El visto bueno de la delegación que visitó Argentina entre el 9 y el 16 de noviembre significará, una vez que el directorio lo ratifique (algo que parece un mero formalismo), el envío de U$S 7600 millones, que serán girados hacia el 15 de este mes. Con esa remesa, el organismo habrá desembolsado a lo largo del año U$S 28.300 millones, la mitad de los casi U$S 57 mil millones prometidos durante los tres años de duración del acuerdo stand-by.
En su habitual lenguaje edulcorado, el comunicado oficial del FMI elogia a las autoridades «por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reforma económica» y resalta que el plan «es esencial para promover el repunte de la actividad económica en 2019 y para apoyar la creación de empleo, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de todos los argentinos».
Desde la aprobación inicial del acuerdo, el 20 de junio, pasó de todo: una nueva oleada devaluatoria que desbordó las previsiones iniciales, el recrudecimiento de la inflación y una fuerte pérdida de reservas del Banco Central. Tan grave fue el descalabro que a los tres meses hubo que celebrar un nuevo acuerdo que reemplazó al anterior, para ampliar el crédito inicial y que las cuotas llegaran al país antes de lo estipulado. «El escenario de referencia actual es peor que el escenario adverso descrito en junio», reconocieron los analistas del Fondo al comprobar que la realidad había superado los cálculos más pesimistas.
Sin embargo, sabedores de todo lo que se juega el FMI al dar su apoyo al gobierno de Mauricio Macri, los técnicos que elaboraron el informe no fueron estrictos y realizaron una evaluación más política. Para ello tomaron las «Condiciones Estructurales del Programa», una serie de objetivos cualitativos que había sido alterado en la revisión de septiembre para priorizar dos acciones: la presentación en el Congreso de un Presupuesto con déficit primario cero para 2019 y también de una reforma al Impuesto a los Bienes Personales que incrementara las alícuotas y la base imponible. Los dos ítems fueron cumplidos (el primero se convirtió en ley mientras la misión del organismo estaba en Buenos Aires, el otro se tratará en sesiones extraordinarias) y eso fue suficiente para que el italiano Roberto Cardarelli, jefe de los inspectores, elevara el informe favorable a sus jefes en Washington.
El examen también fue elogioso para el Banco Central, a pesar de que falló en dos de las promesas formuladas en junio. Uno fue el mantenimiento del piso de reservas internacionales para capitalizar la entidad. Su entonces titular Federico Sturzenegger había prometido que guardaría al menos U$S 5500 millones de todo lo que le girara el Fondo durante el año, pero su sucesor Nicolás Caputo dilapidó recursos tratando de frenar la devaluación y eso le costó el cargo. De los U$S 22.600 millones remitidos hasta ahora, el Central apenas pudo retener U$S 1500 millones. El otro fue el rescate de los préstamos y adelantos de utilidades entregados al gobierno: el plan era recuperar $ 312 mil millones a lo largo de un año, pero sólo ingresaron $ 39 mil millones y Hacienda dijo que no devolverá más. Esto significó sendos pedidos de waivers (dispensa por incumplimientos) de parte de las autoridades argentinas. Sin embargo, a pesar de sus reticencias iniciales, el Fondo se rindió ante la política de bandas cambiarias que implementó Guido Sandleris tras su llegada al BCRA: «El nuevo marco de política monetaria ha sido efectivo para estabilizar los mercados financieros», aceptó.
En el boletín, el que mejor nota sacó hasta ahora fue Nicolás Dujovne. De no mediar catástrofes, el ministro de Hacienda cumplirá con holgura el tope del déficit fijado para este año. Hasta tuvo margen para acatar una de las exigencias del FMI: dejar de considerar los pagos por obras de infraestructura a largo plazo como un crédito por adelanto a proveedores y contabilizarlos como gasto del presente ejercicio. Dujovne también fue el artífice de la resonante promesa de que el año que viene el gobierno no tendrá déficit primario. Habrá que ver si la cumple. «
