Acuciado por la necesidad de dinero, el gobierno dictó esta semana dos normas administrativas que lo habilitan a buscar recursos para llegar a diciembre. Los caminos son los ya conocidos: el endeudamiento y la transferencia de saldos disponibles en otras dependencias estatales.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la resolución conjunta 70/2019 firmada por los secretarios de Finanzas, Santiago Bausili, y de Hacienda, Rodrigo Pena. La disposición habilita la emisión de Letras del Tesoro por $ 5.000 millones que vencerán el 15 de abril del año que viene. Se trata de una ampliación de las que se habían sacado en el mes de octubre, con la misma fecha de vencimiento.
Las letras serán colocadas entre organismos oficiales, en aplicación de lo que estableció el decreto 668 de este año, que obliga a todas las dependencias que tengan saldo de liquidez a colocar ese dinero en títulos del Tesoro. Aquella decisión se había tomado para vencer resistencias en el seno de la Anses, luego de que surgieran dudas de si era correcto que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja esa Administración siguiera invirtiendo en letras que ya habían sido objeto de un default parcial por parte del Ministerio de Hacienda. Es muy probable que el FGS, la principal caja de disponibilidad del Estado (es el fondo que respalda el pago de los haberes previsionales), vuelva a ser el principal destinatario de estas nuevas Letes, aunque ello se sabrá cuando se implemente la colocación de las letras.
A esta decisión se suma la readecuación dispuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia, el 740, firmado por el Presidente y sus ministros el último lunes. Allí se autoriza la modificación del Presupuesto 2019 a partir de nuevas fuentes de financiamiento y también de nuevas aplicaciones.
Entre las primeras, según el estudio que al respecto realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), se ubica el Banco Central, que podrá entregar anticipos de utilidades por $ 400 mil millones. Una parte de ellos ya fue utilizada en agosto, cuando el Tesoro debió cancelar una operación de deuda ante bancos por U$S 2.615 millones, divisas que compró gracias a los adelantos del Central. También se incorporaron mayores recursos por intereses del FGS y por el crecimiento nominal de la recaudación de la AFIP gracias a la inflación. Del lado de los gastos, se agregaron montos para atender el servicio de la deuda pública, aumentos en haberes previsionales y asignaciones familiares por encima de lo previsto y subsidios al sistema eléctrico, entre los principales rubros.
Esta modificación presupuestaria, por cierto, no será de efecto neutro. El informe de ASAP estima que los recursos crecerán $ 326 mil millones, mientras que los gastos lo harán en $ 664 mil millones. De esa manera, a fin de año, el déficit financiero crecerá al menos en $ 338 mil millones por encima de lo previsto al sancionarse la ley, a fines de 2018.
