Las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en la tarde del miércoles se dieron en el contexto de que los inversores y especuladores decidieron no sostener más la refinanciación de la deuda pública.

Apremiado por esta realidad, el gobierno resolvió de manera unilateral la postergación compulsiva del pago de algunas deudas y el inicio de negociaciones para postergar otras, incluida la asumida desde el año pasado con el Fondo Monetario.

La administración Cambiemos espera que de esta forma los recursos fiscales alcancen para pagar la deuda. La deuda que es en pesos, se pagaría con los ingresos fiscales. La deuda en dólares, con las reservas, más los nuevos desembolsos del FMI.

El ministro Lacunza señaló en la conferencia de prensa en la que anunció las medidas, que “con el reperfilamiento de la deuda esperamos reducir la presión sobre las reservas y sacarle presión a la volatilidad cambiaria”. Es decir, el gobierno apuesta a modificar la decisión de los inversores y especuladores que no quieren seguir con pesos. Al mostrar que hay más reservas (que se usarán en menor medida para pagar deuda) estos inversores ganarían en confianza y seguirían con los pesos.

Al miércoles, esa confianza brillaba por su ausencia. Hacienda se vio obligada a declarar desierta la licitación de Letras del Tesoro (Lete, en dólares) y Letras Capitalizables (Lecap, en pesos). La idea era refinanciar los vencimientos por U$S 1600 millones de Lete y 67 mil millones de pesos de Lecap. Pero las ofertas que recibió el gobierno apenas alcanzaban a cubrir un 5% de todo ese vencimiento.

¿Cambiará esa actitud de los inversores y especuladores el jueves? Todo indica que, al contrario, la profundizarán. El economista Christian Buteler dijo en la red social Twitter: “¿Esto traerá más tranquilidad a los mercados a partir de mañana? No creo, estás postergando los pagos de letes y lecaps a institucionales, vas en busca de una extensión de plazo voluntario para bonos y tenés el antecedente que sos Argentina. No esto no calma, al contrario”.

La postergación en el pago de deudas será selectiva, aclaró Lacunza. Las personas físicas que hayan comprado Letes o Lecap hasta el 31 de julio no sufrirán ninguna postergación en el pago de su capital e intereses. En cambio, si esa inversión la realizó una institución, si habrá postergación. Cobrarán un 15% al vencimiento, un 25% a los tres meses y el 60% restante a los 6 meses.

¿A cuánto asciende la deuda que el gobierno pateará para más adelante? Según las cifras oficiales, el sector privado tiene Lete por 6900 millones de dólares y Lecap por 5500 millones de dólares (son en pesos, la conversión está hecha con el dólar a $ 60) que vencen de acá a diciembre. Según Hacienda, el 85% de estos valores estarán sujetos a la postergación; es decir, unos 10.500 millones de dólares, de los que se pagarán 1580 millones de dólares al vencimiento, mientras que otros 2635 millones de dólares se postergarán a tres meses y los restantes 6324 millones serán abonados a seis meses.

En Hacienda aseguraron que no habrá reclamos por default contra esta decisión porque “se sigue pagando”. Lo cierto es que hay un cambio compulsivo y unilateral de los contratos y condiciones en que fueron adquiridas las Lete y Lecap. También se trata de una moratoria parcial del pago de la deuda.

Las primeras reacciones en el sector financiero apuntaban a una pérdida de valor de las Lete y Lecap en el mercado (se compran y venden como una acción o bono público). Esto afectará el patrimonio de los tenedores de estos papeles, entre los que se cuentan los Fondos Comunes de Inversión (en los cuales ahorra una parte de la clase media) y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Lacunza no hizo anuncios sobre los temas urgentes del día: alivio económico para los sectores más vulnerables. Tampoco presentó ninguna acción tendiente a frenar la fuga de capitales.

Negociaciones

Hacienda anunció que abrirá tres negociaciones en simultáneo. La primera en el Congreso, para que vote una ley que permita renegociar plazos sin quita ni de capital ni de intereses de los títulos públicos bajo ley argentina.

Una segunda negociación se abrirá con los bancos que oficiaron de vendedores de la deuda argentina en estos tres años y medio. Hacienda les ofrecerá la posibilidad de que acerquen propuestas para lograr que los tenedores de bonos bajo soberanía extranjera se avengan a negociar. La idea, en principio, es una extensión de plazos, sin quitas de ningún tipo, pero en el mercado sobrevuelan las dudas al respecto.

La tercera apunta al Fondo Monetario, con el cual se buscará también una reestructuración de los plazos.

El FMI emitió un comunicado –casualmente, después de los anuncios- en el que no dijo nada sobre la auditoría de las cuentas argentinas y el desembolso de 5400 millones de dólares previsto para mediados de septiembre y que aun debe ser aprobado por el directorio. La falta de certezas sobre ese desembolso fue uno de los motores de la corrida cambiaria reciente: sin la plata del FMI, el gobierno no tiene los dólares para pagar los vencimientos en esa moneda.

Respecto de las medidas, el FMI fue contemplativo: “Con respecto a la operación de la deuda anunciada hoy por las autoridades argentinas, el personal del Fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto. El personal entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas”, dijo el texto.

 En el sector financiero se aseguraba que las medidas no moverán el amperímetro, en el sentido de que la corrida cambiaria contra el peso seguirá y que incluirá las ventas generalizadas de activos argentinos. Tal como sucedió en los últimos días.