El pago de la deuda al Club de París no afectará el objetivo de incrementar las reservas netas en divisas que se planteó el gobierno. Una cláusula incluida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permite descontar el dinero que se dedique a ese propósito del total planteado en el actual programa.
El pasivo con el Club es un saldo impago del convenio firmado en 2014 por el entonces ministro Axel Kicillof. El año pasado, con las últimas cuotas sin saldar y cuando el default parecía inminente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordó realizar dos pagos a cuenta por U$S 215 millones cada uno y crear un “puente de tiempo” para renegociar los U$S 2.000 millones restantes. Ese plazo vencía este martes y el decreto 286/22 publicado en el Boletín Oficial autorizó el diferimiento.
De todas maneras, fuentes del Palacio de Hacienda estimaron que la renegociación podría quedar concluida en el mes entrante. «El objetivo de Argentina es renegociar el acuerdo y encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar la renegociación con las autoridades antes del 30 de junio», detallaron a la agencia Télam.
Después de logradas la reestructuración de bonos en dólares con acreedores privados y la renegociación del acuerdo con el FMI, la normalización de la relación con el Club de París es el penúltimo paso para reordenar el frente externo. Luego sólo quedaría una cuestión por resolver: la situación de los acreedores que se mantuvieron al margen de los canjes de bonos ofrecidos en 2005 y 2010.
El año pasado, las conversaciones con el Club habían sido duras porque algunos de sus miembros exigían que Argentina abonara sus compromisos tal como lo venía haciendo con otros países que realizaban préstamos para obras de infraestructura (en concreto, China). Por eso se apeló a esos dos pagos, en julio de 2021 y febrero de este año, como muestra de buena fe. A diferencia de aquella ocasión, esta vez hay un acuerdo en vigencia con el FMI, requisito que el consorcio fija como indispensable para una renegociación de deuda.
La operación se contrapone con el objetivo del gobierno de acumular reservas para garantizar el pago de importaciones esenciales para el circuito productivo, cláusula que también está comprometida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “para favorecer la resiliencia en el frente externo y para estabilizar las expectativas”. En el convenio se plantea una meta de crecimiento de las reservas para 2022 de al menos U$S 5.800 millones.
Sin embargo, un apartado explica que “en cuanto a los pagos al Club de París, los objetivos de las reservas internacionales netas se ajustarán hacia arriba (o a la baja) en función del superávit (o déficit) de los pagos de interés y principal al Club de París, relacionados con el saldo de deuda restructurado en 2014”. En el memorándum que el gobierno elevó al Fondo, y que este aprobó, se incorporaron partidas de U$S 190 millones para abonar en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022; todas las salidas de divisas por encima de esos montos se descontarán del objetivo de acumulación de reservas comprometido.
Qué dice el decreto sobre el Club de París
El DNU publicado este martes en el Boletín Oficial dispone “el diferimiento de los pagos de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales suscriptos con los países nucleados en el Club de París” hasta la redefinición de los acuerdos vigentes, con tope el 30 de septiembre de 2024.
También autoriza “al Ministerio de Economía, atendiendo a la capacidad de pago de la República Argentina, a realizar pagos parciales de los servicios de deuda adeudados a los países acreedores nucleados en el Club de París”.
En los considerandos de la medida se recuerda que “el Poder Ejecutivo Nacional viene llevando a cabo negociaciones con los acreedores nucleados en el Club de París en condiciones de reaseguramiento de la sostenibilidad de la deuda pública argentina, compatibilidad con la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básicos” y sujeta el nuevo plazo de negociaciones “al desarrollo del Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional”.