El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), en el que confluyen ochenta organizaciones privadas de todo el país, se alineó con la posición del gobierno nacional y apoyó este miércoles el tarifazo de los servicios y el transporte. Además pidió “responsabilidad” a los legisladores que impulsan un freno de los aumentos por medio de una ley.

Pese a la posición del FCE en su conjunto, varios de sus integrantes manifestaron en forma particular su crítica de los aumentos.

Es por ejemplo el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), que en los últimos días hicieron públicas sus quejas contra una decisión que perjudica en particular al sector productivo, especialmente al segmento pyme.

Si bien como titular de la UIA es uno de los dirigentes más visibles del FCE, el aceitero Miguel Acevedo reconoció días atrás en una entrevista con FM La Patriada que el ajuste tarifario: «Por supuesto afecta, son cuestiones transversales, afectan a casi todos, al público en general, al comercio y a la industria».

El 17 de abril, la UIA comunicó oficialmente que en el sector pyme la reducción de subsidios: “Tiene como contrapartida el incremento acelerado del costo energético, tanto en gas como electricidad, por encima de los cuadros tarifarios vigentes en los principales socios comerciales”.

En un encuentro de rutina, la Junta Directiva, que reúne a la dirigencia fabril de todo el país: “Volvió a señalar como prioritaria la articulación de los consensos necesarios en la materia, en función de tratarse del único modo de generar un plan energético previsible, equilibrado y sustentable, tanto para la oferta como para la demanda”.

La CAME tuvo oportunidad de tratar el tema directamente con el ministro de Energía, Juan José Aranguren el 1 de febrero. Ese día reclamó por el impacto de los aumentos en la rentabilidad y en la competitividad de las empresas del sector primario y remarcó que: “Se esperan definiciones de las Mesas de Competitividad multiministeriales donde participan todos los sectores de la cadena”.

“En el período comprendido entre enero de 2016 y el mismo mes de 2018, las boletas de electricidad subieron considerablemente. ‘Ningún otro indicador mostró un comportamiento similar durante la etapa de análisis’, indicó Raúl Robín, titular de Economías Regionales de CAME y agregó: ‘Propusimos reemplazar el suministro de electricidad por el de gas en determinados sectores’”, informó la entidad por medio de un comunicado oficial tras la reunión con el ministro.

En el mismo mensaje, planteó que: “Con las tarifas actuales, la rentabilidad y competitividad es dificultosa para todas aquellas producciones primarias de cultivos intensivos” a la vez que reclamó: “Políticas energéticas que acompañen al sector productivo, más aun a todas aquellas actividades electrodependientes que busquen ser económicamente sustentables”.

Por su parte, la Confederación General Económica de la Argentina (CGERA) rechazó los incrementos de los servicios y cuestionó directamente al FCE. 

«En contraposición a lo que planteó el Foro de Convergencia Empresarial, los dirigentes de CGERA se mostraron en contra del actual esquema de tarifas, debido a que no se presentó ningún tipo de estudio sobre cómo afectan los aumentos a los diferentes sectores productivos», explicó la entidad que representa a las pymes nacionales. 

La incidencia de los servicios públicos en el costo de producción, planteó el presidente de esa organización, Marcelo Fernández: «Pasó de ser un 6% hace 2 años  a poco más de un 20% en la actualidad», por lo que consignó que: “Hay que vender más unidades de cada producto para pagar los gastos fijos» lo que «se complica mucho en un momento de baja demanda y aumento de la competencia por la importación”. 

El Foro de Convergencia Empresarial eligió enviar su mensaje a favor de los tarifazos el 1 de Mayo, Día del Trabajador.

El texto al que accedió Tiempo alertó que proyectos como los que se discuten en el Congreso “cambian las reglas de la actividad económica y desalientan la inversión” y llamó a “la responsabilidad de los dirigentes políticos de todos los partidos para que trabajen en conjunto con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones a la crítica situación del mercado energético”.

El mensaje agregó que: “El congelamiento de tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, transporte, entre otros) ha producido distorsiones significativas en los mercados y ha llevado a Argentina a convertirse en un importador neto de recursos energéticos cuando antes los exportaba, además de desalentar la inversión en generación, transporte y distribución y a aumentar el consumo de estos recursos escasos por parte de la población”.

Y en clara sintonía con la administración de Cambiemos, sumó que: “Sabemos que la solución de esta situación no es fácil y tiene un impacto importante tanto en las economías familiares como en las empresas en las cuales la energía es un insumo relevante, sean éstas del tamaño que sean”.

Pero aún así consideró: “Imprescindible dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno, que están claramente presentes en las propuestas presentadas por diversos sectores de la oposición y aceptar las decisiones ya tomadas que, siguiendo las pautas dictadas por la Corte Suprema de la Nación, fueron aprobadas en audiencias públicas”.

“Todos deberíamos tener claro que el costo político de no resolver este conflicto con seriedad y pensando en el futuro no lo está pagando ni el Gobierno ni ningún otro sector. Lo está pagando Argentina en posibilidades de inversión y creación de puestos de trabajo”, advirtieron los empresarios.

El FCE contiene a 80 entidades privadas entre las que se destaca la principal interlocutora del gobierno nacional, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en la que militan los dueños de las principales empresas del mercado local, como Luis Pagani, de Arcor, Paolo Rocca, de Techint, y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín.

Pero también contiene a las integrantes del llamado G6: la Cámara de Comercio y Servicios (CAC); la Cámara de la Construcción (Camarco); la Asociación de Bancos (ADEBA); la Bolsa de Comercio; la Sociedad Rural (SRA); y la propia UIA.

También forma parte del FCE el influyente Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); y la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense (AMCHAM), entre otras cámaras y asociaciones de lobby.