Con una insistencia rayana en la exasperación, el Fondo Monetario Internacional señaló una y otra vez que los lineamientos generales del plan económico que sustentó el acuerdo entre Argentina y ese organismo son responsabilidad completa y absoluta del gobierno de Mauricio Macri. A él le adjudican las metas cualitativas y cuantitativas, entre ellas la fijación de un déficit cero para 2020 y la baja de la inflación a un solo dígito dentro de tres años.
El comunicado de prensa del organismo informando la aprobación de la ayuda financiera, con declaraciones de su titular Christine Lagarde, lo expresa con claridad diez veces en apenas once párrafos. Y lo reitera otra innumerable cantidad de ocasiones el informe del staff técnico que asesoró a la junta directiva de la entidad: «El gobierno desarrolló un creíble y ambicioso plan…», «las autoridades tomaron un conjunto de decisiones…», «las autoridades se comprometieron a proponer una legislación para…» y un sinfín de fórmulas dialécticas similares impregnan las más de 120 páginas en inglés que componen el documento que el FMI publicó hace diez días.
Una de esas expresiones («El programa de ajuste de las autoridades») encabeza un apartado trascendente: el de las medidas para acelerar el ajuste fiscal. Entre ellas se destacan el congelamiento de la planta estatal, la reducción de salarios reales de los empleados públicos (apenas 8% de aumento nominal en los próximos 12 meses), los recortes en los subsidios a empresas públicas y en las transferencias a las provincias, vender parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que maneja la Anses, un posible retraso para implementar las rebajas de impuestos previstas en la reforma tributaria y el tan mencionado freno a la rebaja en las retenciones a la soja. Mientras varios medios de prensa oficialistas declamaban que se trataba de imposiciones leoninas del FMI, desde ese organismo insistían en que habían sido ideas del gobierno. Cuando Tiempo le pidió al presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa del miércoles si podía aclarar el contrapunto, el primer mandatario eludió precisiones y se enfocó en las retenciones: «No creo que sean un impuesto inteligente», dijo, dejando entrever su reticencia a cumplir esas consignas.
Desde lejos
Ese estilo indirecto de relatar los hechos («el gobierno dice que…»), esa indisimulable toma de distancia, es también para el Fondo una manera de protegerse. En Washington son conscientes de que para el gobierno será difícil conseguir apoyo parlamentario para poner en marcha el programa. «Hay una preocupación sobre la capacidad del gobierno para construir apoyo a posibles medidas políticas que necesiten pasar por el Congreso…», dicen. Por eso hacen reiteradas referencias al presupuesto 2019, que deberá entrar al Congreso en septiembre (justo para la fecha de la primera de las revisiones trimestrales previstas) y que es esperado como prueba del «marco de referencia» con que trabajará el gobierno el año que viene.
Aun con consideraciones políticas de ese tipo, el tenor del documento es estrictamente técnico y recoge las sugerencias elevadas al directorio por el grupo de trabajo encabezado por el italiano Roberto Cardarelli, que negoció con los representantes argentinos entre el 18 de mayo y el 7 de junio. No se priva, eso sí, de algunos tirones de orejas por errores que adjudica al gobierno. Entre ellos, la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado en la que se relajaron las metas de inflación para 2018, hecho que «llamó a dudar sobre la independencia del Banco Central y su compromiso hacia una baja de la inflación».
Gran parte de las preocupaciones del staff pasan por la deuda pública, sobre todo porque dos tercios de los títulos están emitidos en dólares, lo que aumentaría el riesgo de repago en caso de otra devaluación. Por lo menos nueve veces el informe cae en una opinión de una ambigüedad antológica: «La deuda pública es sustentable, pero no con una alta probabilidad».
¿Por qué esa ambivalencia? Porque el Fondo no descarta que los actuales parámetros internacionales cambien en el mediano plazo, teniendo en cuenta la tensión que está provocando la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Entonces trazan un escenario adverso alternativo, en el que el roll-over (la refinanciación de bonos ante cada vencimiento) sea más dificultoso y la inversión extranjera directa caiga a la mitad. Por eso los técnicos sugirieron al directorio que ampliaran el financiamiento hasta U$S 50 mil millones, aun poniendo en riesgo la recuperación de esa acreencia: «Bajo ese escenario, si se retiran todos los tramos del préstamo, la exposición del Fondo será más alta que en otros casos excepcionales», avisa el staff. «
