El gobierno gastó $ 220.267 millones en los siete primeros meses del año para cubrir gastos de emergencia vinculados con el coronavirus. En ese lote se incluyen tanto los montos destinados a la compra de vacunas y equipamiento de instalaciones médicas, como los programas dirigidos a sostener a parte de la población o a los sectores productivos más afectados por la pandemia.
Los datos surgen de un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a partir del análisis de la ejecución presupuestaria entre enero y julio de 2021. Allí se consigna que el total en ese período representa el 54,1% de los $ 407.107 millones presupuestados para todos esos programas. El trabajo abarcó los gastos devengados y no incluye la merma de ingresos fiscales a través de exenciones y rebajas impositivas.
La cifra, que equivale a 0,6% del PBI, es muy inferior al billón de pesos que se gastó durante 2020 para atender las mismas contingencias. Sin embargo, también son muy superiores a las previsiones que había realizado el Ministerio de Economía para el ejercicio 2021. Al momento de formular el Presupuesto, en septiembre del año pasado, sólo se había reservado una partida específica de $ 13.698 millones para la adquisición de vacunas y unos $ 96 mil millones para otros programas de asistencia, principalmente los Fondep y Fogar (de desarrollo productivo).
Sin embargo, la segunda ola de coronavirus, más las decisiones administrativas a través de las cuales se reasignaron partidas (muchas de ellas a partir de la recaudación producida por el Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas), permitieron cuadruplicar los montos iniciales.
De acuerdo al informe de la OPC, el rubro que más dinero insumió en los primeros siete meses del año fue la adquisición y traslado de vacunas contra el Covid-19, con $ 49.193 millones. También se comprometieron $ 43.306 millones para los programas Repro II y $ 40.819 millones en los Fondep y Fogar. Una partida especial de $ 35.000 millones se destinó para sostener los mayores gastos del PAMI. Otros $ 13.675 millones fueron para los bonos especiales a los beneficiarios de las asignaciones AUH y AUE y $ 10.313 millones a los programas ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). La asignación especial al personal de salud, los hospitales modulares de emergencia y otras líneas de apoyo económico se llevaron el resto.
Otras partidas aparecerán en ese listado en los últimos meses del año. Por ejemplo, la vuelta del PreViaje, el programa de aliento al turismo que el año pasado costó $ 5.000 millones; las becas del plan Progresar, cuyo plaza de inscripción está abierto hasta el 31 de agosto y que insumirán unos $ 45.000 millones. Y principalmente la línea de préstamos a tasa cero para monotributistas, que podría significar una erogación de $ 100.000 millones que se depositaría en la cuenta de los beneficiarios en los primeros días de septiembre. Si bien se trata de un préstamo, por lo cual el Estado seguiría teniendo un crédito contable por esa suma, su devolución arrancaría recién hacia marzo y se prolongaría hasta el mismo mes de 2023.
