En primer lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario mantiene la meta fiscal del 1,9%, lo que implica una política fiscal muy restrictiva –algo novedoso para un contexto electoral–.

La reciente devaluación impositiva puede facilitar el objetivo, mejorando la recaudación al aumentar el dólar importador y exportador para ciertos productos agrícolas a través de impuestos. Así se genera un ingreso fiscal que mejora las cuentas públicas. Pero estimamos que no alcanza y el propio Fondo Monetario impone, en ese sentido, una suba de tarifas, planchar los salarios públicos y revisar la política social, es decir, ajustar por el lado de los planes sociales. Todas políticas difíciles antes de una elección.

En segundo término, también habla de mantener el dólar oficial, aumentándolo de acuerdo a la inflación. Es esperable que, con esto, sumado a la devaluación fiscal y el aumento de las tarifas, genere una aceleración de la inflación, lo que tampoco es una buena noticia para el oficialismo.

En tercer lugar, en materia de reservas, si bien el acuerdo relaja el objetivo final de reservas para el año, planteando sólo una acumulación de 1000 millones de dólares neta, implica, desde el pozo de reservas en el que estamos actualmente, la necesidad de acumular casi 6000 millones de dólares, algo que es de muy difícil concreción, que implica una política de fuerte devaluación o de fuerte restricción de la actividad y las importaciones. Esta meta se debería cumplir a fin de año.

Creo que lo más destacado del acuerdo es que el FMI toma una posición política clara, que es frenar todos los desembolsos hasta después de las PASO. Esto compromete el nivel ajustado de reservas que tiene el oficialismo, que debe enfrentar pagos por 2600 millones a fin de julio y tiene un vencimiento de 800 millones de dólares con el propio FMI, por intereses, en agosto.

Se ingresaría así a una situación muy delicada de reservas, donde no está claro de donde saldrían los fondos, con las dudas sobre si se va a usar el swap con China o si se pide un financiamiento internacional. Esto complica aún más una situación externa muy vulnerable en el gobierno, en la previa de las elecciones.

Además, es un claro posicionamiento político: el FMI quiere ver el resultado de las PASO para saber cómo negocia con el oficialismo.

Otra novedad de este acuerdo es que el FMI impone, no ya un monitoreo trimestral, sino uno permanente, diario. El organismo y la Argentina irán avanzando en el cumplimiento de los objetivos para que los desembolsos del Fondo sean efectivos. Eso, básicamente, significa ponerle el collar al gobierno, como salir a pasear el perro, y tenerlo atado diariamente en su política fiscal, cambiaria, de tarifas, de salarios, de acá a las elecciones con un claro condicionamiento al oficialismo en sus chances.

En resumidas cuentas, al acuerdo lo vemos contractivo, con una tendencia redistributiva desigual e inflacionario.

En ese sentido, creemos que, para el oficialismo, pese a que lo presentó con una visión optimista, el acuerdo alcanzado no es una muy buena noticia. El FMI juega en política, juega en la Argentina y claramente no lo hace favorable al oficialismo, como sí lo hizo en su momento en el gobierno de Mauricio Macri. «