En apenas una hora y con solo una decena de oradores transcurrió el martes pasado la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para debatir tanto el futuro nivel de los subsidios que el Estado nacional aplicará a los consumos de gas domiciliario el año que viene, como una suba en el valor del gas que venden las petroleras. Es decir, quita de subsidios y suba de precios, todo al mismo tiempo.

El escaso interés que despertó esta instancia está vinculado con una situación denunciada en la audiencia misma: que no se toman en cuenta los comentarios adversos a la política oficial.

En el caso de esta audiencia en particular, los participantes salieron con más dudas que certezas ya que la propuesta del gobierno fue, en realidad, un ejercicio en el que las principales variables podían tener distintos valores. Por caso, el nivel de subsidio del gas, el precio que se le reconocerá a la producción local o el valor del gas importado. Ninguna de ellas era conocida y el expositor oficial, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, ex interventor en el Enargas, no dio precisiones sobre qué pasará con las mismas a futuro.

En una breve exposición, Bernal señaló que la conjetura principal del gobierno era que el valor promedio del gas a lo largo del año que viene será de U$S 5,22 el millón de BTU (MBTU, una medida que se usa en el comercio mayorista del gas), valor que surge de combinar los precios y las cantidades disponibles de las tres fuentes de abastecimiento nacional del fluido: la producción local, el gas importado de Bolivia y el que llega por barco (GNL).

Acá surge el primer problema: los valores del gas, tanto del importado como el local, están expresados en dólares a pesar del compromiso del presidente Alberto Fernández con la pesificación de las tarifas. Producto de la caída constante del valor del peso, la traducción de esos dólares a la moneda local implica un costo cada vez mayor y más oneroso para el consumidor.

Por otro lado, el hecho de que el gas local abastecerá en una mayor proporción al consumo en 2023 respecto de 2022, por la puesta en servicio del gasoducto Néstor Kirchner, debería significar una cada vez mayor confluencia de los precios que paga el consumidor con los costos de producción. Pero como advirtieron varios representantes de asociaciones de defensa del consumidor, esta concurrencia no existe porque no se conocen esos costos de producción local, dato que se reclama desde las primeras audiencias, allá por mediados de la década del 90.

Ejercicios

 Según señaló Bernal, “de mantenerse la situación actual”, el Estado cubriría en 2023 el 67,3% del costo de abastecimiento de gas, lo que equivaldría a $ 439.921 millones mientras que a los consumidores les correspondería el resto: unos $ 213.577 millones.

Pero el objetivo de la audiencia era realizar ejercicios de reducción de subsidios. A ninguno de los funcionarios se le ocurrió que en el cuadro de una creciente pobreza por la inflación sin freno, un aumento de las tarifas puede ser inviable para segmentos importantes de la población. Eso no se mencionó.

Lo que sí mostró Bernal fueron distintos cuadros con el impacto que tendrían en las facturas distintas variantes de reducción de subsidios y de suba del valor del gas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), que s el valor que se le paga a las petroleras.

En el informe técnico que publicó Energía antes de la audiencia se indica que en el Presupuesto 2023, las partidas destinadas a subsidios al gas natural suman $ 150.000 millones para el Plan Gas.Ar y otros $ 570.000 millones por transferencias del Tesoro para gastos corrientes con destino ENARSA. «Cabe destacar que el déficit presupuestado de ENARSA también contempla otros gastos (financieros, entre otros) por lo que solamente una porción de las transferencias del Tesoro se destina a cubrir los subsidios presentados para el abastecimiento de la demanda prioritaria”.

Es decir, hay una intención de adecuar el nivel de subsidios a lo que Enarsa pueda sostener en función de lo que Economía le adjudicó en el Presupuesto 2023. Pero esta “Ley de Leyes” se confeccionó según el guion del acuerdo con el Fondo Monetario, que reclama un ajuste del gasto público y específicamente tiene en la mira la reducción de estos subsidios.

En la audiencia también se planteó que se está discutiendo un aumento del precio del gas y una reducción de subsidios mientras aún quedan 4 millones de usuarios del servicio de gas por redes que no firmaron su adhesión a la segmentación, una cifra por demás elevada y que triplica los cálculos previos de usuarios que no se integraron a ese nuevo régimen.

También se cuestionó que entre las variables desconocidas se encontraban las subas en las tarifas de transporte y distribución de gas, por las que deberían realizarse audiencias a fines del verano del año que viene.