El funcionario afirma que se busca perfeccionar los alcances de la tarifa social para que beneficie a quienes realmente lo necesitan y confirmó la convocatoria para mediados de diciembre de una nueva audiencia pública que permita abordar la actualización de los valores del transporte eléctrico de jurisdicción nacional y los correspondientes a las siete regiones en que se divide el país, para lo cual se harán sesiones simultáneas en cada jurisdicción. 

«Vamos a sumar el famoso precio estacional de los generadores que le venden la energía a todo el país, cuál es el valor real en cada caso y cómo va a ser el sendero de la quita de subsidios en los próximos 3 años en un esquema en el que hay competencia» por contar el sistema con productores de distintas fuentes. Acerca de las características de esa salida de esquema de subsidios a la demanda eléctrica, el secretario explicó que «el objetivo es dejar atrás el concepto de subsidio masivo para ir hacia una política de subsidio por capacidad de pago. La tarifa social es una muestra de ese trabajo por el cual ya tenemos 4 millones de hogares cubiertos ante un universo de 11 millones de usuarios con servicio eléctrico», dijo Srueda tras agregar que «la intención es perfeccionar eso y dejar que el resto busque su punto de equilibrio, de cuál es el valor económico» de la energía. 

Sruoga también hizo referencia al planteo de la Unión Industrial Argentina durante la audiencia en rechazo de los denominados subsidios cruzados que, a criterio de la entidad empresarial, lleva a que el peso del ajuste tarifario recaiga en el sector productivo para aliviar a los usuarios residenciales. «La ley no lo permite», aseveró el funcionario en implícito respaldo a la postura de los industriales al explicar que «la normas vigentes especifican que cada conjunto de usuario debe pagar los costos que ellos generan, es decir que no se podría pasar la carga de un residencial a un industrial». Si bien aclaró que «hay una discusión respecto a cuáles son los conjuntos de usuarios y cómo se los delimita», Sruoga insistió en «que los industriales paguen el costo de los usuarios particulares está prohibido por la ley». 

El Jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano, había planteado que la gremial empresarial «se opone a la discriminación tarifaria por la que se pretende que la industria cargue con la mayor parte de la recuperación del sector» energético.