El gobierno ya tiene resuelto no abonar este mes la cuota pendiente con el Club de París, la última de la refinanciación celebrada en 2014 con ese organismo en el que confluyen más de 20 países de todo el mundo. La decisión final sobre entrar o no en mora se tomará a fines de julio, cuando finalice el período de gracia de dos meses.

El monto que está en juego es de poco más de U$S 2400 millones. Si bien la fecha prevista en el cronograma es el próximo miércoles 5, hay una ventana abierta hasta el 29 de este mes, cuando se cumplen los siete años de aquel acuerdo. Los 60 días de gracia permitirían estirar el tiempo para cumplir con ese compromiso hasta fines de julio.

Para ese entonces ya estarán mucho más claras las disponibilidades de divisas para la última mitad del año y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que estará vinculada también al tira y afloje por los plazos para repagar la deuda de U$S 44 mil millones. El ala política del Ejecutivo insiste en lograr alguna alternativa superadora al acuerdo de diez años que ofrece el organismo y que en los hechos implica empezar a pagar el capital en la segunda mitad de 2025. Sin embargo, hasta ahora los contactos oficiosos en esa dirección no dieron resultados.

Un frente abierto conduce al otro. El Club insiste en que para refinanciar una deuda necesita un aval formal del FMI sobre la economía del país y la Argentina, a esta altura, no lo conseguirá si antes no consigue un mínimo de acuerdos básicos con ese organismo. Para lograrlo, debería invitar a una misión a que elabore un informe (el contemplado en el famoso Artículo IV de su carta orgánica), corriendo riesgos de que el Fondo intente imponer condicionalidades que el gobierno prefiere evitar a toda costa. En su reciente gira por Europa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro con Emmanuel Moulin, titular del Club de París. Guzmán dijo a la salida del encuentro que «se acordó trabajar de forma constructiva para que el país pueda tener una capacidad sostenible de cumplir con sus compromisos». No mucho más.

En el Palacio de Hacienda especulan con la posibilidad de que en julio ya puedan estar disponibles los U$S 4300 millones que le tocarían al país por la asignación extraordinaria de DEG (derechos especiales de giro) que planea realizar el FMI. El objetivo de esa emisión es aceitar la liquidez internacional en momentos de lucha contra la pandemia y de varios países que, se teme, podrían caer en crisis de deuda si la situación se prolonga.

Otra fuente de divisas la puede aportar el Banco Central. Si bien sus reservas de libre disponibilidad son muy escasas (se estima que rondan entre cinco y seis mil millones de dólares, tras descontar los encajes por los depósitos del sector privado y el swap con el Banco Popular de China, entre otros ítems), también es cierto que en las arcas del BCRA están entrando dólares a carradas, sobre todo por la abundante liquidación de divisas del sector agroexportador. Las estimaciones preliminares señalan que en abril la entidad compró en el mercado oficial cerca de U$S 1400 millones.

De todas maneras, los números no terminan de cerrar. Solo los pagos a esos dos acreedores insumirían algo más de U$S 7300 millones, incluyendo en esa cuenta las dos primeras amortizaciones de capital del stand by con el FMI (U$S 1900 millones cada una, en septiembre y diciembre) y los intereses trimestrales, de los cuales en estos días habrá que abonar U$S 305 millones. Por ahora, las cifras parecen insuficientes para sacarse de encima el corsé del Fondo Monetario. «

La actividad económica ya se encuentra en los niveles previos a la pandemia

La actividad económica ya recuperó los niveles que tenía antes de la pandemia y mostró una suba interanual por primera vez en casi tres años, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala.

El indicador realizado por ese centro de estudios arrojó que en marzo la actividad creció un 9,2% con relación al mismo mes de 2020. En el primer trimestre, además, hubo una suba del 2,6% con relación a los tres primeros meses del ejercicio anterior. “Con este registro de actividad ya se recuperó el 100% del nivel perdido desde el piso de la crisis en abril 2020”, señala el informe.

Otro dato alentador que muestra el estudio es que las subas interanuales volvieron a ser positivas por primera vez en 34 meses, desde mayo de 2018, apenas después del inicio de la oleada devaluacionista que jalonó la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces, mes a mes, el resultado siempre fue negativo.

“La dinámica del mes de marzo refleja una tendencia de evidente mejoría en casi todos los componentes del IMA (Índice Mensual de Actividad). Sin considerar la recaudación de la seguridad social en términos reales, que se contrajo un 6%, todos los indicadores reflejan un crecimiento respecto a marzo 2020”, afirma el texto.

Con todo, el ITE advierte que al comparar contra una base baja como la del año pasado, se «dificulta el análisis en la mayoría de los casos. Por poner un ejemplo, el despacho de cemento se incrementó un 94%, pero al compararlo con una caída del -47% en 2020 que a su vez se suma a la caída de -13% en 2019”, aclara.

Para su elaboración, el ITE tiene en cuenta datos como los despachos de cemento al mercado interno, la evolución de los préstamos comerciales, el consumo de gasoil, la recaudación de la seguridad social, la demanda de energía eléctrica residencial, las cantidades exportadas e importadas, las ventas minoristas y la producción industrial. En la serie histórica, su evolución es casi idéntica a la del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Indec, el que hasta febrero no había logrado empardar los niveles del año anterior. «