El gobierno había dejado trascender deliberadamente la realización de una reunión tripartita el martes de esta semana. De la misma, según fuentes oficiales, participarían representantes del G6 por un lado y de la mesa chica de la CGT por el otro. El cónclave, que ya había sido pautado en la oficina del Jefe de Gabinete Guillermo Francos y que representaría la recomposición del diálogo social, sería conducido por el mismo Francos y tendría el propósito de retomar ese diálogo con agenda abierta pero con la prioridad puesta en la “verdadera reforma laboral” que anunció el presidente Javier Milei en la cadena nacional celebratoria del primer año de su gestión.

Por el gobierno, además, participarían el vicejefe de gabinete Lisandro Catalán y el asesor presidencial Santiago Caputo. El funcionario no solo cuenta con mucho poder dentro del circulo íntimo del presidente sino que, además, tiene buena llegada a los principales líderes sindicales que, en estricto off, lo consideran “alguien con quien se puede hablar, no es ningún boludo”.

Sin embargo, fue el mismo gobierno el encargado de desandar el camino y desactivar la cita. Es que el contexto, a pesar de la renuncia de Pablo Moyano al triunvirato y la escasa repercusión de la misma en su interior, no parece el más adecuado. Es que, dos de los tres cosecretarios generales de de la CGT conducen sindicatos que se encuentran en una paritaria conflictiva en este preciso momento y el ministro de economía Luis Caputo reclamó públicamente al Secretario de Trabajo Julio Cordero que no homologue paritarias mensuales por encima del 1%.

El Sindicato Camionero, liderado por Hugo Moyano, negocia a contrarreloj un acuerdo salarial en el que reclama un aumento salarial del 15% para el trimestre, un bono de fin de año de $650.000 y un aporte extraordinario de $20.000 por trabajador para la obra social. El Congreso del Sindicato Canionero mandató a su conducción la semana pasada a convocar a un paro nacional a partir del miércoles en caso de no alcanzar un acuerdo previo en la paritaria.

Sanidad, conducido por Héctor Daer, negocia el tramo salarial de enero y febrero y no está dispuesto a aceptar ese techo impuesto desde el Palacio de Hacienda.

El mismo Daer declaró públicamente que “hay una reprobación absoluta en pretender limitar las paritarias, producto de la no homologación. Es un absurdo. Es absolutamente repudiable y se siente como una provocación que un ministro de Economía que se jacta de que acomoda la macroeconomía, que los que tienen bono obtienen ganancias y se está fijando en el 0,5% de aumento de los trabajadores que ganan sueldos bajísimos”.

Así las cosas, la iniciativa quedó congelada hasta que se ordene el escenario en esos gremios. No es el contenido de la reforma laboral que propone el gobierno y que apunta contra la irrenunciabilidad, la utra actividad de los convenios y el banco de horas sino el salario de esos gremios puntuales lo que impide que la CGT avance en una negociación.

Del lado empresario, ya había sido convocados Daniel Funes de Rioja (UIA), Gustavo Weiss (CAMARCO), Javeri Boilzico (ADEBA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Natalio Grinman (CAC) y Nicolás Pino de la Sociedad Rural. En el empresariado crece la preocupación por la suba del “costo argentino” que incluye, desde la visión patronal, la carga impositiva y, ahora a partir de la apreciación cambiaria, el costo salarial que, medido en dólares, se incrementó en un 75% en apenas diez meses a pesar de haber retrocedido en su poder adquisitivo en pesos casi un 8%. Por eso, la intención del empresariado es compensarlo con avances sobre los convenios, flexibilización laboral y salarios por productividad.