El gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a apurar los trámites para abonar una suma millonaria en dólares a los dueños de bonos argentinos impagos. Son los acreedores conocidos como holdouts, cuyos títulos fueron afectados por el default de 2001 y que se negaron a ingresar en los sucesivos canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016.

El tema fue abordado hace dos meses por los enviados del FMI que evaluaron la situación del país antes de dar luz verde a la revisión del acuerdo stand by con ese organismo. Los técnicos entendieron que “en vista de sus acciones, las autoridades están realizando esfuerzos de buena fe, tal como lo requieren las políticas de préstamos atrasados del Fondo”. Resaltaron que “mantienen discusiones abiertas con los acreedores y toda la documentación para celebrar acuerdos está disponible en el sitio web del gobierno”.

Los números en juego difieren según desde qué lado se los mire. El capital de los bonos adeudados es de alrededor de U$S 1.200 millones, aunque algunos estudios de abogados de Estados Unidos, donde se llevan adelante los juicios, creen que los montos sobre los que no hay acuerdo de pago se reducen a U$S 750 millones. Sin embargo, los acreedores exigen intereses impagos y compensaciones que elevarían la cifra a U$S 3.200 millones. En sus registros oficiales, el Ministerio de Hacienda estima que en junio el monto por todo concepto era de U$S 2.828 millones.

Los reclamos son tramitados en el juzgado federal de Nueva York a cargo de Loretta Preska, quien heredó el expediente que durante años llevó el fallecido Thomas Griesa. A ellos se suman algunos casos de bonos emitidos en pesos bajo la jurisdicción argentina, que se deberán resolver en Buenos Aires: totalizan alrededor de U$S 90 millones más. En ambos casos, la propuesta oficial es repetir las condiciones de los canjes anteriores, que implicarían la emisión de nuevos bonos con una quita de 48% en la deuda total.

La cuestión de los holdouts, muy discutida hacia fines del gobierno kirchnerista, pareció resuelta apenas Mauricio Macri asumió la presidencia y aceptó pagar U$S 9.300 millones para terminar con el tema y lograr financiamiento internacional. Sin embargo, muchos de los demandantes (en su mayoría pequeños ahorristas, jubilados e incluso herederos de los compradores originales) no cerraron trato: exigen que Argentina también se haga cargo de los honorarios de los abogados y demás costas, tal como aceptó ante los grandes fondos especulativos que cobraron en 2016.