El crítico panorama fiscal impactó en las arcas del Estado. Por eso el gobierno se prepara para un duro período de transición antes de entregar el poder el 10 de diciembre. Descartado el déficit cero que había sido prometido con bombos y platillos al Fondo Monetario Internacional, comenzaron los ejercicios de contabilidad creativa, habituales a esta altura del almanaque, para cerrar las cuentas.
Con esa premisa, el presidente Mauricio Macri y sus ministros suscribieron un decreto de necesidad y urgencia, el 740, para reasignar partidas y habilitar nuevas fuentes de financiamiento. Entre estas últimas se destaca la posibilidad de tomar hasta $ 400 mil millones del Banco Central, en concepto de adelantos de utilidades de la entidad. Se trata de un giro contra el manifiesto purista con que el macrismo había llegado en 2015, cuando sostenía que el Central debía fortalecer su autonomía y dejar de financiar a la administración pública. Tres años después, el mismo gobierno prometía al FMI, en su carta de intención, que «discontinuará la financiación directa o indirecta del Banco Central al Tesoro y reducirá la exposición crediticia del Banco Central al gobierno». Algunas convicciones, está visto, fueron sacrificadas en el altar de la necesidad.
Ese giro se explica por el vendaval que se desató a partir de agosto y que entre otros se llevó puesto a Nicolás Dujovne, el ministro que defendía a capa y espada el ajuste fiscal y la necesidad de cumplir con el FMI. Ahora el panorama es otro. El Fondo canceló de oficio los dos giros previstos en el acuerdo stand by (U$S 5400 millones en septiembre y U$S 1000 millones más en diciembre). Además, la suspensión del IVA a los alimentos básicos, la rebaja en Ganancias y el resto de las medidas de alivio a los consumidores dispuestas tras las PASO afectaron los ingresos fiscales. El viernes, el administrador de la AFIP, Leandro Cuccioli, admitió que la recaudación de impuestos creció un 42,8% interanual, unos once puntos por debajo de la inflación del período.
Ayuda extraordinaria
Al presentar los números de septiembre, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, destacó que el gobierno había logrado desde enero un superávit primario de $ 22 mil millones, equivalentes al 0,1% del PBI. Sin embargo, los analistas privados y centros de investigación concuerdan en que eso no alcanzará para cerrar el año sin déficit.
En su último informe de coyuntura, el ITE (Instituto de Trabajo y Economía) destaca que esos resultados fueron influidos por «ingresos extraordinarios que ponen un velo sobre la situación real». Por caso, la liquidación del Fondo Argentino de Hidrocarburos, parte de las acciones del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (que respalda el sistema previsional) y dos centrales térmicas. Sin ellos, el rojo hubiera sido de $ 72 mil millones. El trabajo estima que el saldo fiscal negativo a fin de año será de 0,8% del PBI y que en 2020 crecerá a 1,6% por la baja del Impuesto a las Ganancias para las empresas y el incremento del salario mínimo no imponible a partir del cual deben realizar contribuciones patronales.
Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el problema es estacional, ya que el mes que viene incluye el pago de aguinaldos a trabajadores públicos y jubilados y la ejecución de partidas presupuestarias demoradas. «Todo el déficit concentrado en diciembre verificaría una brecha fiscal primaria de alrededor de un punto del PBI (unos $ 200 mil millones). El próximo gobierno deberá definir de arranque cómo financia este desequilibrio», dice el texto.
Desde el IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) apuntan a la lógica del ajuste perpetuo. «Las estimaciones de recursos no se cumplen porque la recesión reduce la recaudación. Entonces toda búsqueda de reducción del déficit obliga a continuas reducciones del gasto primario», explican los economistas Mariana Rivolta y Claudio Lozano. Y puntualizan que el déficit financiero crece de manera exponencial: el 46% de los mayores gastos declarados para justificar el decreto 740 son intereses de la deuda. Por ese concepto se habrán ido a fin de año más de $ 905 mil millones. Semejante número ayuda a entender por qué, a pesar de los rígidos principios con que arrancó su mandato, el gobierno terminará pidiendo auxilio otra vez al Banco Central.
