El gobierno logró un acuerdo político con el Fondo Monetario Internacional para redefinir la meta de acumulación de reservas para este año fijadas en el acuerdo de facilidades extendidas. Los objetivos preestablecidos (sumar U$S 4800 millones durante 2023) serán relajados, aunque se establecerá una cláusula gatillo que los irá actualizando en la medida en que mejoren las exportaciones.
El visto bueno a las modificaciones fue pactado en la reunión que Sergio Massa y Kristalina Georgieva tuvieron en Bangalore, India, donde se realizó la reunión de ministros de Economía y Finanzas del G20. Fue el paso final de una larga serie de conversaciones que hubo entre el equipo económico y el staff técnico del FMI. De hecho, mientras el titular del Palacio de Hacienda y la directora ejecutiva del organismo se entrevistaban en la India, en Washington los enviados argentinos (el secretario de Programación Economica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur) seguían puliendo números con los técnicos de la entidad.
Los cambios no abarcarán los topes cada vez más bajos para el déficit fiscal, que no podrá exceder el 1,9% del PBI este año, y para el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, que tendrá un límite de 0,6% del PBI.
Las razones
Los argumentos que usaron Massa y su equipo para ablandar la postura del Fondo fueron dos. Uno es la sequía, que amenaza con reducir las exportaciones de granos en un monto de entre 10 y 14 mil millones de dólares. Otro es la guerra en el Este europeo: Economía preparó un paper que demuestra que el mayor costo en los fletes y en las importaciones de energía provocó en 2022 una necesidad adicional de divisas de U$S 4940 millones, que habría sido mayor si no hubiesen subido también los precios de los commodities agrícolas. Ambas circunstancias quedan fuera del ámbito que puede manejar el gobierno.
Al Fondo no le quedó otra que aceptar. Mientras Massa blandía el papel con las cuentas, Georgieva pedía al G20 colaborar para reducir «las vulnerabilidades de las deudas soberanas» de los países emergentes, que «han sido exacerbadas por los shocks derivados del Covid 19 y de la guerra de Rusia contra Ucrania». ¿Cómo oponerse al pedido argentino?
La necesidad de modificar la meta de acumulación de reservas había quedado en evidencia luego de la sangría que sufrió el Banco Central: no sólo que no sumó dólares en este primer trimestre sino que en lo que va de febrero tuvo que sacrificar U$S 924 millones para garantizar un piso mínimo de importaciones. El dólar soja, la herramienta con que Economía tentó a los agroexportadores para que liquidaran divisas en septiembre y en diciembre (las dos fechas límite de las revisiones anteriores), se evidenció como un mecanismo contraproducente: sin esa concesión, en enero último ese sector aportó 75% menos de los dólares acostumbrados. Si bien durante las reuniones del G20 hubo conversaciones con otras entidades, como el Banco Mundial, para obtener mayor financiamiento (ver aparte), los números no cerraban por ningún lado.
Sin waivers
«El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer waivers (pedidos de perdón) durante el año», expresó Massa para confirmar el acuerdo. También dijo que el objetivo «es ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple».
Las nuevas exigencias sobre acumulación de reservas serían explicitadas esta semana, cuando el staff técnico del FMI difunda su informe confirmando que las metas del cuarto trimestre de 2022 fueron cumplidas. «Se hizo un buen progreso en la cuarta revisión del programa y esperamos comunicar la conclusión muy pronto», dijo Georgieva, anticipando el desembolso de un nuevo tramo del crédito por U$S 5400 millones.
La fijación de nuevas metas cuantitativas aliviará las tensiones, pero no las eliminará. El Fondo sigue considerando que acumular reservas es clave para dar seguridad al frente cambiario y sobre todo para el repago de la deuda con la propia entidad. Además, a fines de 2024 comenzará el pago de capital de los bonos reestructurados tres años atrás y por ahora, se sabe, los mercados internacionales siguen cerrados para la Argentina. El peso de esas obligaciones, entonces, recaerá sobre las espaldas del Banco Central. «
Crítica al rol de los organismos multilaterales
Durante la reunión del G20 en Bangalore, India, campeó un aire de autocrítica sobre el rol de los organismos multilaterales de crédito y su necesidad de colaborar en la reestructuración de deuda de los países emergentes.
«El sistema financiero mundial les niega por norma el alivio de la deuda o cualquier financiación en condiciones favorables», denunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Quizás a caballo de esa circunstancia, Sergio Massa le arrancó a Axel von Trotsenburg, titular del Banco Mundial, la promesa de préstamos por U$S 450 millones, a devolver en 30 años, para financiar las becas Progresar y para obras de infraestructura en barrios vulnerables. Además el ministro acordó que el BM no exigirá la contraparte local sobre los créditos para obras a realizarse entre 2023 y 2024, lo que permitirá al gobierno postergar pagos por otros U$S 400 millones.
Uno de los principales proyectos financiados por la entidad es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Al respecto, el titular del Banco Mundial se comprometió a un desembolso extra de U$S 100 millones para apurar la culminación de esas obras.
