Esta semana será clave para el proyecto de fideicomiso que impulsa el gobierno para desacoplar los precios internacionales del maíz y del trigo de los productos derivados de esos cultivos que se venden en el mercado interno y que hacen a una parte importante de la canasta básica.
Se trata de un fondo de U$S 150 millones anuales conformado con aportes de las exportadoras de esos cultivos y de productoras de productos derivados, con el que se busca subsidiar el precio interno.
La necesidad apremia no solo a los consumidores sino al propio gobierno que viene de un año con una inflación superior al 50% y que, según las consultoras privadas, tiene por delante un 2022 con expectativas similares.
La idea en Balcarce 50 es realizar el anuncio lo más rápido posible, pero en los últimos días las patronales rurales levantaron el tono de la crítica contra la propuesta que trabajaron conjuntamente el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior.
Los cuestionamientos llegaron desde las Mesas de Trigo y Maiz. En la última semana de 2021 esos productores descartaron la iniciativa como inapropiada y la juzgaron como un rebusque del Ejecutivo intervenir con controles, cupos y “retenciones encubiertas”.
En los primeros días de 2022, la tensión con las entidades ruralistas se incrementó cuando la Sociedad Rural (SRA), la Federación Agraria (FAA), y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) abandonaron el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) disconformes con la presunta falta de consensos y de políticas de “largo plazo” para el sector.
En las últimas horas, la oposición de las empresas creció. Entre otras manifestaciones, circuló un documento firmado por la Red Nacional de Productores Autoconvocados con más de 50 adhesiones de entidades de diferentes puntos del territorio. Esa carta eligió como blanco a Roberto Feletti.
En el gobierno sorprendió la postura de los ruralistas porque aseguran que cuando surgió la idea del fideicomiso el apoyo de las entidades era mayoritario. El cambio de posicionamiento, interpretan, coincide con el rechazo de la oposición al Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación.
Frente a lo que consideran un volantazo con intencionalidad política, la administración retrucó con la confirmación del fideicomiso, que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, define puertas adentro como una “decisión tomada”.
Expectativa. Nadie discute, incluido el gobierno, que la inflación del año en curso puede ser similar a la de 2021. Al problema de los precios internacionales que presionaron sobre los alimentos en todo el mundo se suma a nivel local la posición dominante de un grupo de empresas, mayormente multinacionales, cuyo rol es clave en los precios minoristas.
La mirada de Comercio Interior es que el fideicomiso no solo es una herramienta para desacoplar los precios locales de sus variaciones internacionales en dólares, sino que además es un recurso clave para que esa bola de nieve no arruine al programa +Precios Cuidados.
La lista tiene más de 1300 productos de consumo masivo de 100 empresas. Las harinas y derivados tienen un lugar importante en la nómina. Las harinas, en particular, fueron de los productos que más aumentaron con una autorización del 9 por ciento.
La idea de Feletti es que la lista llegue a 2 mil precios de referencia. Pero eso dependerá de la inflación y de los costos de las compañías que tienen que sumar sus productos.
De ahí el interés en la rápida salida del fideicomiso con el que, en el caso del trigo, se proponen subsidiar los precios internos para que, independientemente de las variaciones a nivel global, las fábricas locales prescindan de aumentar sus precios.
Presión. La suba del precio internacional del maíz, en tanto, preocupa porque impacta en la producción de carne porcina, de pollo, de huevos de gallina, de leche de vaca y de carne de res. Algunos de esos productos también están en la lista de precios acordados y otros forman parte del mercado cárnico, que también experimentó fuertes subas en noviembre y diciembre, y que tuvieron incidencia clave en la inflación 2021.
Aunque la necesidad es mucha, los intereses económicos en juego parecen dispuestos a dar la batalla para forzar al gobierno a cajonear sus planes e intentar con otra receta. Comienza una semana clave que, además, podría definir la relación de fuerzas para lo que resta del año. «