El gobierno evalúa volver a pedir créditos a organismos internacionales para paliar la difícil situación fiscal prevista para 2021. En la mira están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional, aunque la significación que tiene la relación con esa entidad más la renegociación en marcha del préstamo otorgado en 2018 obligan a una definición política del más alto nivel.
El objetivo es cubrir un déficit que el año que viene alcanzará los $ 2,2 billones, según la estimación del Presupuesto 2021. El plan original era tapar ese agujero con deuda en el mercado doméstico y emisión monetaria. Pero la persistencia en el tiempo de este recurso genera desconfianza en los mercados y por eso se buscan variantes.
El BID está orientado a brindar apoyo financiero y técnico para proyectos de infraestructura, salud y educación. Su aporte sería óptimo para solventar una parte de los $ 842 mil millones que insumirá el plan de obras públicas pautado para el año que viene. Pese a las dificultades, el gobierno no quiere renunciar a él porque lo considera un motor de la recuperación económica. De acuerdo a su Informe Anual 2019, la entidad le aprobó a Argentina proyectos por U$S 2229 millones, aunque solo desembolsó U$S 1394 millones. Para el año entrante, el gobierno espera ingresos netos de cancelaciones provenientes de ese banco por $ 78 mil millones.
Fue su presidente, Mauricio Claver Carone, quien reveló que el tema ya se maneja en Washington y que el Fondo también está involucrado. «A mí el Fondo me preguntó si hay un programa nuevo si el BID podría invertir, poner más dinero. Yo les dije de mi parte que tengo toda la voluntad para ayudar a la Argentina. Ahora, la realidad es el espacio que tengamos en la cartera [de préstamos]. Es más complicado, pero tenemos la voluntad de hacerlo», afirmó.
La situación con el Fondo tiene otras aristas. En primer lugar, porque hay una discusión pendiente por los U$S 44 mil millones que el organismo prestó hace dos años y cuyos plazos de devolución la actual gestión pidió postergar. En segundo término, porque fue el propio presidente Alberto Fernández quien rechazó los poco más de U$S 11 mil millones que restaba desembolsar del total acordado y que el organismo retuvo por los incumplimientos de las metas comprometidas en que incurrió la gestión de Mauricio Macri.
¿Cómo volver atrás de aquel gesto? Una salida podría ser la línea especial que el FMI habilitó para combatir las secuelas del Covid-19, cuyo monto depende del capital que aporta cada país. A la Argentina podrían tocarle unos U$S 3500 millones que vendrían muy bien, sobre todo si (como parece) la pandemia se prolonga y es necesario prorrogar los paquetes de ayuda oficial. Pero en este caso, la evaluación es más política que económica. «La intención no es seguir con una mayor exposición crediticia con el Fondo. No es nuestra idea pedir más dinero y si eso ocurre, no imagino que sea por un monto muy significativo», dijo Sergio Chodos, representante argentino ante la entidad, en Radio con Vos.
Los eventuales aportes que se consigan por estas vías ayudarían a reducir la participación del Banco Central en la cobertura del déficit. Según el proyecto de Presupuesto, en 2021 el BCRA iba a entregar al Tesoro $ 400 mil millones de adelantos transitorios y $ 800 mil millones más en concepto de utilidades. Esta masa de dinero genera críticas en muchos economistas que priorizan los análisis monetarios y en otros ortodoxos vinculados al establishment, que consideran que esos flujos generan presiones inflacionarias y devaluatorias. De hecho, atribuyen la brecha entre el dólar oficial y sus tipos alternativos (que llegó a 130%) al exceso de emisión monetaria de los últimos tiempos. “En los últimos once meses la cantidad de dinero creció 25,9% en términos reales, mientras que la producción de bienes y servicios cayó aproximadamente 9%. Así, hay cada vez más cantidad de dinero contra una menor cantidad de bienes. La inflación todavía no se aceleró, va a terminar acelerándose”, fue el pronóstico pesimista del último informe de la consultora Economía&Regiones. «
Autocrítica por flujos de capitales
Increíble pero real: una auditoría interna del FMI señaló que el programa stand by con Argentina fracasó porque faltaron controles al movimiento de capitales y culpó al personal técnico por no haber «advertido más enérgicamente» sobre la necesidad de implementarlos.
La Oficina de Evaluación Independiente del organismo dedicó varios pasajes de su informe anual sobre flujos de capitales al levantamiento del cepo cambiario, resuelto en diciembre de 2015 por el entonces ministro Alfonso Prat-Gay, y al programa implementado en 2018, que exigía de manera taxativa dejar flotar el tipo de cambio. Los dos factores ayudaron a que en 15 meses el dólar pasara de 25 pesos a sesenta.
