Desde 2009 que Argentina no tiene defensor del Pueblo. Los fallos que frenaron los tarifazos en los servicios nacieron de Defensorías de ciudades y provincias, y si bien por el momento el aumento está en suspenso en todo el país, no existió una acción colectiva ante la Justicia con la firma de un ombudsman. Por lo pronto, a instancias de organizaciones de derechos civiles, se conformó la Comisión Bicameral en el Congreso para designar a una persona en ese sillón. Según pudo saber Tiempo, el nombre que suena es el del ex diputado peronista Humberto Roggero.
La potestad de nombrar al Defensor está en manos del Congreso. Es por eso que en 2014 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano presentaron el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hicieron la presentación judicial ante el Ministerio Público y, en junio de este año, lograron que el fiscal Rodrigo Cuesta declarara la ilegitimidad constitucional de la omisión del Congreso de la Nación en designar al Defensor del Pueblo de la Nación. Así, consiguieron que el Poder Legislativo inicie el procedimiento previsto para su nombramiento, como lo prevé la Constitución Nacional.
El Congreso tomó el guante y se conformó la Bicameral, con siete diputados y siete senadores, que tendrán la tarea de designar al nuevo ombudsman en medio del debate judicial sobre las tarifas. El nombre de Roggero salió del despacho del senador Miguel Ángel Pichetto, pero tiene que ser aprobado por el resto de sus pares.
Es que el defensor del Pueblo tiene la legitimación procesal para la tutela de los derechos de incidencia colectiva establecida en los artículos 43 y 86 de la Constitución. Asimismo, la Ley de Defensa del Consumidor le otorga legitimación activa para defender los intereses de los usuarios o consumidores afectados.
