En tanto pueda mantenerse controlada la situación epidemiológica y la economía proyecte una curva ascendente, el gobierno planea ir flexibilizando paulatinamente algunas medidas comprendidas dentro del marco de emergencia económica, que la pandemia obligó a delinear.

Bajo ese criterio, en diciembre 2021 comenzó un proceso de negociaciones entre la administración de Alberto Fernández y las principales operadoras de internet, telefonía móvil y TV paga. El objetivo es alcanzar una tregua en la judicialización del DNU 690, aquel que declara la función de estas empresas como servicio público y habilita la intervención estatal en la regulación de sus precios.

Desde ambas partes -pública y privada- señalan que la iniciativa de encarar el diálogo fue gubernamental y que ya se realizaron dos reuniones generales y otras bilaterales.

Los encuentros se dieron en el ámbito de Jefatura de Gabinete. Los empresarios vinculados a la agenda aseguran que tanto el jefe, Juán Manzur, como su vice, Jorge Neme, mantienen especial interés sobre este tema. Otras reuniones fueron en el Enacom, ente liderado por Claudio Ambrosini. Como las convocatorias venían siendo bilaterales, en el último tiempo se apostó a congregar a todas las empresas. Así es que la propuesta ya pasó por los oídos del director de Asuntos Regulatorios de Telecom, Hernán Verdaguer; el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro para Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro López Quiroga, y el director de Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar, Alejandro Lastra. Sin embargo, por la magnitud y dotación de recursos, lidiar judicialmente con el holding vinculado al Grupo Clarín es lo que más dolores de cabeza trae.

Qué hacer con el DNU

A fines de enero, Neme hizo pública la intención de consensuar con las operadoras, a cambio de que dieran marcha atrás el proceso judicial.

«Hemos convocado a las telefónicas para buscar una salida a la situación judicial. En este momento el gobierno no puede aplicar una política de Estado y las compañías tienen problemas para financiarse. Eso no es bueno para nadie. La desjudicialización es un paso necesario y el diálogo está abierto y es positivo», aseguró en el lanzamiento del operador virtual Imowi.

La desjudicialización es un paso que entienden necesario tanto desde el sector público como el privado. La gran divergencia se centra en el cómo: mientras que el gobierno busca consensuar los incrementos de precios mediante «criterios objetivos», pero manteniendo a las operadoras como prestadoras de servicios públicos, las telcos defienden la derogación del DNU 690 y la implementación de una tarifa social.

«Queremos acordar un sendero de aumentos contemplando variables como la inflación, tipo de cambio, incremento de salarios y planes de inversión. También buscamos definir una periodicidad en los incrementos, cada tres o cuatro meses, por ejemplo. Pero sin tocar el DNU 690», aseguró a Tiempo un funcionario al tanto de las tratativas. En cambio, un representante de una de las empresas vinculadas, sostuvo: «La declaración del servicio público hace inviable la planificación y la inversión en el sector. No garantiza recuperar lo invertido. La propuesta es derogar el decreto como solución a las empresas y promocionar la tarifa social como solución para el Estado».

Un vocero empresarial lo contrapuso -parcialmente-: las empresas siguen invirtiendo, «el tema es la velocidad y el fín: mejor tecnología o solo mantener el servicio».

Según datos oficiales, los servicios de telecomunicaciones, informática y comunicaciones tuvieron un incremento en todo 2021 de 35,8% (15 puntos porcentuales menos que la inflación del periodo, del 50,9%). Por otro lado, las empresas que mantienen la medida cautelar vigente, aquella que las habilita a generar incrementos por fuera de lo dispuesto por el Enacom, aumentaron entre el 44% y 48%, también por debajo de la inflación, aunque no siempre con relación directa a una mejor calidad del servicio, de acuerdo a quejas que los usuarios transmiten diariamente.

Las discusiones se dan al inicio de un 2022 en el que las autoridades confían en dejar atrás los remanentes del fatídico 2020 y retomar un programa económico que relance la propuesta de la gestión actual, interrumpida hace dos años por una pandemia y una crisis económica sin precedentes. Bajo esa mirada, sellar un camino de previsibilidad en un servicio esencial como las telecomunicaciones y garantizar inversiones, se torna muy importante. Más aun cuando desde el oficialismo se están tomando decisiones tendientes a poder desplegar el 5G en Argentina.

«Más allá de la decisión de seguir la estrategia judicial en materia de precios, nunca interrumpimos la mesa de trabajo ni es un obstáculo para la implementación del 5G, pero lo ideal es empezar una nueva relación», enfatizó un funcionario que entiende de las negociaciones vigentes.

Sin embargo, otro representante del sector privado relativizó esta idea: «Se puede avanzar sobre el espectro con o sin DNU, pero que no se haya resuelto judicialmente el decreto, no le resulta atractivo al inversor, porque no parece estar definido un modelo de negocios», dijo. Además, consideró que «aún hay mucho por hacer para ampliar el 4G», es decir, la red actual.

El recorrido judicial, iniciado con la lluvia de medidas cautelares que pusieron en jaque al DNU 690, tuvo como respuesta máxima en abril pasado la interposición del Enacom de un recurso federal, para elevar el tratamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, la disputa buscará ser saldada por otros medios. Del 28 de febrero al 3 de marzo pasado, Claudio Ambrosini y su comitiva participaron en Barcelona, España, del evento de telefonía móvil Mobile World Congress 2022. Tras su regreso, se espera nuevamente una convocatoria del Enacom a las operadoras de telecomunicaciones. «