Pasó desapercibido, pero la bacteria HLB que mata a los cítricos apareció en Entre Ríos y Corrientes. Los productores se quejaron y el Senasa tuvo que salir a implementar un plan de contingencia. Los trabajadores denuncian que los controles se relajaron en todo el país por falta de financiamiento. El organismo anunció que a partir de fines de febrero se privatizarán de hecho las auditorías en todos establecimientos productivos. En espejo, el en INTI también quieren privatizar el control estatal. Allí una consultora vasca que contrató el Ministerio de Modernización pretende implementar a fin de mes atractivos planes para las áreas del Instituto por donde pasa el dinero, pero trae malos augurios para el sector de investigación. Tiempo accedió a un documento interno que muestra cómo la consultora privada tiene igual poder que el propio ministro de Producción, Francisco Cabrera, a la hora de rediseñar la política oficial de tecnología industrial.
Vuelven las plagas
El Senasa es un organismo de alta complejidad técnica que tiene una responsabilidad directa con la salud pública porque está a cargo de toda la cadena de producción, desde el momento en que el animal está en el campo hasta que entra al proceso de transformación alimenticia y llega al producto final. Los trabajadores denuncian que se levantaron las barreras sanitarias para controlar el transporte de cargamento de cítricos y ya hay dos focos de la plaga en Corrientes, uno en Yapeyú y otro en Villa Olivari; otro en Entre Ríos, en la localidad de Fray Jaime de la Frontera, y otro en la triple frontera entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en la localidad 7 de abril.
Además de la bacteria HBL, los productores también advierten sobre la presencia de otros bichos, como el picudo, que afecta la producción de algodón, la lobesia botrana o polilla, que apareció en Mendoza y afecta a las vides, o la mosca de los frutos, que perjudica a las provincias del litoral. Incluso en la región centro del país reapareció la langosta, una plaga bíblica que ya se había erradicado hace años en el país.
La gestión de Ricardo Negri, responsable de los despidos de 130 trabajadores el último día hábil de 2017, dejó de pagar el alquiler de las 377 oficinas sanitarias y anunció que cada una tiene tiempo para buscar por su cuenta un lugar para funcionar hasta el 30 de junio de este año. Si no lo encuentran, desaparecen. Esto provocó que delegaciones del Senasa se empiecen a alojar en las instalaciones de los grandes productores agropecuarios de la Sociedad Rural. «El conflicto de interés es gigante, no pueden convivir el controlado y el contralor, es como poner en el mismo corral al lobo con las ovejas», describió el titular de ATE Senasa Jorge Ravetti. Por lo pronto, la oficina de la ciudad misionera de Apóstoles no encontró lugar y tuvo que mudarse a Bernardo de Yirgoyen, cerca de Brasil.
Si bien los controles hacia adentro se vienen relajando, los países compradores mantienen sus exigencias para con la producción argentina, lo que provoca un doble estándar sanitario. Si bien advierten que esta situación siempre existió, «ahora puede llegar a un grado inusitado de diferencia entre el consumo interno y exportación», sostiene un médico veterinario con 40 años de experiencia en el organismo que actualmente se desempeña en un puesto ejecutivo ganado por concurso.
El DT
A partir de la resolución 791 del Poder Ejecutivo, firmada el 16 de noviembre de 2017, el gobierno pretende desempolvar una vieja figura en desuso, que se había creado en los ’90, que es la de director técnico. Hasta el momento nunca se había puesto en práctica por la resistencia que generaba dentro del Senasa. Sin embargo, según pudo saber Tiempo, Nicolás Winter, coordinador general de la dirección nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ordenó que se vuelva a implementar a partir del 20 de febrero. Desde entonces, los establecimientos que elaboran alimentos de origen vegetal o animal dejarán de contar con la inspección de los profesionales del Senasa y pasarán a contratar de manera privada al director técnico que será un profesional pagado por la propia empresa. A los privados les ofrece reducir las tasas que pagan por la prestación de servicios, pero el Estado se retira del control.
«Ya hemos tenido experiencia, y nuestra idiosincrasia como argentinos no es recomendable para autoregularnos», sostiene el especialista y recuerda cuando en el año 2000 ingresó la aftosa en el país debido al relajamiento de los controles que hizo la administración De La Rúa, y se produjo la debacle sanitaria más grande de la historia, con más 3000 focos. «Llegamos a perder todos los mercados internacionales y ni siquiera podíamos exportar granos», advierte.
«El Senasa es sin lugar a dudas el organismo público más desafiado internacionalmente por todas las auditorías. Tenemos contacto comercial con más de 150 países, muchos de ellos vienen una o dos veces por año a ver las cadenas de producción y los mecanismos de control. Tenemos que estar más que duchos y capacitados técnicamente para pasar esas auditorías. Esto también va afectar a la exportación, más tarde o más temprano, porque el estado de desfinanciamiento es dramático», señala el médico veterinario.
Desembarco vasco en el INTI
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, encargado de auditar todos los organismos del Estado, contrató a una empresa de origen vasco que se llama Tecnalia para elaborar un plan de rediseño de lo que será el organismo. Un documento que circuló entre los directivos del instituto muestra cómo es el orden de implementación del achicamiento: primero decide Ibarra y luego Tecnalia junto con Cabrera, ministro de Producción, de quien depende el instituto. En último lugar se implementará con el visto bueno de los directivos del INTI.
El objetivo de los 250 despidos que impulsó la conducción del presidente Javier Ibánez y el secretario de Recursos Humanos, Ernesto Luna, es implementar el plan de los vascos sin resistencia de parte de los trabajadores. El nuevo diseño prevé que se diluyan los 54 centros de investigación y desarrollo (que incluye mecánica, electrónica, construcción, biotecnología, química, plástico, tecnología de producción industrial de lácteos, entre otras) en cinco gerencias, entre las que hay dos principales: servicios industriales e investigación y desarrollo.
La gerencia de servicios industriales, por donde pasaría la facturación ya que es la que está en contacto con el mercado porque tiene que auditar a los privados, es la que podría ser desarmada como subnegocio o directamente ser concesionada a alguna licencia. De hecho, la empresa privada de certificación IRAM, la mira con buenos ojos.
«Se separan los equipos arancelables de los de investigación. La certificación que brinda el INTI genera una gran caja, es un instituto con recaudación propia por los servicios arancelados que brinda de auditorías y controles. Pero la investigación va a quedar separada del desarrollo industrial y tienen que ir juntas, porque en contacto con el privado se detectan y se pactan necesidades de investigación. El instituto tiene la virtud de estar inserto en el mundo industrial. Sin esa pata, sin el contacto con la realidad, desconectan al que investiga y dejan sin funciones a las áreas de investigación y desarrollo», sostiene Bruno De Alto, especialista en gestión de la tecnología y la innovación del Centro de Investigación y desarrollo de micro y nano electrónica del INTI.
Enrique Martínez, exdecano de Ingeniería de la UBA y exdirector del INTI, recuerda que el instituto controla, por ejemplo, que los juguetes de plástico que ingresan de China no contengan PVC o elementos dañinos. «Pero hay laboratorios que vienen pujando desde hace tiempo para que el INTI deje de tener ese control. Enfrente están las corporaciones que no tienen interés en que se haga desarrollo en Argentina. Toda la vida han sido un bloqueo para desarrollo auténtico del país», sostuvo. «
Venta de activos y licenciamiento de tecnología
Tecnalia, una consultora vasca elaboró a pedido del ministerio de Modernización, un «masterplan» para rediseñar el INTI y planea comenzar a implementarlo luego de que se termine la etapa de los despidos. Sin embargo, el conflicto sindical, pero también profesional y social, que desataron está retrasando las expectativas de la compañía europea, por lo que sus planes de venta de activos y de «licenciamiento de tecnología» quedaron paralizados.
Es que en un lenguaje entre publicitario y corporativo plagado de buenas intenciones, Tecnalia le dice al Estado argentino cómo hacer «ganancias rápidas», para lo que propone la venta de «activos».
Por ejemplo, el INTI posee instalaciones de alta complejidad, como una en sala anecoica, que es un edificio gigante dentro del parque del INTI en donde no hay sonido, para evaluar que los productos electrónicos no tengan interferencias en las personas o en otros aparatos. Vale millones de dólares y los privados siempre le echaron el ojo para gerenciarlo. Pero ahora, Tecnalia propone generar «quick wins a partir de la valorización y comercialización de activos existentes y proyectos de transferencia que incluyan licenciamiento de tecnología».
Según ellos mismos dicen, esta empresa elaboró sus planes en función de una visita que hizo a Buenos Aires talleres y sesiones de trabajo con agentes del ecosistema argentino (INTI y externos) en los sectores de Alimentación, Energía y Movilidad con el objetivo de identificar y contrastar la oferta/demanda tecnológica y de I+D+i actuales y futuras, según expuso en un power point entregado al Ministerio de Modernización. Por supuesto, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni los trabajadores de manera individual, fueron convocados a participar.
Además de proponer licencias y la venta de activos, la consultora también parece ser la ideóloga de esta nueva forma de tercerizar el control en profesionales particulares, modalidad que se pretende imponer en los sistemas de control del Estado argentino.
