La reducción de los precios internacionales de la soja está agregando dificultades al gobierno en su búsqueda de lograr el equilibrio fiscal. El grano continúa con valores deprimidos respecto a los que alcanzó hace algunos meses y ese es uno de los motivos principales de la caída de la recaudación en concepto de derechos de exportación. Según un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), por ese rubro ingresarán este año unos $ 65 mil millones menos de lo estimado en el presupuesto nacional.

El monto equivale a 0,3% del PBI, una suma muy elevada en momentos en que el gobierno está concentrado en ajustar sus gastos para cumplir con la consigna de déficit cero prometida al Fondo Monetario Internacional. Si se cumplen las previsiones del IARAF, que estima que la recaudación efectiva por esos derechos será de $ 295 mil millones en lugar de los $ 360 mil millones proyectados, las autoridades tendrán que acentuar el ajuste en un marco recesivo que no permite muchos recortes más que los ya practicados.

En el mercado de Chicago, usado como referencia para los granos a nivel internacional, la soja está cotizando a 304 dólares por tonelada, bastante por debajo de los 339 que llegó a tocar en enero de este año. Como referencia, entre 2012 y 2013 el precio superaba los 500 dólares. Para el país, la importancia de ese producto y sus derivados radica en que es el origen de más de un cuarto de los ingresos por comercio internacional: en abril los ingresos por esos rubros significaron U$S 1.251 millones, según el informe oficial del Indec. Además, el complejo sojero fue excluido de la eliminación de las retenciones dictada en 2016 y paga derechos de exportación por un global cercano al 27%, según el grado de elaboración (grano, aceite y otros derivados).

La merma en la recaudación, por supuesto, no se debe sólo a la soja, sino al particular esquema de tributación que impuso el gobierno para los demás productos. La norma fija un monto de tres pesos para los bienes más elaborados y de cuatro pesos para los primarios por cada dólar que se exporta. Este método desengancha el impuesto de la base de tributación, nominada en otra moneda, y en épocas de alta inflación como la actual, lo licúa. Como en términos generales la exportación no mejoró a pesar de la devaluación, esto deriva en una caída de la recaudación fiscal en términos reales.

Las paradojas se dejan ver. Un decreto presidencial declaró a 2019 “año de la exportación” y obligó a que esa leyenda conste en el encabezado de toda documentación oficial. Sin embargo la ansiada recuperación de las ventas al exterior se hace desear: en abril mejoró apenas 1,7% con relación al mismo mes del año pasado. De la misma manera, el gobierno reintrodujo los derechos de exportación en septiembre del año pasado, aunque el presidente Mauricio Macri lo había calificado como “un impuesto malo, malísimo”. Empero, esa aparente contradicción entre principios y hechos, forzada por los apuros fiscales, no le está alcanzando al gobierno para sanear sus números.