Después de la convulsión política que desató la modificación en la fórmula de movilidad previsional, impulsada por el gobierno y finalmente convertida en ley, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiró sobre el tapete una reforma mucho más profunda del sistema, que incluye la vuelta de la jubilación privada, como en la década del ’90.

La propuesta está incluida en el informe que aprobó el directorio del FMI el 18 de este mes. Fue redactado por el italiano Roberto Cardarelli, quien en septiembre encabezó la visita anual al país estipulada por la carta orgánica de la entidad.

Los directores del Fondo felicitaron al gobierno «por haber adoptado medidas que facilitaron la reactivación económica, y por los avances logrados en la transformación sistémica de la economía argentina». Entre ellos celebraron la reforma impositiva, «que es un buen primer paso hacia la reestructuración del ineficiente sistema tributario». De todas maneras, señalaron que aún hay «importantes desafíos pendientes y que se precisan esfuerzos adicionales» para doblegar la inflación y reducir el déficit fiscal, resume el comunicado.

A la hora de pedir la reducción en los gastos del Estado, el FMI vuelve a cargar contra el sistema jubilatorio, proponiendo un «más eficiente, equitativo y sustentable sistema de pensiones». Sus dos pilares serían:

-Una «red de seguridad» para todos los mayores de 65, equivalente a un 25% del salario promedio en actividad. Serviría como pensión básica universal, financiada por el Estado a través de sus ingresos corrientes. Con ello, estima el Fondo, se daría una gran ayuda a la población de los deciles de menores ingresos.

-Un sistema de contribuciones obligatorias, en el que tanto trabajadores como empleadores pondrían cada uno un 10% del salario, también con retiro a los 65. Es básicamente el esquema actual, aunque con aportes mucho menores para la patronal.

A la vez, para esta segunda parte, propone dos alternativas de capitalización individual, para evitar que el grueso del financiamiento caiga sobre el Estado. Una se trata de que el trabajador realice aportes voluntarios no obligatorios, basados en el concepto de «pay as you go» (pague a medida que avanza, sería la traducción), que se irían actualizando según el índice de salarios o de crecimiento del PBI y que servirían para incrementar su futuro haber jubilatorio. La otra es, lisa y llanamente, un sistema de ahorro obligatorio, en el que «las contribuciones se acumularían en cuentas de ahorro individuales, manejadas por un fondo privado elegido por el trabajador». Al dejar de trabajar, el beneficiario recibiría una anualidad en proporción a lo que depositó. Según el informe del Fondo, el primer mecanismo es utilizado en Italia y en Suecia, y el segundo en Australia, Chile y México, entre otros países. Con una u otra variante, se lograría un ahorro fiscal del 2% del PBI.

El cumplimiento de la recomendación significaría, ni más ni menos, el retorno de las AFJP, el sistema que rigió entre 1994 y 2008. Al estilo chileno, los bancos se convirtieron en los principales administradores de esos cuantiosos fondos, con la misión de volcarlos al financiamiento de empresas e inversiones privadas. En la práctica, las entidades se quedaron con comisiones altísimas, del orden del 30% de los aportes, y las pocas jubilaciones que se concretaron fueron por montos muy bajos. Los vicios eran tan grandes que la vuelta al sistema de reparto con financiación estatal dispuesta por el kirchnerismo no despertó mayor oposición.

Este es el segundo informe anual del FMI, después de una década en que Argentina se distanció de esa entidad. El año pasado, el organismo sugirió cambios en la movilidad jubilatoria que el gobierno reprodujo casi textualmente en la ley que el Congreso sancionó antes de Navidad. ¿Sucederá lo mismo con esta segunda propuesta? «