El Gobierno convocará a audiencias públicas para analizar el esquema tarifario para la electricidad y el gas en el bienio 2022/2023, con el criterio de segmentación y sin que se supere el nivel de los salarios, informó este jueves la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en forma virtual, Cerruti puntualizó que el esquema tarifario se aplicará con «subsidios enfocados en los usuarios vulnerables y de menor capacidad de pago para el bienio 2022/2023», en consonancia con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cerruti explicó que el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios».

Ese esquema, agregó, se enfocará «el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios».  

Los tres niveles que se contemplan para la segmentación del bienio 2022-2023

A) Usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.

B) Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

C) Para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

Cabe recordar el que índice salarial de 2021 fue de 53,4%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La portavoz puntualizó que «durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto».

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.