El gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema el informe técnico con el detalle de la situación tarifaria en materia de gas en todo el país, previa a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería, que definieron las nuevos cuadros tarifarios del servicio a partir del primero de abril pasado, cuya aplicación  se encuentra suspendida.

El informe presentado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, consta de 80 páginas y se elevó a raíz de un pedido formulado por la Corte Suprema de Justicia realizado el 12 de julio pasado.

El máximo tribunal todavía no definió el mecanismo por el que tomará en sus manos el caso, si es a través del per saltum pedido por el gobierno o como parte de las instancias judiciales que se encuentran en curso, entre los que se destaca el recurso presentado por las autoridades nacionales ante la Cámara Federal de La Plata en contra del fallo que declaró nulo las resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía para instrumentar la suba de las tarifas.

El Estado nacional pidió el «salto de instancia» o per saltum ante medidas cautelares dictadas en el marco de una «acción declarativa de inconstitucionalidad» promovida como demandantes por «Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza». La Corte, «sin abrir juicio sobre la concurrencia de los requisitos que condicionan la admisibilidad del recurso» del Estado nacional, dispuso una serie de medidas que consideró «apropiadas» para definir el planteo

El tribunal manifestó la necesidad de saber «cómo quedaría conformado el esquema tarifario final», con la aplicación de la Resolución MINEM 99/2016, que estableció topes del 400 y 500% de aumento en las tarifas residenciales y para comercios, respectivamente.

En el trabajo elaborado por el Gobierno se explican los antecedentes de la situación tarifaria, así como los criterios adoptados por el Ministerio de Energía para poner en marcha el nuevo cuadro dispuesto, además de los alcances de los subsidios y la implementación de la tarifa social.