El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución que obliga a los usuarios del servicio de gas a compensar las diferencias económicas por efecto de la devaluación en 24 cuotas. Más aún: Marijuan pidió una medida cautelar que, de inmediato, suspenda la aplicación de ese pretendido cobro a los clientes de las empresas. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de la magistrada María Servini de Cubría, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

“Vengo a efectuar formal denuncia contra Javier Alfredo Iguacel, en su carácter de responsable de la Secretaría de Gobierno de Energía, por considerarlo autor del delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos”, sostiene el escrito que, a título personal (pese a identificarse como fiscal) presentó Marijuan.

Podés leer también: Presentan un amparo contra el tarifazo extra de gas

La presentación indica que “a partir de la resolución dictada se estaría ‘compensando’ económicamente a las empresas prestatarias como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, en violación al efecto cancelatorio propio del pago de una deuda”.

Marijuan recordó que “una vez que se efectúa el pago de la factura equivalente a los consumos de esos períodos se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes”. Ante ese escenario, la decisión adoptada por la Secretaría de Energía resulta perjudicial para los usuarios: “la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.

La denuncia de Marijuan tiene características inusuales: muy pocas veces, ante una medida emanada de un organismo de gobierno, un fiscal –de oficio- promueve una acción penal. Menos todavía pide una cautelar para frenar la aplicación de esa decisión.

“Resulta necesario adoptar de manera urgente medida cautelar suficiente mediante la cual se suspenda la aplicación del artículo 1° de la resolución 20/2018. (…) Es necesario que de forma inmediata se suspenda la aplicación y efectos de la resolución dictada”.

Marijuan propuso ya las primeras medidas de prueba: pidió copia certificada de la resolución y que se convoque a prestar declaración testimonial a los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite.

La causa quedó registrada bajo el número 17080/2018.