El gobierno cumplió con el segundo pago de los bonos en dólares emitidos tras la reestructuración de la deuda con acreedores privados. Se trata de U$S 693 millones correspondientes a los intereses del segundo semestre de 2021, que fueron liquidados este lunes.

De acuerdo al cálculo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los que entraron en la liquidación fueron los títulos de las series GD (global en dólares, emitidos bajo ley de Nueva York), por U$S 426 millones; GE (global en euros), por U$S 24 millones; y AL (bajo legislación argentina), por U$S 243 millones.

Este es el segundo pago que se realiza por estos bonos, que devengan intereses semestrales; el primero se había realizado el 9 de julio del año pasado. En su momento, en la negociación con los consorcios de bonistas privados, se acordó que los nuevos títulos serían “step-up” (con intereses que son mayores a medida que pasa el tiempo), por los que desde el año que viene los pagos serán cada vez mayores.

La operación quedó reflejada en las reservas internacionales del Banco Central, que el lunes cerraron en U$S 39.171 millones. El efecto negativo fue amortiguado porque la entidad continuó su rally comprador en el mercado oficial: en la última ronda adquirió U$S 75 millones y acumula U$S 180 millones en los primeros 10 días de enero.

De todas maneras, los analistas están atentos a dos detalles contrapuestos: la escasez de reservas líquidas (esto es, descontados los encajes de depósitos privados, el swap con el Banco Popular de China y algunos otros depósitos indisponibles) y la sucesión de compromisos en divisas para las próximas semanas.

En esa línea se anotan los fuertes vencimientos del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri. A fin de mes hay una cuota de amortización de U$S 718 millones; una semana después, intereses trimestrales por U$S 365 millones; y el 22 de marzo, otro pago de capital por U$S 2.873 millones. A ello se suman diferentes obligaciones con organismos multilaterales por U$S 954 millones, según informa la OPC.

La coincidencia generalizada es que la próxima cuota con el FMI podrá ser levantada con el remanente de los DEG (derechos especiales de giro) que el propio organismo emitió el año pasado para dar liquidez a sus países miembros; en el Banco Central queda un resto cercano a los U$S 600 millones. El pago de febrero podría afrontarse, pero ya no quedarían reservas netas para la cuota de marzo; por eso el gobierno está apurado por lograr un acuerdo con el Fondo que permita refinanciar ese cronograma y volver a capitalizar el Banco Central, recuperando parte de lo que ya se abonó.

En su presentación ante los gobernadores provinciales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sugirió que hay un consenso entre los negociadores argentinos y los del FMI de la necesidad de que el Central acumule reservas para estabilizar la economía, tener “poder de fuego” para intervenir en el mercado cambiario y contar con recursos para pagos de la deuda. “Aquí sí hay un entendimiento, de que es importante que haya un crecimiento. Un sendero de 3 a 4 mil millones por año sería algo razonable”, precisó Guzmán.

Claro que las recetas para obtener esos mayores recursos son disímiles y en esto, se cree, hay discrepancias entre el staff técnico del Fondo, que pide una devaluación de la moneda para estimular el superávit comercial, y el gobierno, que prefiere acelerar el ritmo de actualización diario (el tan meneado “crawling peg”) para evitar sacudones en materia de precios internos. Mientras las discusiones se prolongan, los vencimientos se suceden, el BCRA sigue rascando la olla de divisas y la incertidumbre en los mercados crece.