La estrategia del gobierno de avanzar con la reforma laboral sector por sector se va abriendo camino. El martes se produjo una reunión en el ministerio de Trabajo entre Jorge Triaca y los miembros del triunvirato de la CGT donde se ratificó ese rumbo. 

Al momento, ya son varios los convenios que se han modificado desde la enmienda para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta que suscribió el sindicato petrolero en enero de 2017. 

El denominador común en los casos que ya se han concretado fue la disponibilidad de herramientas de extorsión de las patronales y el gobierno, y la predisposición de las conducciones sindicales.  

En algunos casos, como el mencionado de Vaca Muerta o los acuerdos para obras específicas para la UOCRA, la promesa de inversiones que reactiven sectores en crisis atravesando fuertes reducciones de personal sirvió para viabilizar la revisión de convenios y la pérdida de conquistas. 

En otras oportunidades, las paritarias en sectores con salarios muy retrasados fueron el escenario en el que se abrieron los convenios basados en premios por presentismo o productividad como el caso de los empleados públicos nacionales representados por UPCN.

La extorsión para el caso de lecheros se dio sin disimulos. En mayo último, cuando el gobierno liberó los primeros $ 200 millones del rescate a San Cor, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas Gustavo Lopetegui, que además es empresario del sector, señaló que “Sancor va a necesitar hacer cambios importantes y cuando eso vaya ocurriendo la vamos acompañar”. Para viabilizar esa primera cuota el sindicato había accedido a resignar gran parte de un histórico aporte patronal al sindicato (reduciéndolo de $3.300 a $1.500 por trabajador), comprometerse a una reestructuración de la empresa y generar una mesa de discusión para revisar el convenio general.

La compañía había cesado su producción durante un mes luego de cerrar varias plantas y abrir un plan de retiros voluntarios que desde entonces ya redujo el personal en un 20%.

El lunes, según coincidieron todas las partes involucradas, se sentarán para firmar una “adenda modernizadora” que modificará el régimen del pago de horas extras que, hasta hoy, se pagaban a un 150% del valor. La modalidad abre una caja de pandora puesto que se hará sobre la base de habilitar la contratación de empleados fuera de convenio para que realicen esas tareas bajo la figura del “franquista”. Además se modifica el régimen de licencia por matrimonio y por mudanza, el régimen de presentismo y asistencia, el de trabajo por turnos y se incorpora formas de polifuncionalidad de tareas. El acuerdo suscripto en mayo, además, implicaba la aceptación de un aumento salarial de apenas un 13,8% para todo el año.

Las exportaciones se redujeron un 30%, cerraron 460 tambos en 2016 cuando la producción se redujo un 14% cayendo a niveles de 2007. Pero el problema de fondo del sector es la caída del consumo interno: según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda  “durante 2015 se consumían 28,97 litros al año, mientras que en la actualidad se consumen 23,12”. 

El presidente del Centro de la Industria Lechera, Miguel Paulón señaló a El Cronista que “el costo laboral sigue frenando mucho a la cadena productiva”. Sin embargo, el parate industrial provocado por esa crisis de consumo, incrementó la capacidad ociosa del sector y el peso relativo de los costos fijos así como el de las tarifas de servicios y del financiamiento que nada tiene que ver con los convenios laborales.  

La crisis de San Cor es el ariete para modificar las condiciones en todo el sector. Como en otros casos, dos integrantes del gabinete, el mencionado Lopetegui y Mario Quintana, así como la familia del secretario de Comercio, Miguel Braun, son accionistas de otra compañía del sector, Pampa Cheese y se beneficiarán con esta política.

En junio Danone puso fin al régimen laboral de 7×2 por uno de 44 horas semanales que implicó aun reducción del 30% del salario.