El Fondo Monetario Internacional alertó sobre los riesgos que el descontento social puede crear para la recuperación de las economías latinoamericanas y recomendó a los gobiernos de la región un mayor “gasto en programas sociales, salud, educación y obras públicas” para atemperar esos peligros.

La advertencia fue formulada en un documento titulado “América Latina enfrenta riesgos inusitadamente altos”, publicado este martes en el blog de la entidad. Allí se incluye el “descontento social” como uno de los factores que puede perjudicar el crecimiento, al mismo nivel que la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, las condiciones financieras internacionales más restrictivas y la desaceleración económica de los principales socios comerciales.

“El impacto se siente en América Latina a través del aumento de la inflación, que está afectando los ingresos reales, en especial de los más vulnerables”, cita el trabajo. “Los grupos más vulnerables en la región son los más golpeados por la subida de precios de los alimentos básicos y la energía, al tiempo que siguen luchando para recuperarse del impacto económico de la pandemia”, agrega.

El paper reconoce que muchos países de la región adoptaron medidas para tratar de paliar estas consecuencias. La mayoría de ellas se materializó a través de los impuestos, con un costo fiscal estimado en 0,3% del PBI. Pero parecen insuficientes.

La propuesta del artículo es que los gobiernos acepten que los precios internos se ajusten en función de los internacionales (esto es, convalidar una mayor inflación) y que los respectivos Estados se hagan cargo de ayudar a los sectores más vulnerables. El costo sería solventado por la mejora de los términos de intercambio, ya que muchos países de la región, por ejemplo Argentina, se verán beneficiados por la suba del precio de sus exportaciones.

“Será importante adoptar medidas que protejan a los más vulnerables, para lo cual será necesaria una estrategia que se centre en una consolidación inclusiva. El gasto en programas sociales, salud, educación e inversión pública debe protegerse, al tiempo que se implementan reformas tributarias (como el aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas) que apuntalen el crecimiento inclusivo y ayuden a los países a mantener la sostenibilidad fiscal”, dice el texto.

El paper es firmado por Ilan Goldfajn, el director del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo, acompañado por su adjunto Jorge Roldós y el economista principal de esa división, Santiago Acosta Ormaechea. El detalle es importante porque Goldfajn es uno de los responsables de los términos incluidos en el programa celebrado entre Argentina y el Fondo.

Este doble papel es paradójico: gran parte de las tensiones sociales que se viven en el país, y de las que el documento advierte, se deben precisamente al rechazo de las condiciones incluidas en ese programa. Por caso, los movimientos que acamparon cuatro días en la avenida Nueve de Julio pidieron mayor gasto en asistencia social, demanda que el gobierno reconoce como difícil de satisfacer porque interfiere en las metas fiscales prometidas al FMI; también las agrupaciones de izquierda marcharon en febrero y en marzo en contra del acuerdo y las consignas prometen estar otra vez en primer plano el próximo domingo, en las manifestaciones previstas por el Día del Trabajador.