El Fondo Monetario Internacional tendrá injerencia directa en dos cuestiones centrales que desvelan a las autoridades económicas locales: la reformulación de los subsidios a la energía y la “calibración” y posterior flexibilización del cepo cambiario. El gobierno aceptará expresamente la participación de los técnicos de la entidad en esos rubros, según se desprende del borrador del acuerdo con el FMI que se está cerrando por estas horas.

Los dos temas son centrales en el memorándum de política económica y financiera (MPEF) al que Tiempo tuvo acceso. Allí se describen los ejes principales que regirán la acción oficial mientras dure el acuerdo de facilidades extendidas que se solicitará al organismo. El programa, por un total de 31.914 millones de DEG (algo más de U$S 44.700 millones, según la cotización actual de esa moneda utilizada por el Fondo), servirá para repagar el stand by otorgado en 2018 al gobierno de Mauricio Macri. El dinero de las tres primeras cuotas ya canceladas (unos U$S 4.400 millones) quedará para recomponer las reservas del Banco Central.

En cuanto a las tarifas, el gobierno promete en el texto que “mejoraremos la focalización de los subsidios a la energía, reduciéndolos con criterios racionales, tendiendo a aumentar gradualmente los índices de recuperación de costos”. En esa línea, se anuncian acciones diferenciadas: una mayor progresividad en los subsidios a los usuarios residenciales (la tan mentada segmentación), que quitará el beneficio a los sectores más pudientes sin afectar a los sectores alcanzados por la tarifa social; una reducción a los usuarios comerciales; y una eliminación para los grandes usuarios industriales, cuyas tarifas reflejarán completamente la recuperación de costos del servicio.

En lo inmediato, las medidas (esto es una novedad) no abarcarán sólo al AMBA sino que llegará a otras grandes ciudades del interior: “El plan busca eliminar los subsidios a la electricidad del primer decil de consumidores residenciales en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires a partir de marzo, y se ampliará a otras nueve áreas urbanas para fines de mayo del 2022”, dice el texto.

Pero la participación directa del Fondo llegará más adelante. “Desarrollaremos, con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector”, señala el borrador. Allí se proponen como objetivos reducir las importaciones, mejorar la medición de consumos (para evitar subfacturaciones) y preservar la tarifa social, para lo cual incluso ambos organismos podrían sugerir opciones de financiamiento. La meta final es achicar gastos en este rubro por 0,6% del PBI (unos U$S 2.700 millones).

Calibración monitoreada

En cuanto al cepo cambiario, el Fondo dejó de lado su dogmatismo y aceptó su continuidad. El gobierno impuso su visión de mantenerlo, aunque sujeto a una “calibración continua” de acuerdo a las circunstancias, para evitar la sangría de divisas. De todas maneras, se estableció un compromiso a largo plazo de “aliviar gradualmente las medidas de administración de los flujos de capital”.

Para ello se elaborará un “plan de trabajo, que se preparará en consulta con el personal del FMI, (que) se basará en experiencias internacionales relevantes y al mismo tiempo tendrá en cuenta factores específicos” tales como los vencimientos de deuda, el nivel de reservas y el grado de dolarización de la economía local. La estrategia busca “flujos de capitales estables y sostenibles”, desincentivando los depósitos golondrina.

La aceptación de estas cláusulas relativiza el grado de autonomía del gobierno para elaborar un plan que permita salir de la crisis y pagar la apremiante deuda con el Fondo Monetario. Este es uno de los motivos de descontento dentro del propio oficialismo. De todas maneras, la apuesta de las autoridades es que la firma de un acuerdo ayudará a mejorar las expectativas y servirá para relanzar la gestión después de la pandemia de Covid-19.

El memorándum de políticas económicas y financieras es uno de los documentos que, junto con la carta de intención y el memorándum técnico, exige el FMI a la hora de tratar un pedido de asistencia formal a un país miembro. Todos ellos deberán ser rubricados por Martín Guzmán, como ministro de Economía, y Miguel Pesce, en su carácter de presidente del Banco Central. No obstante, de acuerdo a la ley aprobada en 2020, se requerirá el aval del Congreso antes de que esos materiales sean presentados al directorio de la entidad.