«El 41% de la variación de la canasta alimentaria está explicado por los aumentos de las verduras». Así subrayaba el miércoles pasado Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, cómo los abruptos saltos de precios de los vegetales terminaban por encarecer el presupuesto mínimo que una familia de cuatro personas necesita para alimentarse. Según datos del Indec, en febrero, la canasta básica alimentaria (CBA, que mide el umbral de indigencia) subió un 9% y se posó en los 37.414 pesos.

En el relevamiento inflacionario, el impacto es aún más notorio. Del 4,7% general, el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas marcó un 7,5 por ciento. Lo que más influyó fue la suba de verduras, tubérculos y legumbres (en algunas regiones con alzas superiores al 20%), y se destacaron los incrementos del tomate, la lechuga, la papa y la cebolla. Además, sobresalió, dentro del rubro, el alza de las frutas. En enero, el aumento de precios también se vio mayormente sujeto a estos ítems. La guerra contra la inflación no se declaró con el enemigo en puerta, más bien metido adentro.

Si bien estos números tuvieron mucho que ver con dos factores climáticos sufridos durante el verano -ola de calor y sequía, los cuales deterioraron buena parte de las producciones regionales-, consultoras privadas y especialistas divisan un año de igual o mayor inflación que en 2021 y las frutas y verduras, con sus fluctuaciones fulminantes, no contribuyen a pensar distinto.

Las dos propuestas

Frente a este escenario, la Secretaria de Comercio Interior analiza dos estrategias para estabilizar los precios: una canasta de frutas y verduras a precios diferenciales y relevamientos de comercios de proximidad, y otra, la articulación con el Mercado Central para comprar los productos de forma anticipada y garantizar oferta, para cuando haya desabastecimiento de determinado alimento y así el precio tienda a la estabilidad.

Ambas propuestas tomarían como punto de partida el AMBA, por su concentración en términos de volumen de productos, demanda y población, y luego se expandirían a nivel nacional. Sin embargo, sus planificaciones no corren a la misma velocidad. Una fuente que sigue de cerca los pasos a seguir, admitió a Tiempo que «es más factible que salga primero la canasta» porque el fideicomiso articulado con el Mercado Central implicaría compras por adelantado de productos perecederos. «Para eso tuviste que arreglar un precio y ese precio puede encarecerse por las propias fluctuaciones de las frutas y verduras. El centro de esta medida es el volumen de producción, pero justamente no es lineal. Además, hasta que llega al consumidor, la cadena tiene muchas dispersiones. Es difícil pensar un esquema así», reflexionó.

Para lograr precios regulados, desde el gobierno trabajan con mercados concentradores, supermercados y verdulerías del AMBA. En este último punto de venta los consensos para fijar valores se ven dificultados por «el alto nivel de informalidad, dispersión y atomización» que registran, advirtió una fuente que está al tanto de las negociaciones, dadas hasta la semana pasada y sobre todo con intendentes del tercer cordón del conurbano bonaerense. Es por eso que los municipios pasarían a colaborar en el control del cumplimiento del acuerdo. Igualmente, los precios determinados estarían atentos a «las fluctuaciones del clima, cuestiones logísticas, como problemas con los camiones de carga, cambios de la zona productiva (a veces, determinado alimento cambia de origen y el costo de transporte varía) y márgenes de ganancia razonables», explicaron a Tiempo.  Las revisiones de precios se realizarían cada quince días.

De momento, los productos incluidos serían papa, cebolla y tomate (que representan el 40% del consumo) y se busca sumar la naranja y la banana. En GBA, según Indec, estos alimentos en febrero sufrieron variaciones mínimas del 7%, en el caso de la papa, y máximas del 40,8%, en el caso del tomate. El 7 de abril, junto con la renovación de Precios Cuidados, podría haber novedades.

El fideicomiso

Por otro lado, Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central, habló con este medio sobre la posibilidad del fideicomiso. Aseguró que la propuesta salió desde el organismo y se enfoca en fondear parcialmente por adelantado a cooperativas y pequeños productores para aumentar la producción de la papa, cebolla y tomate, y asegurar stock para épocas donde estacionalmente baja la oferta y sus precios suben. Estima que el fondo rotativo sería de $ 600 millones y, si bien la comunicación con Comercio es diaria, advirtió que «el fondo debería comenzar ya» porque «los tiempos de siembra no esperan». De ser así, los resultados recién comenzarían a verse entre septiembre y noviembre. Pasada la cosecha, el Mercado Central vendería esos productos ya con un precio de referencia fijado.

¿Por qué se torna tan difícil coordinar estos precios? En la dispersión de la cadena está la respuesta. «No hay valores de referencia, se manejan por la propia dinámica de oferta y demanda del mercado», dijeron desde el oficialismo. Días de lluvia pueden afectar la producción, pérdida por pudrición genera remarcaciones, al igual que aumentos en el flete, o alzas mayoristas de hasta el 100% en cuestión de horas, que luego bajan, pero ya fueron trasladadas a verdulerías, revendedores o intermediarios. «Es un quilombo», resumieron puertas adentro. «

Respaldo a la medida oficial

Matias Strasorier, director del Centro de Estudios Agrarios (CEA) asegura que la propuesta del fideicomiso tiende a cambiar estructuralmente la lógica de «comprar al menor precio y venderlo al mayor, con altos grados de especulación en el medio», donde el productor no se ve beneficiado. En un último dossier del CEA, además, suma la injerencia de la concentración del proceso industrial en los precios. Destaca que tres firmas concentran el 76% del durazno en lata y otras tres el 61,6% del tomate industrial.