Con pocas horas de diferencia, el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) tomó dos medidas para marcarles la cancha a las distribuidoras de energía del área metropolitana. Este miércoles instruyó a Edesur para que devuelva $ 10.375 (equivalente al consumo de 2.000 kwh) a cada usuario perjudicado por los cortes registrados entre el 27 de diciembre y el 4 de enero últimos. La empresa deberá elevar dentro de los próximos cinco días la nómina completa de los clientes a los que deberá indemnizar. El organismo, además, supervisará la manera en la que se implementa la bonificación a los damnificados.
La decisión se conoció apenas después de que se decidiera aplicar una multa de $ 20 millones a Edenor por los cortes ocurridos la semana pasada. El foco mayor de atención está puesto en el apagón provocado por un incendio en Villa Malaver, que derivó en la salida de servicio de dos subestaciones y la caída del suministro a 700 mil usuarios de la zona noreste de la Ciudad y de varios distritos del norte del conurbano.
Las resoluciones son significativas, no sólo por los montos en juego sino por las razones que se invocan. Sobre Edesur, la empresa controlada mayoritariamente por la italiana Enel (y en la que Nicky Caputo, el “hermano del alma” del expresidente Mauricio Macri, tiene una participación minoritaria), el ENRE consideró que “la deficiente gestión operativa del grupo controlante de la empresa es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la concesionaria de los parámetros básicos fijados para la atención a la persona usuaria de los servicios públicos en la Argentina”. Además la acusó de no estar preparada para atender emergencias: “La deficiente calidad de respuesta y atención brindada por la empresa Edesur, se debe a que destina un 50% menos de cuadrillas para la atención de reclamos en relación con la demanda promedio de la empresa y la cantidad de personas usuarias. En este sentido, el análisis realizado por los técnicos del Ente determino que, en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla cada 7.82MW de demanda y 4.704 personas usuarias”.
En el caso de Edenor, que pasó a ser controlada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, las imputaciones no son tan categóricas, pero la resolución 7/22 deja en claro que seguirá bajo la lupa. Para el ENRE, “se verificó que la concesionaria no informó los eventos ocurridos el 11, 14 y 15 de enero, y que perjudicaron a aproximadamente 2,3 millones de usuarios y usuarias”. En concreto, resolvió “formular cargos contra la distribuidora por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones” por el gigantesco apagón del martes 11 de este mes. Por eso le otorgó un plazo de 10 días hábiles para aportar documentación técnica y administrativa relativa a ese episodio.
Las medidas tomadas sugieren una fuerte preocupación de los organismos de control para mantener a raya a las distribuidoras, en momentos en que arrecian las críticas por el servicio que brindaron durante la reciente ola de calor, en la que hubo usuarios que llegaron a estar varios días consecutivos sin suministro o con una baja de tensión que les impedía utilizar sus equipos eléctricos.
Aunque el ENRE está a cargo de María Soledad Manín, en los hechos el hombre fuerte del área es Federico Basualdo, es interventor del ente y ahora subsecretario de Energía Eléctrica. Durante el apagón de Edenor, fue Basualdo quien se hizo presente en la sede de la Central Puerto y supervisó personalmente el operativo de reconexión al sistema eléctrico. El funcionario había confirmado hace algunas semanas que durante 2022 las tarifas a los clientes domiciliarios subirán alrededor de 20% y que se prepara una quita de subsidios para los sectores de mayor poder adquisitivo.
