El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que el gobierno prepara una línea de créditos del Banco Nación con tasa de interés subsidiada y que estará destinada a las cooperativas y mutuales.

Tiempo pudo averiguar que la tasa que evalúa la cartera Productiva es del 18% anual, por debajo de la que pagan las pymes por los créditos para abonar salarios que habilitó el gobierno y cuya renta es del 24 por ciento anual.

El monto del préstamo máximo a asignar a cada cooperativa o mutual surgiría de un cálculo que multiplica la cantidad de asociados por tres salarios mínimos vitales y móviles, cuyo valor es de $ 16.875 en la actualidad. Así, una cooperativa con 80 asociados podría pedir un préstamo de 4 millones de pesos y debería hacerse cargo de pagos de intereses por unos 60 mil pesos mensuales.

Resta conocer los detalles reglamentarios de esta decisión, por ejemplo, si habrá un período de gracia antes del pago de los intereses o si existirán limitaciones para que las cooperativas y mutuales soliciten el máximo del crédito según la cantidad de socios que la conforman. También debería determinarse qué sucederá con las organizaciones con nota crediticia por encima de 3 (en la escala de riesgo bancario 1 es el riesgo más bajo y 6 es incobrable).

La tasa del 18% es la misma que cobra el Banco Nación por los préstamos para incorporar tecnología en las empresas, otra iniciativa del gobierno tras la declaración de la cuarentena para combatir la pandemia de Covid-19.

Sector vulnerable

Según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que dirige Mario Cafiero, en la Argentina existen unas 8600 cooperativas y 3000 mutuales en las que se desempeñan o están asociadas alrededor de 230 mil personas.

Algunas cooperativas y mutuales han recibido parte de la asistencia que el Estado distribuyó para las empresas del sector privado. Es el caso de las que emplean a trabajadores asalariados, ya que pudieron recibir los créditos al 24% de interés o el Salario Complementario que forma parte de la ATP.

Con todo, hay un sector que, a pesar de su vulnerabilidad, no ha logrado sumar asistencia: el de las cooperativas de trabajo. Estas organizaciones se caracterizan por no tener empleados ya que sus propios asociados son los que trabajan; por ello también se las conoce como cooperativas de trabajo autogestionado.

Según datos del sector, la mitad de las 8600 cooperativas son de trabajo y emplean a alrededor de 170 mil personas. Dentro de ese universo se encuentra el de las empresas recuperadas, en las que los trabajadores de esas empresas constituyeron cooperativas de trabajo para continuar con la producción una vez que los dueños las abandonaron. El padrón de recuperadas se eleva a unas 400, con unos 18 mil trabajadores, según datos de Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta).

Las empresas recuperadas (como el hotel Bauen, la textil Brukman, la chocolatería Arrufat o el diario El Ciudadano) concitan la atención del público porque su constitución suele ser el resultado de una lucha de los trabajadores contra el vaciamiento empresario o los cierres totales. Esas peleas generan redes de solidaridad amplios que involucran a muchos sectores de la población.

Existe otro segmento, menos conocido, de cooperativas de trabajo: las formadas por ex desocupados y que participan de las obras públicas, especialmente municipales. El gobierno nacional lanzó recientemente un plan de construcción de 5500 viviendas y de refacción para muchas miles más ya construidas con el que espera sostener el nivel de actividad de estas organizaciones.

De conjunto, el sector de las cooperativas de trabajo prácticamente dejó de producir o generar servicios con el inicio de la pandemia, con lo que su facturación se redujo sustancialmente. Al mismo tiempo, sus asociados vieron caer sus ingresos personales. Para este sector, el gobierno sólo dispuso un subsidio de 6500 pesos mensuales para cada cooperativista, beneficio que aun no se puso en marcha por distintos problemas burocráticos. Se cree que se ejecutaría en junio, dos meses y medio después del inicio del brote de coronavirus en la Argentina.