La declaración final de la reunión de líderes de finanzas del G20, que se reunieron el viernes y el sábado en Venecia, fue tomada con amplia satisfacción por la delegación argentina que participó del encuentro, encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El texto hizo suyos dos reclamos que el Palacio de Hacienda venía planteando con insistencia para fortalecer su posición en la negociación con el FMI: una reducción en los sobrecargos a la tasa de interés y la habilitación de un mecanismo que permita el libre intercambio entre los países de los fondos adicionales que el organismo repartirá entre sus países miembro para incrementar la liquidez en el sistema internacional.
Los ministros y presidentes de bancos centrales que participaron del cónclave no solo respaldaron la «propuesta del Directorio del FMI de una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un importe equivalente a 650 mil millones de dólares» sino que pidieron que se estudien «opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables a financiar recuperaciones económicas más resistentes». Además, instaron al Fondo a que «concluya su acercamiento en relación a la revisión de las políticas de límites de acceso y sobrecargos y que nos informe de sus resultados».
Con esas herramientas, Guzmán ganará tiempo: no solo se asegura los DEG que le tocan a Argentina (unos U$S 4350 millones, según la cuota parte que el país aporta al organismo) sino que podrá acordar con otras naciones que no estén tan acorraladas económicamente algún tipo de préstamo o fideicomiso que dará mayor margen de acción en la negociación. Y, además, la quita de los sobrecargos (un 2% adicional en la tasa para los países que deben sumas elevadas, como es el caso de Argentina, y otro punto extra cuando los montos no son devueltos antes de los tres años) redundará en un ahorro estimado en U$S 1000 millones anuales cuando se suscriba el nuevo préstamo.
Encuentros
Previo a esa declaración final, Guzmán aprovechó el tiempo para lo más jugoso que dejan estas cumbres: las reuniones cara a cara en pasillos y habitaciones adyacentes al salón de debate. Después de varios intentos, el ministro logró ayer sacarse la foto que más quería: con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Con ella conversó, según el comunicado oficial, sobre «las negociaciones para solucionar el problema de la deuda insostenible con el FMI». El respaldo de la influyente funcionaria de 74 años, la primera mujer en ocupar ese estratégico cargo, es decisivo porque el caudal de votos que Estados Unidos posee en el directorio del Fondo (el 16,7% del total) lo convierte en actor insustituible para tomar una decisión sobre el rumbo de la negociación. También hubo conversaciones con ministros y funcionarios de Corea del Sur, México, Alemania, Japón y Rusia, con el ojo puesto en la arquitectura financiera necesaria para que Argentina pueda tener acceso a los DEG que reciban esos países. Y un encuentro grupal de todos los «mercados emergentes» con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Lo que el FMI quiere
En el Palacio de Hacienda pretenden poner todos los elementos sobre la mesa de discusión, aunque la negociación se demore. Hay dos cuestiones, sin embargo, que todavía no pueden vulnerar: el plazo máximo de diez años que tienen los programas de asistencia del Fondo y la no aceptación de pagos parciales, al estilo del acuerdo celebrado hace pocas semanas con el Club de París. La primera desvela al ala política del gobierno, que pregona la necesidad de conseguir más tiempo para evitar que el acuerdo sea sostenible. Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, lo dijo con toda claridad en la sesión del último jueves de la Cámara de Diputados: «¿Ustedes creen que se puede pagar en diez años el préstamo con el FMI?», lanzó.
Por ahora, la alternativa que busca el gobierno es una cláusula «pari passu», como la que protegía a los bonistas en la discusión por la deuda pero en sentido inverso: la posibilidad de acogerse a los eventuales nuevos beneficios si en los próximos años el FMI abre líneas de crédito con plazos y condiciones más accesibles. Por otro lado, los pagos parciales permitirían salir del rígido corsé establecido por el stand by negociado por el macrismo, que establece amortizaciones de capital por U$S 18 mil millones para los años 2022 y 2023. Claro que por ahora ambas ideas son demasiado renovadoras para la rígida ortodoxia del Fondo. «
Impuesto a las firmas globales
La cumbre de Venecia de ministros de Economía y Finanzas y titulares de bancos centrales también dio el visto bueno a la creación de un impuesto a las empresas multinacionales, que gravaría las ganancias y eliminaría en los hechos los paraísos fiscales utilizados por esas firmas para eludir las imposiciones. La medida apunta a las «100 empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales», según el proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que ya cuenta con el respaldo de unos 130 países.
La idea es aplicar el tributo a las empresas con facturación mayor a 750 millones de euros por año, a partir de 2023. Cada país podría gravar las ganancias de sus empresas en el extranjero, si estas no pagan impuestos a través de sus subsidiarias en otras jurisdicciones. Se estima que con una tasa del 15%, se generarían ingresos por U$S 150 mil millones de dólares al año. Argentina apoyó la propuesta, aunque fue más allá y pidió la elevación de la alícuota al 25 por ciento.
