclamó a Farmacity que se abstenga de ‘requerir’ a los trabajadores la aceptación “voluntaria” de una reducción en sus salarios porque es una práctica desleal que viola el DNU 329/20 -que prohíbe los despidos- y oculta una suspensión de tareas”.
Así lo denunciaron en un comunicado en el que dieron a conocer la intimación vía carta documento a la empresa, así como la presentación de una denuncia ante el ministerio de Trabajo. Según la organización liderada por Roque Garzón la empresa pretende vulnerar “los derechos laborales y el convenio colectivo de los trabajadores de farmacia, al buscar disuadirlos a aceptar menores horas de trabajo y reducción salarial, convirtiéndolos en blanco de ajuste de una supuesta baja en su rentabilidad, que la propia cadena de farmacias no puede demostrar”.
La organización sindical sugiere que “en lugar de ir contra los derechos de los trabajadores para beneficio de la empresa, podrían haber solicitado la asistencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para las empresas”. Para la organización gremial “el hecho de que no hayan solicitado la asistencia del ATP exhibe la imposibilidad concreta de demostrar la merma en su facturación”.
En la carta documento intiman a la patronal a “ajustar su obrar a las disposiciones vigente”. La percepción del gremio es que, este accionar, solo puede encontrar explicación en que la empresa apuesta a cubrir las pérdidas de las demás actividades del grupo Pegasus, al que pertenece “con el sacrificio de los trabajadores de farmacia”.
Es que, recuerdan, “la actividad de farmacia es considerada una actividad esencial, y desde el primer día que se decretó la emergencia sanitaria los trabajadores están prestando servicios, exponiendo tanto su salud como la de sus familias” y que, lejos de estar atravesando una crisis que justifique una reducción salarial, “aumentó considerablemente la facturación y dispensa tanto de medicamentos como de artículos de primera necesidad en este contexto de pandemia”. Por último, sin por el momento anunciar medidas gremiales aseguran que «no lo vamos a permitir».
