Cuando ya ingresaron en la cuarta semana consecutiva de huelga, los docentes universitarios decidieron rechazar una nueva propuesta del gobierno nacional y los rectores.

Es que, una vez más y con leves retoques, las autoridades insistieron con una propuesta de incremento salarial que totaliza un 15% para todo el año. Esta vez ofrecieron una tercera cuota de un 4,2% de incremento para el mes de septiembre (a cobrarse en octubre) que completaría los incrementos de un 5% de mayo y un 5,8 de agosto resueltos en forma unilateral por el ministerio de educación y las autoridades universitarias.

La propuesta dista mucho del reclamo de una recomposición del 30% con cláusula gatillo que exigen los sindicatos ante pronósticos inflacionarios que se ubican por encima del 32% e incluso podrían superar el 35 por ciento.

Así las cosas la solución al conflicto que ya arrastra cuatro semanas de no inicio de las clases y que afecta a 190 mil docentes que trabajan en 57 universidades nacionales en las que estudian 1,6 millones de alumnos, parece muy lejana. Con todo, el miércoles continuarán las negociaciones en la cartera educativa.

Por su parte, el movimiento estudiantil se ha sumado al conflicto de los docentes comprometiendo su participación en la movilización pautada para este jueves y adelantando la toma de varias facultades para preparar la jornada de protesta. Allí donde ya se produjeron movilizaciones la participación de los estudiantes aportó masividad. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba donde más de 50 mil personas se movilizaron la semana pasada alrededor de la defensa de la educación pública.

Es que el conflicto trasciende largamente el problema salarial. Las autoridades educativas recortaron las partidas de $4 mil millones destinadas a las obras de infraestructura mientras que, además, existe una grave subejecución del presupuestyo para gastos corrientes que impide el normal funcionamiento de las unidades académicas. Por caso, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA funciona con el servicio de gas interrumpido por falta de pago. Por otro lado desde el gobierno nacional y el Consejo interuniversitario Nacional se promueve la modificación a la baja de las incumbencias de los títulos universitarios desvalorizando las carreras de grado con el propósito de promover los posgrados fuertemente arancelados. Se trata de una vía para la privatización encubierta de contenidos hoy gratuitos. El ajuste presupuestario además compromete el acceso a las becas estudiantiles vigentes.

Mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Julián Asiner, señaló que «es el momento de que los estudiantes digamos presente en la lucha que nuestros docentes mantienen contra el ajuste.». Además el dirigente estudiantil señaló que “por más que algunos interesados quieran presentar a los estudiantes como ‘damnificados’ por el paro docente, lo cierto es que estudiantes y docentes somos víctimas por igual del desguace que Macri y el FMI están promoviendo sobre la universidad pública.».