La sede central de la Dirección de Vialidad Nacional, en la Avenida Julio A. Roca, amaneció rodeada por la Policía Federal.

La noticia sorprendió a los trabajadores de la sede Mataderos de ese organismo público, quienes desde temprano cortaban el tránsito de la Avenida General Paz en protesta contra el gobierno porteño, que quiere avanzar sobre ese predio, al que considera “ocioso” pese a que allí cumplen funciones diariamente unos 500 trabajadores de la dependencia oficial.

Para generalizar la confusión, mientras se desarrollaba esa protesta el gobierno publicó en el Boletín Ofiicial el Decreto 794/17 que estableció la creación de la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima con mayoría accionaria del Ministerio de Transporte y minoría de Vialidad Nacional.

El decreto 794/2017 informa que Corredores Viales tendrá por objeto “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”.

El texto agrega que el objeto “también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de ‘Áreas de servicio’, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social”.

El delegado de los trabajadores de Vialidad, Gustavo De Biase, contó que el corte se levantó al mediodía y que se pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima asamblea, que se realizará este viernes. De Biase consignó que el administrador de la entidad, Javier Iguacel, se acercó a la sede de Mataderos para dialogar con los trabajadores pero los argumentos que presentó no cumplieron con las expectativas del auditorio.

“Le exigimos que dé cuenta de la posible venta del Primer Distrito Buenos Aires (la sede de Emilio Castro y General Paz), un predio que el gobierno porteño declaró como terreno ocioso desconociendo que acá trabajan 400 personas en Vialidad más otras 70 que lo hacen en una escuela técnica” de la sede.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta insiste en levantar la sede de Mataderos con el argumento de que es un área en desuso que impide el paso de maquinaria para acondicionar la zona lindante de la Avenida.

Los trabajadores le pidieron también a Iguacel que explique la decisión de rodear la sede central con personal de la policía. Además, reclamaron información sobre la creación de Corredores Viales.

El funcionario argumentó que la nueva sociedad anónima vial “es un organismo creado para combatir la corrupción de (el empresario) Cristóbal López pero nosotros creemos que es una apertura para más negocios de la Patria Contratista”.

Los trabajadores le preguntaron si las acciones que de acuerdo al decreto quedan en poder de Transporte y Vialidad podrán ser vendidas a privados pero el administrador Iguacel “no supo qué responder en concreto” sobre ese tema, contó De Biase en diálogo con Tiempo.

Los empleados se volverán a reunir en asamblea el viernes de esta semana. Hasta ahora las propuestas consisten en pensar alternativas para intentar convencer a Legislatura porteña de que el terreno de Mataderos está plenamente activo, con oficinas de vialidad, talleres y una escuela secundaria.

En segundo lugar analizarán con detenimiento el decreto 794 que hoy tomó por sorpresa a todos. Ante la posibilidad de que los puestos de trabajo resulten afectados, los trabajadores convocaron al movimiento obrero en general a que participe de la asamblea “porque lo que hay que enfrentar es la vuelta a la privatización”.

Uno de los puntos que más intranquilizan a la plantilla de personal es en qué condiciones pasarán los empleados actuales a la nueva sociedad anónima. Según el decreto, los empleados mantendrán con la sociedad una relación laboral de Derecho Privado regida por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.

Según De Biase, Iguacel “intentó explicar que los actuales trabajadores no van a cambiar de entidad sino que en la nueva configuración se va a absorber a los empleados del peaje” pero la respuesta tampoco colmó las expectativas de los presentes.

Por último, los trabajadores de Vialidad condenarán la militarización de la sede central. “Yo trabajo acá desde la dictadura militar pero nunca vi lo que vimos hoy”, refirió De Biase. El funcionario Iguacel justificó la custodia en virtud de supuestas amenazas que tampoco pudo probar, agregó el delegado.

En la sociedad, el Ministerio de Transporte ostentará el 51% del paquete accionario, mientras el 49 por ciento restante corresponderá a la Dirección Nacional de Vialidad. La Asamblea de Socios, agrega el decreto, podrá aprobar modificaciones “posteriores de dichos documentos societarios”.

A su vez, la norma establece que las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, de la Ley de Obras Públicas y, en general, las normas “o principios de derecho administrativo” no serán aplicables a Corredores Viales “sin perjuicio de controles que resulten aplicables”.

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