La Conadu Histórica, uno de los pocos gremios que logró colocar en su acuerdo paritario cláusulas de actualización de los salarios según la inflación, advirtió que el gobierno nacional pretende desconocer la cláusula gatillo firmada en 2019, lo que provocaría una reducción en los incrementos salariales. Ese acuerdo fue sellado a expensas de resignar una pérdida del poder adquisitivo cercana al 17% en 2018 que consolidó un retroceso salarial del 23% durante los primeros tres años del gobierno Cambiemos. Aquel entendimiento también incluyó el reconocimiento de rentas para más de mil docentes que trabajan ad honorem, en algunos casos, hace más de un década.
Las cláusulas de actualización se dispararían en septiembre la primera y en febrero la segunda. Para los gremios docentes, en el contexto de las sucesivas corridas cambiarias, el tramo que iba de septiembre a febrero, sin actualizaciones, resultaba demasiado largo y con impacto en la masa salarial anual. Sin embargo, a pesar de la insistencia, no lograron incorporar una cláusula intermedia y solo percibieron un 2% en enero ya pautado en carácter de jerarquización docente.
Ante el escenario de incertidumbre y las tendencias inflacionarias crecientes, la cláusula gatillo representaba un reaseguro para, al menos, enfrentar la paritaria 2020 sobre la base de sostener el salario real. En septiembre, ese ítem fue cumplido tal como lo dicta la norma.
Una vez que el nuevo gobierno asumió y determinó el pago de un incremento salarial de $4 mil para los trabajadores privados que fue extendido a los empleados públicos, la CONADU Histórica, una de las federaciones más representativas de la docencia universitaria, exigió que el beneficio los alcanzara. La negativa oficial, a pesar de que ese monto, según lo establece el propio decreto, va vinculado a la paritaria 2020, se fundamentó en la vigencia de la cláusula gatillo existente en el acuerdo 2019 y que, por lo tanto, resultaría redundante e innecesario.
Sin embargo, el jueves último, y a semanas del depósito del salario de marzo con la actualización correspondiente, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó a los gremios que el aumento esperado de un 14,57% -resultante de los índices inflacionarios confirmados- sería desconocido y reemplazado por un incremento de un 9,7%. Esta decisión provocaría la pérdida de 5 puntos porcentuales del salario y la vulneración de un acuerdo que, por su carácter, tiene rango de ley. Además, Trotta propuso un incremento para la paritaria de 2020 de un 2,3% para mayo y un 3% en junio.
En diálogo con Tiempo, Jaime Perczyk, secretario de Políticas Universitarias, presente en la reunión reconoció que «el gobierno propuso saldar el año 2019 y discutir el primer trimestre de 2020. Ofrecimos el 9,7% para el mes de marzo y luego un 2,3% con el sueldo de mayo y un 3% con el de junio como parte de la paritaria 2020. Además, ofrecimos sostener la garantía salarial y pagar el FONID». El funcionario explicó que «la propuesta es integral y busca estirar la paritaria hasta el 30 de junio de 2020. Casi todas las entidades gremiales vieron bien la propuesta, salvo una».
Antonio Roselló, secretario de Organización de CONADU Histórica, la federación que rechazó la propuesta, señaló a este diario que «a pesar de que la recaudación aumentó un 40%, el presupuesto universitario está congelado a valores nominales de 2019. Eso significa que los recursos que debían ir a la universidad van al pago de la deuda externa, es matemático. Es lo que explica la violación de la cláusula gatillo firmada en el acta paritaria, desconociendo cinco puntos de la inflación que implican un ajuste sobre los 190 mil cargos de trabajadores docentes que existen en la Universidad».
Sin embargo, la otra federación gremial con representatividad entre la docencia universitaria, la CONADU, señaló en un comunicado que «esta propuesta implica el reconocimiento del acuerdo paritario 2019 exigido por la Federación, para dar lugar a la negociación de la paritaria 2020. De todas formas, a pedido de la CONADU y los demás sindicatos, se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 16 de marzo, donde el gobierno se comprometió a mejorar la propuesta».
Pasando por alto el diferendo por lo acontecido en 2019, el titular de la CONADU, Carlos De Feo, puso el foco en 2020: «La crisis heredada es tal que no sabemos cómo impactará la negociación de la deuda, ni las variables económicas heredadas, a lo que se le suma el impacto del coronavirus», argumentó. Por eso, continuó, «en este escenario se impone un acuerdo corto hasta que se despejen estas incertidumbres y empezar a encarar un camino que nos permita recuperar el salario perdido durante el gobierno de Cambiemos». Para el dirigente la situación es dual: «Entendemos la situación pero proponemos un cuarto intermedio para que el gobierno pueda mejorar la propuesta».
Perczyk, consultado sobre si efectivamente se desconoció parte del acuerdo firmado por el gobierno anterior con los gremios, señaló que «esto no significa desconocer. No es un incumplimiento. Somos un gobierno que defiende a los trabajadores, tenemos la firme decisión de sostener el salario. Es la propuesta que hace el gobierno a los sindicatos docentes».
Lo cierto es que el acta firmada el 27 de mayo de 2019, a la que tuvo acceso Tiempo, en su inciso b del punto 6 de «cláusulas de actualización automática», señala textualmente que «una vez conocido el IPC del mes de febrero de 2020, a través de la publicación del INDEC, se contabilizará el IPC acumulado durante el período que va del 1/10/2019 al 29/02/2020 y, en caso de registrarse una inflación acumulada superior a lo establecido en el punto 2 correspondiente a la jerarquización (2%), la diferencia será incorporada a los haberes correspondientes al mes de marzo de 2020».
La inflación acumulada en ese período, una vez conocido el IPC de febrero del 2%, fue del 16,57% y, por eso, todo indica que hubiera correspondido ese incremento del 14,57% para los haberes del mes de marzo.
