El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario aprobó este miércoles 20 el acuerdo stand by de tres años de duración y por 50 mil millones de dólares para Argentina, de los que U$S 15.000 millones estarán disponibles de manera “inmediata”, según aseguró el organismo multilateral en un comunicado.

Ni el comunicado ni la conferencia de prensa posterior que ofrecieron la titular del FMI, Christine Lagarde, acompañada por el jefe del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, y Roberto Cardarelli, jefe de la misión del FMI para la Argentina, aportaron novedades respecto del acuerdo o el uso de los fondos a prestar.

Tal como ya estaba estipulado, el FMI autorizó al gobierno a emplear U$S 7500 millones (la mitad de los U$S 15.000 millones iniciales) para “respaldo presupuestario”, un eufemismo técnico que equivale a decir que serán usados para cubrir el déficit fiscal.

Lagarde volvió a enfatizar que la ideación del plan de ajuste asociado al préstamo, junto con su gestión, eran asuntos argentinos. “Este es un plan que fue diseñado y es propiedad de las autoridades argentinas”, dijo. Se trata de un ángulo que el FMI y el gobierno nacional han empleado desde que el presidente Mauricio Macri anunció que su administración recurriría al FMI para salir del atolladero financiero en el que se encuentra.

De todas formas quedan claros los objetivos del plan, sobre los cuales el FMI hará los controles trimestrales a fin de verificar su evolución: reducción del déficit fiscal y de las necesidades de financiamiento para paliar el déficit público; reducir el peso de la deuda pública en el total del gasto; y reducir la inflación.

El otro punto que los técnicos del Fondo seguirán en detalle será el de las actividades del Banco Central, un instrumento medular para el logro de esos objetivos. Para ello, el FMI considera que es sustancial “fortalecer” la independencia del BCRA, según aseguró en el comunicado y en la conferencia de prensa.

El uso de los 35 mil millones de dólares restantes quedará supeditado “a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo” del FMI. El organismo multilateral de crédito observó que “las autoridades (argentinas) han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el resto del acuerdo con carácter precautorio”. En otras palabras, el uso de ese resto de dólares estará sujeto a condiciones que Argentina deberá cumplir.

Como parte del acuerdo, Argentina acelerará su ajuste fiscal, que deberá ser del 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2019 frente al 2,2% previsto anteriormente. Ello deberá figurar en el Presupuesto del año próximo, para lo cual el oficialismo ya comenzó a presionar a la oposición en el Congreso para lograr su visto bueno.

Este ajuste incluye la reducción del empleo público y el congelamiento de beneficios salariales de estos trabajadores. También una reformulación del sistema previsional a fin de reducir el gasto en ese rubro, incluido el uso del Fondo de Garantía de sustentabilidad (FGS) para gastos corrientes.

También se prevé una reducción de los aportes estatales a las empresas públicas y no se descartan despidos en las mismas. Las denuncias realizadas por los trabajadores de la agencia de noticias Telam, en el sentido de que sus autoridades preparan cientos de despidos, se inscriben en este terreno.

El plan, descripto en la carta de intención que presentaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el entonces titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, el pasado 12 de junio, incluye una disminución en las inversiones de capital y en las obras públicas.

Otro aspecto vinculado a mejorar los ingresos del Tesoro ante la eliminación de los aportes del Banco Central es el de la venta de activos estatales, como las acciones en poder del FGS o empresas energéticas estatales. Ya están a la venta dos centrales generadoras de electricidad junto con Transener, firma que transporta la energía de alta tensión por buena parte del país.

El plan de ajuste ha provocado reacciones entre los sectores afectados. El próximo lunes 25, la CGT realizará un paro nacional de 24 horas del que participarán todas las líneas internas de esa central, además de las CTA, los sindicatos nucleados en sectores combativos y los movimientos sociales.